La advertencia contenida en la investigación de la
revista Consumer Reports de la Organización no Gubernamental de Estados Unidos,
Unión de Consumidores, sobre niveles
peligrosos de arsénico no es nueva para Peñafiel. La primera vez que la marca
mexicana enfrentó una alerta de este tipo fue en 2009 cuando The Food and Drug
Administration (autoridad sanitaria de Estados Unidos) detectó 22 partes por
billón (ppb) y seis años después, reportó 10 por la misma proporción. Ahora, se
han encontrado 17 ppb.
Pese a esa
primera advertencia, de 2009 a 2012 –con
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como Presidente de la República–, fue la
etapa en la que el Gobierno mexicano compró más la bebida de agua mineral. En
ese periodo, se adquirió Peñafiel para abastecer a Diconsa, el sistema de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) [hoy Secretaría del Bienestar] que
ofrece productos de la canasta básica a los habitantes de las comunidades
rurales del país.
En otras
palabras, las adquisiciones que hizo el
Gobierno mexicano de la gaseosa Peñafiel en los años pasados fueron a parar a
los anaqueles de las tiendas de Diconsa en las regiones del campo mexicano, las
más pobres, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). El ordenamiento legal de este sistema con más de 27 mil
tiendas fijas y 300 móviles en el país es “contribuir a generar la seguridad
alimentaria de México” con garantía en “el abasto social de productos” para
consagrar el derecho constitucional a la alimentación de sus habitantes.
Entre 2009 y
2012, el Gobierno federal firmó 48
contratos para Diconsa por 4 millones 569 mil 246 pesos. Para reuniones de
trabajo en Nacional Financiera (Nafin) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) se hicieron 15 pedidos en ese mismo periodo por 982 mil 519 pesos. En
realidad, no se trata de un gasto exorbitante si se toma en cuenta la inversión
en alimentos perecederos que ese sexenio se efectuaron en la casona oficial de
Los Pinos, donde habitaba el entonces Primer Mandatario. Por ejemplo, con la
empresa Yepa-Yepa, en 2007, y sólo para consumo de los habitantes de la
residencia, se gastaron dos millones 900 mil pesos.
Lo anterior
surge de la revisión de los contratos firmados por el Gobierno mexicano con
Peñafiel Bebidas S.A de C.V. en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT)
de 2007 a 2019. SinEmbargo realizó esa búsqueda para conocer cuánto adquirió el
Gobierno de la bebida fabricada por Keurig Dr Pepper que, según Consumer
Reports, contiene niveles de arsénico peligrosos y quiénes fueron sus
consumidores.
Peñafiel Bebidas S.A. de C.V. no fue
de los proveedores más socorridos en la administración que fue de 2012 a 2018.
En cambio, Pepsico que tiene las marcas Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, 7 up,
E-pura, Lipton, Ocean Spray signó para Diconsa durante el sexenio peñanietista,
864 millones 214 mil 291 pesos (la cantidad incluyó otros productos de
abarrotes como galletas, cereales y avena).
El estudio
que Consumer Reports difundió el 18 de abril reveló el análisis de 130 marcas
de bebidas. Seis resultaron con niveles peligrosos del químico. Estas son
Starkey Starkey (propiedad de Whole Foods), Crystal Geyser Alpine Spring Water,
Volvic (propiedad de Danone), dos marcas regionales, Crystal Creamery y EartH₂O
y Peñafiel (propiedad de Keurig Dr. Pepper).
Peñafiel quedó bajo varias
fiscalizaciones en México. Sus plantas en Tlacomulco, Jalisco, Tehuacán, Puebla
y Xalostoc serán revisadas por la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris). A su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) informó que requirió información a la empresa con el fin de que los
consumidores supieran qué pasaba con el producto. También se comprometió a
hacer estudios de laboratorio para verificar que cada bebida Peñafiel se
distribuya de manera saludable para los consumidores.
Hasta ahora,
no hay registro de compras a Peñafiel Bebidas S.A. de C.V. en Compranet por
parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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