Guanajuato, preocupación nacional.

Salvador Camarena.

Apenas el 19 de marzo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que la situación de violencia en Guanajuato estaba “bajo control”. En contraste con esas palabras, desde el lunes pasado circula un video en el que se aprecia cómo dos jovencitas que atendían un negocio de hamburguesas en el centro del municipio de Salamanca fueron secuestradas por un par de sujetos armados y encapuchados que las subieron a un vehículo blanco.

El plagio ocurrió a las 23:15 horas del sábado y las jóvenes sólo fueron identificadas como Jéssica y Abigail. Treinta y seis horas después, en el mismo municipio, una joven de 16 años fue levantada por hombres encapuchados en la avenida Lázaro Cárdenas. Hasta el momento no hay información sobre el paradero de las tres mujeres y el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, sólo dijo que su dependencia investiga los casos.

Estos hechos violentos ocurren tres semanas después de la peor matanza que se recuerde en Salamanca –y en Guanajuato–, cuando sicarios asesinaron a 15 personas en un antro. Y también ocurren luego de un despliegue sin precedente de fuerzas federales encabezadas por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y fuerzas estatales en ese municipio y en el vecino municipio de Irapuato.

¿Guanajuato es hoy una muestra de la incapacidad de todos los niveles de gobierno para frenar la violencia? ¿Es esto lo que vamos a ver en los próximos meses, años? ¿Por qué a cuatro meses de la nueva administración la situación sólo empeora ahí?

Es conocido que en ese estado del Bajío –que registra una tasa de crecimiento económico anual de 4.8 por ciento en los últimos ocho años, más del doble del promedio de todo el país– se libra una guerra en contra de los cárteles de la ordeña de combustible y que estos, a su vez, están enfrascados en una lucha por el control de los ductos que conectan a la refinería de Salamanca.

Esto ha llevado a que Guanajuato se ubique entre los estados con la cifra más alta de homicidios dolosos en el país. Según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad registró 479 homicidios dolosos entre enero y febrero, un alza de 46 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018. Sólo tres municipios (Irapuato, León y Salamanca) concentran el 43 por ciento de los homicidios.

El 17 de marzo arribaron al estado mil 600 soldados que fueron desplegados en las cuatro regiones identificadas como focos rojos, lo que se esperaba supondría una disminución de la violencia, pero no ha sido así. ¿Le seguimos?

El 27 de marzo, cuatro funcionarios del gobierno municipal de Salvatierra fueron asesinados por un comando armado (https://bit.ly/2FQGDnW). Unos días antes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública colocó a Irapuato como la sexta ciudad más violenta del mundo, al lado de Tijuana, Acapulco, Caracas, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Fortaleza y Ciudad Bolívar (https://bit.ly/2Uv8kfA). Y Guanajuato capital ya rebasó sólo en este trimestre la cifra de homicidios que tuvo, en el mismo periodo, en los últimos cuatro años juntos. (https://bit.ly/2WDbxHk).

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el presidente Andrés Manuel López Obrador procuran la seguridad en el estado de manera coordinada. Pero esa 'coordinación' no ha hecho que esas tierras del Bajío salgan –al menos en el corto plazo– del agujero negro en que se encuentran.

Ayer, López Obrador decía, sin triunfalismo, que en la mitad de los estados del país no había habido homicidios dolosos el lunes. Magro consuelo, pues sólo con Guanajuato bastaría para que todo el país estuviera preocupado, muy preocupado.