Por Gloria
Leticia Díaz.
Mujeres agraviadas por los actos de
represión en San Salvador Atenco hace casi 13 años se reunieron este jueves con
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y
Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), para la instalación de la
mesa de trabajo para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a este caso, emitida en diciembre del
año pasado.
Lo anterior
fue dado a conocer en un comunicado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh) y del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL),
organizaciones que representan a las once mujeres que decidieron litigar en el
Sistema Interamericano la tortura sexual de que fueron víctimas durante los
operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco y
Texcoco, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de
México.
@CentroProdh
#Comunicado
⚠️#MujeresdeAtenco: Se instala mesa de cumplimiento de medidas
ordenadas por la Corte Interamericana (@CorteIDH)- Se comenzará por atender los
puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y
atención de salud
De acuerdo con las organizaciones, en
el encuentro, el subsecretario Encinas Rodríguez, en nombre del Estado
mexicano, se comprometió a cumplir “cabalmente la sentencia y a no revictimizar
a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual”.
La sentencia del tribunal regional
encontró responsabilidad del Estado mexicano por los abusos cometidos contra
las once mujeres que mantuvieron viva su denuncia durante más de una década, y
que “sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica
y sexual; y falta de acceso a la justicia”, durante los actos represivos de
mayo de 2006.
Bárbara
Italia Méndez, una de las once mujeres víctimas de tortura sexual que llevaron
el caso a la Corte IDH, destacó que
durante la reunión las mujeres y sus representantes pidieron que la Fiscalía
General de la República (FGR) ejerza su facultad de atracción y lleve la
investigación del caso, que se encuentra en el ámbito local.
En
entrevista con la reportera, Méndez Moreno explicó
que la solicitud se fundamenta en que “no tenemos ninguna certeza de que la
investigación se haya llevado de manera adecuada, y además los niveles de los
policías no son representativos, más allá de que la propia Corte IDH enumeró
las diversas irregularidades”.
Al señalar que el tema de justicia,
para las mujeres, es el más
“sustantivo”, Méndez Moreno reconoció que ella y sus compañeras tienen
sus reservas, “hasta no ver no creer”.
Destacó que la explicación que les
dieron los representantes de la FGR de no abordar aún la atracción se debe a
que continúa la transición de Procuraduría General a Fiscalía, por lo que,
“cuando concluya, las investigaciones serán atraídas y ellos estarán en la
posibilidad de plantearnos una ruta más clara”.
Si bien
Méndez Moreno reconoció el compromiso
político, destacó que el evento sólo “fue un acto de inicio de los trabajos
formalmente, pero quedan un montón de mesas de trabajo que instalar por parte
de los responsables del cumplimiento de los puntos resolutivos”.
Apuntó que en diciembre de este año,
el Estado mexicano está obligado a dar un informe a la Corte IDH sobre los
avances en el cumplimiento de la sentencia, por lo que “a ellos les está
corriendo el tiempo, necesitan meterle velocidad, que se pongan a trabajar
y que tomen las medidas necesarias para
cumplir, porque no estamos dispuestas a volver a pasar por procesos de
victimización, revictimización o ser víctimas de violencia estructural o
institucional”.
Convocados por el funcionario del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre los primeros acuerdos alcanzados
con las mujeres de Atenco y sus representantes, será “atender los puntos
relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención a
la salud”.
En materia de esclarecimiento penal,
la sentencia de la Corte IDH ordenó al Estado mexicano a “realizar una
investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya
todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal”, además de que
la obligación de “implementar medidas para revertir las condiciones que
permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca”.
Las
organizaciones que defienden a las mujeres destacaron
que la sentencia de la Corte IDH “contiene puntos clave que deben guiar la
agenda estructural sobre derechos humanos, como los controles externos sobre la
actuación de los cuerpos policiales y el fortalecimiento del Mecanismo de la
Segob para atender casos de tortura sexual”.
Recordaron que las sentencias del
tribunal regional son vinculantes para México, “por lo que el Estado está
obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana”.
Al reconocer que con la instalación
de la mesa de trabajo se da un primer paso para el cumplimiento de la sentencia,
CEJIL y el Centro Prodh consideraron que, de acatar el contenido del
ordenamiento, “el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en
el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan
tales violaciones a derechos humanos en otros contextos”.
En la
reunión encabezada por Encinas estuvieron representantes de la Fiscalía General
de la República, de la Fiscalía del Estado de México, de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Salud y la
Policía Federal.
En
representación de las once mujeres, estuvieron presentes Bárbara Italia Méndez
Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Cuevas Jaramillo, María
Cristina Sánchez Hernández y Claudia Hernández Martínez.
Las mujeres
estuvieron acompañadas por el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre
Espinosa, y la coordinadora del área internacional de la organización,
Stephanie Brewer, y vía remota con el oficial de Incidencia de CEJIL, Eduardo
Guerrero.
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