Con
información de Ríodoce.
Un juez negó proporcionar un amparo
al excoordinador administrativo de la Secretaría del Desarrollo Social de
Sinaloa, Carlos Castro Olivas, acusado de comprar colchones podridos para
damnificados.
De acuerdo
con información publicada por el semanario Ríodoce, el exfuncionario fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y
negociaciones ilícitas desde el pasado 23 de octubre de 2018.
Se le acusó de haber comprado
colchones viejos y podridos que fueron entregados a los damnificados por la
depresión tropical 19-E, que afectó a los estados de Sinaloa, Sonora y Baja
California Sur.
Tras su
vinculación a proceso, Castro Olivas
tramitó un amparo alegando que el Juez de Control no analizó los argumentos de
la defensa ni justificó su decisión, así como que los datos de prueba de la
Fiscalía no acreditan el delito.
El Juez de Distrito consideró que los
alegatos son infundados y negó el amparo.
“Tal como lo consideró el Juez de
Control responsable, los datos de la investigación emprendida por el Ministerio
Público se reputan idóneos, pertinentes, y en su conjunto suficientes, hasta
este momento procesal, para establecer que en el caso se cometió el hecho
delictivo proceso”,
estableció el Juez de Distrito, de acuerdo con Ríodoce.
De acuerdo
con la parte acusadora, Castro Olivas
eligió a los proveedores de los colchones, la empresa El Mariachi y a Francisco
Benjamín Landgrave Buelna, a quienes pagó 2 millones 970 mil pesos pese a no
dedicarse a la venta de colchones.
El entonces funcionario argumentó que
los pagos se hacían con autorización del entonces titular de la Sedesol, Raúl
Carrillo Castaños, y que los proveedores eran elegidos por la subsecretaria de
Planeación Económica de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.
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