Por Juan
Omar Fierro.
En la
audiencia celebrada el pasado martes para juzgar a Gutiérrez Gutiérrez por el
delito de peculado agravado, la Fiscalía
de Chihuahua presentó como su primer testigo al Director Jurídico y de
Responsabilidades de la Secretaria de la Función Pública estatal, Gregorio
Daniel Morales Luévano, funcionario encargado de presentar la denuncia penal
derivado de las anomalías que detectó en dos contratos “simplificados”.
El
funcionario chihuahuense advirtió que no
existen documentos, fotografías u otro tipo de evidencia para acreditar que las
empresas ligadas a Gutiérrez y a su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez, cumplieron
con los servicios que cobraron, por lo que se trata de pagos injustificados.
La falta de entregables, como se
conoce a los comprobantes que las empresas contratistas deben entregar a los
gobiernos cuando han prestado un servicio o han realizado cualquier tipo de
obra pública, es uno de los pilares del juicio por peculado agravado que se
instruye contra el ex integrante de la dirigencia tricolor, Alejandro
Gutiérrez.
Al
empresario originario de Coahuila se le
imputa un presunto desvío de un millón 740 mil pesos de recursos públicos,
dinero que se habría usado para financiar campañas electorales del PRI,
simulando servicios y obra pública por parte de las empresas Jets Combustibles,
de la que Gutiérrez es accionista, y Promotora de Señalamiento Integral,
vinculada a su hijo.
En la
audiencia celebrada el pasado martes, el Director Jurídico y Responsabilidades
de la Secretaría estatal de la Función Pública (SFP), Gregorio Daniel Morales
Luevano, expuso el contenido de la denuncia penal.
“Que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez,
junto a diversos servidores públicos y personas externas, repartiéndose roles y
actividades, entre el 20 y 23 de diciembre del 2015, en éste municipio de
Chihuahua, concertaron y efectuaron la distracción del dinero del erario, el
cual estaba destinado a fines públicos”, señala el escrito de acusación.
Las
anomalías que la defensa de Alejandro Gutiérrez no respondió.
Debido a que el funcionario de
Chihuahua consideró una irregularidad que el procedimiento de contratación,
adjudicación y pago de las obras y servicios a las empresas de este caso se
realizó en un plazo de tan solo tres días, cuando normalmente implica varias
semanas de trabajo, la defensa de Gutiérrez cuestionó que la Función Pública
haya validado y presentado la denuncia penal también en un solo día.
Sin embargo,
en la audiencia también se presentaron otros
dos argumentos que los abogados defensores del ex integrante de la dirigencia
nacional del PRI no objetaron, entre ellos, que se violó la Ley de
Adquisiciones Públicas mediante le asignación de “contratos simplificados” que
no existen en la normativa y, principalmente, la falta de entregables o
comprobantes para el pago del contrato.
El Director
Jurídico de la Función Pública de Chihuahua advirtió durante su comparecencia que “la parte más importante” de lo
que calificó como “irregularidades” fue la falta de evidencia de los servicios
prestados por parte de Jets Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral.
Ante la carencia de comprobantes para
acreditar que ambas empresas cumplieron con las obras y servicios prestados,
“es que se decidió interponer la denuncia, aunado a que había violaciones a la
Ley de Adquisiciones para hacer las contrataciones, puesto que no existe la
figura del contrato simplificado en esa norma”.
El
funcionario agregó que en el caso de
Promotora de Señalamiento Integral recibió un pago de 904 mil 579 pesos para
que realizara mantenimiento general de un edificio del gobierno de Chihuahua,
así como para la impermeabilización y mantenimiento del aire acondicionado
dentro del mismo.
Pero el gobierno de Chihuahua no
encontró fotografías, facturas de los gastos ni ningún otro comprobante de que
esos servicios se hayan realizado, por lo que no procedía el pago
correspondiente.
Por lo que se refiere a Jets
Combustibles, la Función Pública y la Fiscalía de Chihuahua no hallaron evidencia
ni comprobantes de que un grupo de servidores públicos haya volado en los días
señalados en el contrato y tampoco se encontraron oficios para acreditar la
comisión de los funcionarios que supuestamente viajaron en avión.
Sobre los servicios no prestados por
la empresa de aviación, el propio Alejandro Gutiérrez reconoció en entrevista
posterior a la audiencia que estos no se prestaron, pero advirtió que en lugar
de una denuncia penal, lo que procede es que el Gobierno de Chihuahua haga uso
de las horas de vuelo pendientes, pese a que haya vencido el contrato.
Estos argumentos forman parte de las
imputaciones contra Alejandro Gutiérrez y partir de este jueves que se reanuda
el juicio penal que se le instruye por el delito de peculado agravado, podrían
ser cuestionados y desacreditados por sus abogados defensores que al menos en
la primera audiencia, no los combatieron.
Otro punto álgido que se prevé
durante el juicio son los testimonios que rindieron tres testigos de identidad
reservada. Ex funcionarios del gobierno de Chihuahua, dos de ellos fueron
sentenciados reconocieron su responsabilidad en los hechos de presunta corrupción
que se investigan y fueron sentenciados mediante un procedimiento abreviado.
La defensa
ha adelantado que objetara la credibilidad de dichos testimonios,
cuestionamientos que podrían darse este mismo día.
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