Comentario Directo.

Por Arturo Ángel.

Jueces federales abrieron procesos penales en contra de cuatro altos exfuncionarios de la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunto involucramiento en el desvío de más de mil millones de pesos provenientes de fondos federales en Veracruz, durante los años 2012 y 2014.

Esto luego de que la Fiscalía General de la República – antes PGR – logró reunir, a partir de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), datos de prueba que evidencian la posible responsabilidad de los exfuncionarios en la comisión del delito de peculado, el cual puede alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión.

Entre los imputados se encuentran dos extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno duartista, Tomas Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, este último además exdiputado federal por el PRI. Los otros dos implicados son los exsubsecretarios de finanzas (y también políticos priistas) Gabriel Deantes Ramos y Carlos Hernández Martínez.

Autoridades federales con pleno conocimiento del caso indicaron que la vinculación a proceso dictada por los jueces a cada uno de los funcionarios en las últimas semanas es apenas el arranque de una serie de procesos que la FGR busca abrir luego de las más de 80 denuncias interpuestas por la ASF derivadas del desvío multimillonario de recursos federales en Veracruz.

De hecho, para mayo próximo ya está programada una nueva audiencia en la que la Fiscalía solicitará la apertura de procesos en contra de dos exfuncionarios más del gobierno de Javier Duarte, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte cumpliendo una condena por lavado de dinero.

Animal Político publicó el 26 de marzo que a la fecha la ASF tiene detectados 62 mil millones de pesos provenientes de 14 fondos federales que están desaparecidos en Veracruz, ya sea porque fueron sacados de las cuentas autorizadas o porque su ejercicio no se ha acreditado debidamente.

En el caso de los cuatro funcionarios mencionados al inicio, los procesos que enfrentan se encuentran en la fase de “investigación complementaria”, que es un periodo que puede durar hasta seis meses, en el que el juez da a ambas partes tiempo para reunir los elementos y pruebas que se pretende llevar a juicio.

En este periodo existe la posibilidad de que los procesados busquen a través de demandas de amparo frenar el juicio oral o, en su defecto, una salida alterna declarándose culpables a cambio de un proceso exprés con penas reducidas.

Los casos en contra de los cuatro exfuncionarios mencionados surgen a partir de dos carpetas de investigación iniciadas por denuncias de la ASF.

El primer caso es el de la carpeta de investigación FED/SEIDF/INAI-VER-0001740/2016 iniciada tras la denuncia presentada el 12 de septiembre de 2016. En este caso las investigaciones concluyeron que al menos 261 millones de pesos del llamado Fondo Regional (FONREGION) fueron desviados o mal manejados en 2012 en Veracruz.

El FONREGION es un fondo federal que se entrega a algunos estados con el objetivo de financiar programas y acciones que faciliten el acceso de servicios básicos de salud y educación en zonas vulnerables.

Dado que se trató de dinero transferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de la entidad, la investigación identificó como uno de los principales responsables de su mal manejo al entonces titular de dicha dependencia, Tomas Ruiz González.

El pasado 12 de marzo se llevó a cabo la audiencia en los juzgados federales de Xalapa donde el juez consideró que había evidencia inicial suficiente para abrir juicio a Ruiz por el delito de peculado.

Por este mismo caso en específico la Fiscalía también encontró evidencia para proceder en contra de dos exfuncionarios veracruzanos más (presumiblemente también de Sefiplan) quienes enfrentarán su audiencia inicial el próximo 15 de mayo.

La segunda carpeta de investigación que ya derivó en un juicio abierto en contra de varios exfuncionarios es la número FED/SEIDF/INAI-VER-0000782/2017. La denuncia se presentó el pasado 23 de diciembre de 2016.

En este caso, la Auditoría denunció el posible desvío de 891 millones de pesos del llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en la cuenta pública del año 2014. Se trata de un fondo contemplado para servicios relacionados con la educación básica.

Por este caso la FGR ha solicitado y obtenido autos de vinculación a proceso en contra de Fernando Charleston el pasado 22 de enero, Carlos Hernández el pasado 5 de marzo, y Gabriel Deantes el pasado 11 de marzo. Todos ellos ante jueces federales.

Cabe señalar que en todos estos casos los exfuncionarios acusados enfrentan los procesos en libertad pues no se consideró necesario someterlos a prisión preventiva. No obstante están obligados a acudir a las audiencias y no pueden abandonar el país.

De acuerdo con el artículo 223 del Código Penal Federal, los servidores públicos que hayan cometido el delito de peculado podrían alcanzar una pena que va desde los dos hasta los catorce años de prisión, dependiendo de la gravedad de cada caso y del monto del dinero desviado de su uso legal.

Lo anterior sin olvidar que en caso de que alguno de ellos decidiera declararse culpable y optar por un proceso abreviado podría existir una reducción de dicha condena.

Las autoridades consultadas indicaron, sin precisar los casos, que varios de los acusados han interpuesto apelaciones o demandas de amparo en contra de los procesos penales iniciados en su contra.

Consultado por Animal Político sobre la acusación presentada en su contra, el exsecretario de Finanzas de Veracruz Tomas Ruiz rechazó participación alguna en hechos ilícitos y dijo estar confiado en que la fase de investigación que ordenó el juez probará su inocencia.

Aunque en el gobierno de Javier Duarte hubo siete secretarios de finanzas distintos, Tomas Ruiz fue el primero y el de mayor duración. Estuvo en el cargo hasta marzo de 2013, es decir, cerca de la mitad del sexenio duartista.

En un posicionamiento proporcionado por escrito a este medio, Ruiz dijo que no puede abundar en detalles en torno al proceso, pero insistió en que la fase de investigación ordenada por el juez concluirá en su inocencia.

“Este tema se encuentra en investigación bajo el control de un juez. Estoy confiado en que el resultado de esta investigación no será otro que confirmar que no tuve ninguna participación en el ilícito que se presume. De hecho, en la denuncia de la ASF no fui incluido como presunto responsable” dijo.

Lo señalado por Ruiz respecto a la denuncia de la ASF es cierto, toda vez que de acuerdo con funcionarios de dicha institución las denuncias que se presentan son de hechos, es decir, se denuncia el fraude para que se indague e identifique a los responsables.

En ese contexto fue la Fiscalía General la que como resultado de la investigación inicial determinó que Tomas Ruiz es, entre otros, el responsable del posible desvío de recursos federales. El juez consideró que los indicios iniciales eran suficientes para iniciar el proceso contra el funcionario y ordenó la indagatoria complementaria para reunir las evidencias.

Múltiples casos pendientes.

El gobierno de Javier Duarte en Veracruz es, hasta ahora, el que tiene mayores señalamientos por desvío de recursos federales. De acuerdo con datos de la ASF, hay más de 62 mil millones de pesos desaparecidos en dicha entidad federativa.

Hasta ahora la ASF ha presentado 81 denuncias penales ante la FGR para que se indague a probables responsables de estos desvíos. De estos casos la Subprocuraduria de Delitos Federales de la FGR ha iniciado 31 carpetas de investigación distintas. Se ha conseguido judicializar al menos cuatro de dichas carpetas que involucran a los funcionarios ya mencionados.

Las denuncias de varios de estos casos datan incluso de hace varios años pero estuvieron estancadas. Fue apenas en el segundo semestre de 2018, cuando la entonces PGR y la ASF conjuntaron un equipo especial de investigación, que se consiguió destrabar varias de las investigaciones.

Sumado a lo anterior la Fiscalía de Veracruz ha impulsado por su cuenta investigaciones por malos manejos de recursos locales y posibles hechos de corrupción. Los gobiernos estatales posteriores al de Duarte también han presentado diversas denuncias.

Por ejemplo, apenas el pasado 25 de marzo el Instituto de Pensiones de la entidad presentó ante la Fiscalía local múltiples denuncias por malos manejos superiores a los 14 mil millones de pesos de la reserva técnica de dicho instituto en los últimos años. Los exsecretarios de Finanzas Tomas Ruiz y Fernando Charlestón, fueron señalados entre los probables responsables.