Guerrero ocupa el quinto lugar de
migración al extranjero y el primero nacional de migrantes internos, según un
informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Rejja). El
45.7 por ciento de los trabajadores indígenas de más de 15 años no tiene ningún
ingreso y el 24.1 percibe menos de un salario mínimo mensual, lo que causa que
migren como jornaleros a estados como Sinaloa, Sonora, Baja California,
Morelos, Guanajuato y San Luis Potosí.
Las disputas entre cárteles por el
control de la siembra y comercialización de la amapola, además de la caída en
el precio de la goma de opio han profundizado las condiciones de marginación e
inseguridad, detonando desplazamientos de comunidades enteras, como en Chilapa
de Álvarez, según el documento.
La Red dio a conocer estos datos en
su informe Violaciones de Derechos de las y los Jornaleros de México, que se
basa en cifras oficiales y testimonios de jornaleros de estados expulsores como
Guerrero, y de estados receptores como Sonora entre 2016 y 2018.
El informe destaca que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son
los que presentan los más altos índices de migración interna, “en donde los
flujos migratorios se distinguen por estar compuestos en su mayoría por familias
campesinas e indígenas que siguen los diferentes ciclos agrícolas en el país”.
En el caso de Guerrero la Red informa
que ocupa el quinto lugar de migración al extranjero y el primero nacional de
migrantes internos, “de acuerdo con los datos del Consulado General Mexicano,
el 11.5 por ciento de los mexicanos en Estados Unidos son de Guerrero,
concentrados principalmente en la ciudad de Chicago”.
En cuanto a las condiciones del
trabajo asalariado de la población indígena estatal de 15 años en adelante
tiene registrados 53 mil 41 trabajadores que no tienen ningún ingreso, y
conforman el 45.7 por ciento. Además 27 mil 964 forman parte de la población indígena
que percibe menos de un salario mínimo mensual es decir, el 24.1 por ciento,
“lo que provoca altos niveles de migración a otros estados donde trabajan como
jornaleros agrícolas.
“Además de las carencias en
infraestructura la situación de pobreza obliga a los niños y niñas a trabajar
para contribuir a la economía familiar”, a este contexto se suma que el 50 por ciento de los pueblos nahuas, ñuu
savi y me’phaa, tres de los cuatro pueblos indígenas del estado son
analfabetos, y 29.5 por ciento son monolingües. Casi el 15 por ciento de la
población estatal es indígena.
Agrega que
en cinco municipios de La Montaña, una
región indígena del estado y que se caracteriza “por sus continuas condiciones
de marginación y la exclusión social”, hay porcentajes mayores de 70 por ciento
de pobreza extrema, Cochoapa el Grande con 87.7, Metlatónoc con el 76.7,
Atlamajalcingo del Monte con 71.5, Alcozauca de Guerrero con 69.6 y Acatepec
con el 68.9.
AGRICULTURA
Y CULTIVOS ILÍCITOS.
La organización describe en su
informe que la economía local “se apoya en la agricultura de autosubsistencia
basada en la milpa (la siembra de maíz, frijol y calabaza), el trabajo
asalariado y la siembra de cultivos ilícitos, entre ellos la mariguana y la
amapola.
“La articulación de la producción de autoconsumo
y los enervantes permitió a muchas familias mantenerse en la comunidad sin
necesidad de migrar, pero las disputas entre cárteles por el control de la
siembra y comercialización y la caída en el precio de la goma de opio han
profundizado las condiciones de marginación e inseguridad, detonando
desplazamientos de comunidades enteras, como en Chilapa de Álvarez”, señaló.
Las fuerzas armadas han tenido
presencia en la vida pública y en la seguridad desde los movimientos
guerrilleros del siglo 20 y actualmente se justifican por la llamada guerra
contra el narcotráfico iniciada en la administración del ex Presidente Felipe Calderón,
“aunque su función sea la contención social, como ha sido una constante
histórica en la entidad”, agregó.
Respecto de
los principales problemas que enfrentan los jornaleros en México, la Red menciona la falta de contratos
formales, las malas condiciones que viven durante los trayectos a los lugares
del trabajo, la violencia contra las mujeres, la falta de acceso a la salud y a
la educación para los niños.
Recomienda políticas públicas, un
padrón actualizado de los jornaleros, un salario digno, garantizar condiciones
de trabajo dignas, de vivienda, de salud, además de ofrecer educación a los
menores de edad migrantes, entre otras.
La REJJA se
conformó en 2014 por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, el Centro de Estudios en Cooperación
Internacional y Gestión Pública, junto a otras organizaciones y académicos de
diversas universidades con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
los jornaleros y sus familias.
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