Por Arturo Ángel.
Dos
procesos penales en curso por presuntos hechos de corrupción en contra del
exgobernador Javier Duarte; una orden de aprehensión y extradición en contra de
su esposa Karime Macías por pagos a empresas fantasma; varias investigaciones
por posible desaparición de personas a mano de la policía estatal, y la
indagatoria por el homicidio de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos,
Veracruz.
Se trata
de algunos de los casos de alto impacto investigados o promovidos por la
Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz bajo la gestión de Jorge
Winckler quien el
martes, de forma sorpresiva, fue separado del cargo por la comisión permanente del
Congreso de Veracruz, bajo el argumento de que no tiene acreditado el proceso
de control de confianza.
La
remoción del fiscal ocurre mientras la mayor parte de esos casos siguen
abiertos, y en momentos clave. Por ejemplo, en el caso de Duarte está programada
una audiencia para el próximo 9 de septiembre.
Por otra parte,
la gestión de Winckler también ha sido denunciada (principalmente por
personas en contra de las cuales ha procedido) por presuntas violaciones a
derechos humanos e incluso por casos presuntamente fabricados. Una de esas
acusaciones promovida por el propio Javier Duarte.
A continuación,
Animal Político presenta algunos de estos casos de alto impacto y también la
cifra de policías locales que, pese a que han reprobado el control de confianza,
no han sido destituidos en la entidad, a diferencia de lo ocurrido con el
fiscal.
Javier
Duarte, presunta corrupción y orden por desaparición forzada.
Bajo la
gestión de Winckler, la Fiscalía estatal logró que jueces de Veracruz y
Ciudad de México abrieran dos procesos penales en contra del exgobernador de la
entidad, Javier Duarte, por cinco delitos en total relacionados con hechos de
corrupción, entre ellos peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Dichos
casos están relacionados con el presunto desvío de 220 millones de pesos de
fondos federales que estaban destinados a obras hidráulicas, y el presunto uso
ilegal de un helicóptero oficial de la entidad en el que Duarte habría escapado
del estado, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra en
octubre de 2016.
Ambos
procesos están por llegar a un punto clave. El próximo 9 de septiembre fue
fijada la fecha para la audiencia intermedia en la que ambas partes, la
Fiscalía y al defensa de Duarte, deberán exponer ante el juez las pruebas con
las que pretenden ir a juicio.
Además, la
Fiscalía también obtuvo de una juez local una orden de aprehensión en contra de
Duarte por el delito de desaparición forzada. Dicha orden no se ha podido
cumplimentar hasta la fecha porque se requiere permiso de Guatemala (país del
que fue extraditado en 2017), para que se pueda proceder en su contra por un
nuevo delito.
Animal
Político publicó el pasado 24 de julio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores finalmente formalizó ante Guatemala la referida solicitud,
prácticamente un año después de girada la orden en contra de Duarte,
Karime
Macías y los pagos a empresas fantasma.
En mayo de
2018 la Fiscalía obtuvo de un juez penal una orden de aprehensión en contra
de Karime Macías por el presunto delito de fraude al erario público, luego de
que bajo su presidencia honoraria en el DIF de Veracruz (durante el mandado de
su esposo Javier Duarte) se firmaran contratos por más de 100 millones de
pesos, con empresas fantasma.
La orden
de arresto derivó en una solicitud de extradición que México formalizó ante el
Reino Unido (país en el que se encuentra Macías y su familia) en noviembre de
2018, y que hasta la fecha sigue en trámite.
Policía
estatal, las desapariciones forzadas.
En la
gestión de Winckler la Fiscalía inició más de un centenar de carpetas de
investigación por el presunto involucramiento de policías estatales en casos de
desaparición forzada.
Algunas
de dichas investigaciones ya derivaron en resultados, como lo fue la ejecución
de 19 órdenes de aprehensión en febrero de 2018 en contra de elementos de dicha
corporación policial, y posteriormente el proceso penal iniciado en contra del
exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez.
Las
indagatorias han continuado este año y apenas en agosto pasado se iniciaron
tres nuevas carpetas de investigación, por la presunta implicación de elementos
estatales en desapariciones, entre ellos la de dos jóvenes en Coatzacoalcos,
Veracruz.
Caso Caballo
Blanco, la matanza de 30 personas.
Entre las
investigaciones más recientes que ha iniciado la Fiscalía estatal se encuentra
la que integra en colaboración con la Fiscalía General de la Republica (FGR)
por el homicidio de 30 personas registrado en el centro nocturno El Caballo
Blanco, el pasado 27 de agosto en Coatzacoalcos, Veracruz.
Hasta
ahora no hay detenidos, pero la Fiscalía sostiene que se tiene ya un móvil
identificado y se tienen identificados a los probables responsables. Se ha
descartado que en el caso esté implicado un sujeto de nombre Javier “N”, al que
el actual gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, señaló oficialmente como
implicado en el caso.
Contra
Winckler: presuntos abusos e ineficacia.
Sobre la
gestión de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía General de Justicia de
Veracruz también pesan diversos señalamientos y denuncias, tanto por malos
resultados como por violaciones a derechos humanos.
Por ejemplo,
en mayo pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió
la recomendación 25/2019, en la que concluye que uno de los testigos utilizados
en la acusación por desaparición forzada en contra de Duarte habría sido
sometido a posibles actos de tortura psicológica, a cambio de que rindiera una
declaración incriminatoria. Por dicho caso también se presentó una denuncia en
la FGR.
Por su parte
el propio Javier Duarte presentó una denuncia penal, de la que Animal
Político tiene copia, en la que sostiene que hubo fabricación de documentos y
hasta falsificación de firmas en el caso iniciado en contra suya, por el
presunto desvío de 220 millones de pesos en la Comisión Estatal del Agua.
Por otro lado,
recientes informes y estudios de organizaciones no gubernamentales han
colocado a la Fiscalía de Veracruz entre las de peor desempeño. Por ejemplo, el
informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia
Penal” realizado por la organización México Evalúa, ubica a Veracruz como la
segunda entidad del país con el mayor índice de impunidad: un 99.8% de delitos
denunciados que no son resueltos.
Más de mil
agentes en activo reprobados en control de confianza.
El
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, el diputado José
Manuel Pozos Castro, dijo el martes que la separación de Winckler del cargo de
fiscal obedece a que no cuenta con la certificación de control de confianza que
establece la Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
para ingresar y permanecer en una institución de seguridad.
Pero de
acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), en una situación aún más grave se encuentra el
10 % de toda la fuerza activa policial de Veracruz, pues reprobaron el control
de confianza pero no han sido destituidos. Se trata de poco más de mil agentes,
entre policías estatales, municipales y ministeriales.
Y a ellos
habría que sumar el caso de otro 25 % de los elementos en activo, cuya vigencia
de los exámenes de control de confianza ya caducó y por tanto tampoco deberían
estar en activo.
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