Martí Batres.
El primer
informe del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, levantó
una fuerte expectativa. Aun cuando es el tercer informe que da, porque presentó
uno a los 100 días de su gobierno y otro más al cumplirse un año de su victoria
electoral (el 1 de julio), este es el primer informe constitucional.
El documento
leído por el Presidente en el Palacio Nacional enumera detalladamente muchos de
los cambios ocurridos a lo largo de los primeros nueve meses de gobierno. Entre
ellos destacan todos aquellos que tienen que ver con la eliminación de
privilegios de la clase política, la lucha abierta contra la corrupción y las
cuestiones relacionadas con el bienestar social. Estos tres grandes rubros
engloban los logros más sobresalientes de la actual administración.
En el
primer caso se encuentran: la transformación de la antigua residencia
presidencial de Los Pinos en un espacio cultural abierto a la gente dejando de
ser un símbolo de la opulencia del poder político, la baja de los salarios del
Presidente y los altos servidores públicos, la eliminación de los bonos y de
los seguros de gastos médicos con cargo al erario, la puesta en venta del avión
presidencial, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y la
reincorporación de sus elementos al Ejército Mexicano, la cancelación de las
pensiones millonarias de los expresidentes, entre algunas de las medidas más
simbólicas.
En el
segundo tema han destacado asuntos como la planta de fertilizantes compradas a
AHMSA, el affaire Juan Collado, la investigación de la Estafa Maestra y
señaladamente la ofensiva contra la red de corrupción y delincuencia montada
para robar combustible a Pemex, entre otros.
En el tercer
rubro destaca la nueva política salarial que inició con el mayor aumento al
salario mínimo en 36 años, el más grande incremento al salario general en tres
sexenios, la creación de programas sociales como la Pensión para Adultos
Mayores, las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el
Futuro, Benito Juárez, la apertura de nuevas universidades, la beca para
personas con discapacidad o el programa Sembrando Vida para trabajadores del
campo, por poner algunos ejemplos.
Estos
temas que mencionamos, especialmente el primero, relativo a la eliminación de
privilegios de la clase política, hubieran sido inimaginables en otras
administraciones y con otras fuerzas políticas en el gobierno. Los cambios han
ocurrido en tan solo unos meses. En los hechos, han constituido una especie de
redistribución de la riqueza, porque los gigantescos recursos que antes recibía
la clase política se han trasladado a los programas sociales.
También se
ha recuperado la supremacía de lo público y la centralidad del poder político
emergido del voto ciudadano frente a la antigua fuerza de los poderes fácticos.
Ahora bien, hay
pendientes importantes; rubros en los que se ha trabajado intensamente, pero
que aún no reportan grandes resultados. Especialmente tenemos que mencionar
aquí el problema de la seguridad pública, otro pendiente es el relacionado al
crecimiento económico.
Sin embargo,
en materia económica y social vale la pena hacer varias reflexiones de
fondo.
En primer
lugar, llama la atención la sólida estabilidad económica: el peso frente al
dólar, la tasa de inversión extranjera, la inflación, el índice de confianza
del consumidor, el comportamiento de la Bolsa de Valores; todo ello y más,
funciona con números negros que envidiarían los economistas ortodoxos más
críticos del populismo.
En segundo
lugar, es plausible que el Presidente haya cumplido promesas tan complejas
de lograr cómo no aumentar impuestos, no subir el precio del gas y la luz, no
aplicar gasolinazos y otros relacionados con cuidar la economía nacional, la
economía de las empresas, y sobre todo, la economía de las familias.
Y en
tercer lugar, e interesante la vitalidad que está mostrando la economía
popular, en la que se vive un repunte de las ventas minoristas y el aumento del
consumo popular fortalecido con las remesas, los salarios y los programas
sociales.
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