Javier Risco.
Lo publicado
por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) esta semana, nos
describe lo que ya sabíamos: la crisis humanitaria de este país parece una
montaña imposible de abarcar, 61 mil 637 desaparecidos y 873 fosas clandestinas
localizadas por todo México –una cifra que aún puede aumentar porque queda el
reporte de 12 fiscalías pendiente. El subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, tiene razón: durante varios
sexenios, el problema se invisibilizó y la herida se abrió lo más que pudo, los
desaparecidos se fueron de sus casas y también de los ojos del Estado.
Sin embargo,
el anuncio más doloroso en voz de la Dra. Karla Quintana, responsable de la
CNB, fue el de la proporción de jóvenes desaparecidos, ¿qué edad tienen a los
que buscan? “Son jóvenes, es un dato que es importante subrayar, son muchachos
entre los 15 y personas jóvenes hasta los 34 años, más del 53% de las personas
desaparecidas están en este rango de edad, y específicamente en hombres el
mayor número de personas desaparecidas está entre los 20 y 29 años, y de
mujeres, entre los 15 y 24 años. Es importante subrayar esto, se está
desapareciendo a la juventud”.
Mientras la
Secretaría de Gobernación comunica el horror y subraya la vulnerabilidad de los
jóvenes en este país, el Presidente en la mañanera de ayer dice: “Quienes
cometen delitos violentos, por lo general lo hacen drogados y son también en su
mayoría jóvenes, y se está constatando que cada vez están participando más
adolescentes”. La estigmatización y lo indolente del comentario exhibe otra vez
a un Presidente que banaliza la crisis de violencia en este país y el origen,
no sólo de los miles de ejecutados, sino también de la nula estrategia de este
gobierno para atender a esta población.
Tenemos la
fotografía, ahora la pregunta es: ¿qué está haciendo el gobierno para que los
jóvenes dejen de desaparecer en este país? ¿Qué hace la 4T para prevenir las
adicciones? ¿Cómo evitar que existan “jóvenes drogados”? ¿Qué política de
drogas impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se invertirá en
educación para realizar un programa de prevención en todas las escuelas de este
país? Hasta el momento las únicas dos respuestas visibles a estas preguntas
son, en el terreno, la Guardia Nacional desplegada por todo el país, y, en
políticas públicas, el programa Jóvenes Construyendo el futuro, el cual se
podrá evaluar su impacto y sus alcances hasta finales de este mes que salga la
primera generación de jóvenes beneficiados; sin embargo, las mediciones hechas
hasta el 31 de diciembre de 2019 indican que la violencia no para y que,
repito, los jóvenes son la población más afectada.
Lo sabíamos
desde 2014 en una herida que sigue abierta, la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. Hoy Vidulfo Rosales se reúne con el fiscal general,
Alejandro Gertz Manero, y mañana hablará con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, ¿qué avance hay del caso más emblemático y doloroso de desaparición
forzada de la última década? Jóvenes que, junto a decenas de miles, no
regresaron.
Hoy en día,
según la ONU, hay 1,800 millones de personas entre los 10 y 24 años de edad,
“son la generación de jóvenes más grande en la historia. Cerca del 90% de ellos
vive en regiones en desarrollo, donde son la población más numerosa,” tal como
es en el caso de México; son los agentes de cambio que pueden contribuir al
desarrollo económico de su comunidad y país, son los que, con buen rumbo,
pueden contribuir a la pacificación y seguridad de sus regiones, siempre y
cuando el Estado les brinde políticas públicas correspondientes, así como los
recursos educativos adecuados. Ellos son la transformación más efectiva y el
potencial que pueden lograr es que la justicia social llegue a México.
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