Por Janet
Cacelín, Alejandro Melgoza Y Sergio Rincón.
Un daño
ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto
de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del
presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote
de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y
convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso
al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un
delito ambiental.
La
responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la
reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década
después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió
casi 15,000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea
para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.
Para la
expansión de sus operaciones, la empresa intervino áreas de la selva maya y
comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas zonas. En las
Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que le fueron aprobadas, Enerall
contempla la ejecución de 11 medidas para mitigar daños medioambientales.
Actualmente
se desconoce cómo las implementaron y los resultados. Profepa no ha practicado
auditorías para verificar el cumplimiento de esas disposiciones y Conagua
tampoco ha realizado evaluaciones para analizar la calidad del agua en los
predios de la empresa. El cenote, de hecho, fue tapado a pesar de que en las
MIA Enerall había aceptado preservar esos cuerpos de agua y de que carecía de
permisos para intervenir el que fue destruido, según la averiguación de
Profepa, que cerró el expediente con la aplicación de una multa y con una
clausura temporal del rancho donde se encontraba el reservorio dañado.
Así lo
revela una investigación que se desarrolló en alianza con la plataforma
latinoamericana de periodismo CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en
la Red, Univision, Vice en Español y el apoyo del International Center for
Journalists (ICFJ). El trabajo implicó la formulación de más de 1,500
solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia, la obtención de
más de 1,000 documentos de la empresa y sus operaciones, así como el análisis
de más de 147 mil datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los datos
obtenidos muestran cómo la rápida expansión convirtió a Romo Garza, a través
de Enerall, en un cacique del agua en territorio maya. La compañía necesita
grandes cantidades del líquido para cumplir la visión de su fundador de
convertir en fértiles suelos improductivos por ser pedregosos. El objetivo es
acelerar el ciclo de la naturaleza dos siglos, como ha explicado el propio
Romo, ingeniero agrónomo de 69 años.
“Si
ustedes van de Cancún en carro a Mérida, no hay nada. Bueno, pero toda esta
zona está asentada en agua. ¿Qué hicimos? Lo van a ver. Usando tecnología de
punta, mexicana, de microorganismos, estamos convirtiendo suelos de
improductivos en productivos. Lo que la naturaleza hace en 200 años, lo estamos
haciendo en un año”,
dijo a un grupo de emprendedores en marzo de 2017 durante un foro de la revista
Forbes.
Este no ha
sido el único proyecto de tecnologías genética aplicadas en el que ha estado
involucrado el jefe de gabinete. Romo fue el inversor principal de Synthetic
Genomics, una firma dedicada a la biología sintética liderada por Craig Venter,
el científico que completó el mapa del genoma humano. Además, años atrás, fundó
Séminis, una compañía que fue adquirida por Monsanto, una de las principales
fabricantes de semillas transgénicas del mundo.
La
tecnología empleada para lograr los objetivos en Yucatán se basa, entre sus
componentes fundamentales, en el uso de un sistema que extrae agua del subsuelo
para regar las tierras 270 días al año a través de 60 pozos y 30 pivotes, cada
uno de los cuales se mantiene activo durante 7 horas diarias, de acuerdo con
una descripción remitida por la empresa a la Profepa y los expedientes de
Conagua.
La
información interna de Enerall contenida en el expediente de Profepa también
señala que puede producir 12,000 toneladas de graneles en un área de tan solo
1,800 hectáreas en el ciclo otoño-invierno. En una nota de prensa publicada en
noviembre de 2017 por Cargill, multinacional estadounidense con la que Enerall
tiene una alianza comercial, se señalaba que la producción de la empresa
fundada por Romo sería la principal fuente para alimentar una planta de
almacenamiento de granos inaugurada entonces con 50,000 toneladas de capacidad
y proyectada para llegar a los 130,000 en el futuro. El detalle de a cuánto
ascendía la productividad de Enerall, sin embargo, no se aclaraba en el comunicado.
El agua
del acuífero de la Península de Yucatán, del cual Enerall ha logrado servirse
como ningún otro particular, es clave para la zona. Aunque el acuífero cuenta
todavía con recursos masivos, en la última década ha visto desplomarse en casi
50 por ciento su disponibilidad media anual. El hecho ha coincidido, entre
otros factores, con el salto en el otorgamiento de permisos para explotar el
acuífero en los últimos 10 años, como evidencian los propios datos de Conagua.
El
retroceso en la disponibilidad de agua ha provocado malestar entre productores
mayas, quienes, a partir de 2016, según la Conagua, padecen registros
históricos de sequía extrema: coinciden en que sus pozos están secos o
descienden de nivel por culpa de quienes riegan sin parar.
Los
cenotes, semejantes a grandes pozos, se alimentan de agua a través de las
conexiones subterráneas que se extienden por la región. Representan la única
fuente de abastecimiento y eran considerados sagrados por los ancestros mayas.
Tizimín es la localidad que reúne la mayor cantidad de cenotes en el país, con
369 de 3,001, y fue allí donde Enerall fue acusada de dañar uno en el Rancho
Asideros.
Cuando se
dio la batalla legal con la Profepa por azolvar el cenote, en abril de 2018,
Romo Garza lideraba el Grupo Plenus del cual Enerall es subsidiaria y, en esas
mismas fechas, era coordinador de la campaña presidencial de López Obrador,
para entonces ya el favorito en las encuestas. También estuvo al frente del
equipo que redactó las bases económicas del Proyecto de Nación del actual
gobierno, y que contempla obras en el sureste mexicano, como la construcción
del Tren Maya, que tendrá una estación a sólo 50 kilómetros de Enerall, y de la
cual ya se lanzaron las bases de la primera licitación.
Romo
abandonó Grupo Plenus en noviembre de 2018, según su declaración patrimonial,
para convertirse en el Jefe de la Oficina de la Presidencia. El Registro
Público de la Propiedad de la Secretaría de Economía refiere que uno de los
socios activos de la empresa es Gustavo Romo Garza, hermano del jefe del
Gabinete. Sin embargo, al ser un sistema declarativo y no constitutivo, la
empresa pudo tener más movimientos, aunque aún no son reflejados.
Alfonso
Romo Garza tiene una larga trayectoria como hombre de negocios, pero también
supo relacionarse con el poder. Mantuvo relación estrecha con los expresidentes
Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. Sin embargo, con López Obrador se
lanzó como funcionario público. Su historial en Yucatán no representó motivo
alguno para que el actual presidente mexicano lo alejara de su entorno. López
Obrador en su plan de gobierno propuso crear conciencia sobre el uso racional
de las aguas y en discursos insistió en que será inflexible en castigar los
delitos ambientales: “El que daña el medio ambiente es castigado”.
El poder de
Romo Garza como mano derecha de López Obrador se afirmó el año pasado, luego de
ganar su primer round político contra el exsecretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, quien renunció al gabinete el 9 de julio de 2019.
Urzúa lo
acusó de tener un potencial conflicto de interés por intentar infiltrar las
secretarías económicas con funcionarios afines a sus intereses de negocios, lo
que Romo negó. Aquella mañana, mientras los mexicanos se enteraban de la
noticia, Romo estaba reunido con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,
hablando de nuevas inversiones en ese estado.
El pasado 29
de enero del 2020 también fue nombrado coordinador del gabinete de Fomento,
Inversiones y el Crecimiento Económico en el contexto del Acuerdo Comercial
T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.
Al cierre
de edición, ni el jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ni la
representante legal de Enerall, Katia Aguiar, respondieron a los cuestionarios
y las solicitudes de entrevista que se les proporcionaron con anticipación. La
secretaria particular del jefe de gabinete, Regina Sada, recibió las preguntas
sobre el caso y las solicitudes telefónicamente. A su vez, se tuvo contacto
directo con la abogada Aguiar, quien respondió a título personal vía correo
electrónico que infería de las preguntas presentadas “información no
actualizada e imprecisa”. En un principio señaló que el plazo inicial ofrecido
para contestar no era suficiente para cumplir los procesos internos para dar
una respuesta. Al finalizar la prórroga concedida, apenas afirmó que comenzaría
a realizar la gestión sin ofrecer precisión sobre fechas.
Preguntas formuladas
por escrito igualmente fueron remitidas al presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, pero no fueron contestadas pese a que se canalizaron
personalmente a través de su jefe de prensa, Jesús Ramírez. Del mismo modo, ni
el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ni el
secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, respondieron
las consultas presentadas.
Agua y
expansión.
Romo no
eligió el paraíso maya por casualidad sino por las características del área que
representaron para él un diamante en bruto. Caminar en Tizimín es como hacerlo
sobre un gigantesco queso gruyere. El suelo posee miles de conductos que
permiten que la lluvia penetre rápidamente en el subsuelo y que los acuíferos
subterráneos se recarguen. Ese rasgo es común en la región y ello hace que bajo
los suelos de la Península de Yucatán se resguarden dos terceras partes del
agua renovable del país, de acuerdo con el Atlas de Agua en México publicado en
2018 por Conagua.
El
volumen que Enerall puede explotar en un año podría ser envasado en 8,400
millones de botellas de dos litros, y también sería suficiente para llenar casi
17 veces el Estadio Azteca, el segundo más grande de América Latina. Son 16.81
millones de metros cúbicos cada 12 meses y 168 mil millones asegurados por una
década, según datos analizados del periodo 2012 al 2019 que fueron obtenidos
del sistema de REPDA de la Conagua y contrastados con las versiones públicas de
los expedientes de los títulos de Conagua obtenidos vía la Ley de
Transparencia.
Tal
cantidad coloca a Enerall no solo como la mayor explotadora de agua subterránea
para uso agrícola en Yucatán sino como la tercera en una lista de las 10
mayores beneficiarias de ese tipo de suministro en el país. A esa conclusión se
llegó tras identificar la decena de empresas que, según el REDPA, cuentan con
los permisos para utilizar la mayor cantidad de agua subterránea para fines
agrícolas y de realizar una búsqueda para hallar predios adicionales vinculados
a sus razones sociales.
A pesar
de la importancia de Enerall como concesionaria, Conagua nunca ha realizado
evaluación alguna sobre la calidad del agua en los pozos de la empresa. El
organismo ha realizado 755 análisis en Tizimín sin precisar el periodo, pero
ninguna a Enerall, empresa que ha sido visitada solo en tres ocasiones, pero
por razones exclusivamente administrativas.
Enerall
es beneficiaria de 23 títulos para la explotación de aguas que le fueron
otorgados entre 2012 y 2018. Al menos 14 de ellos se encuentran a su nombre y
los otros 9 le fueron cedidos por terceros a través de la compra de terrenos.
Toda esta agua se obtuvo de forma gratuita a través de la Ley de Aguas
Nacionales que no emite cobros cuando se destina a la agricultura.
Si la
acumulación de concesiones de agua le permitió dar a Enerall un salto
gigantesco, la compra de tierras no fue diferente. A lo largo de una década, a
través de las filiales Enerall S. A. P. I., Enerall Terra 1 y Enerall Terra 2,
adquirió 47 predios para instalar allí su megaproyecto. Compró alrededor de
15,000 hectáreas por más de 255 millones de pesos (alrededor de 13 millones de
dólares) en movimientos registrados entre 2011 y 2018, según lo asientan
escrituras obtenidas del Registro Público de la Propiedad de Yucatán.
Al menos
41 de estos predios se encuentran hipotecados como garantía de préstamos
solicitados para la compra de más tierras, maquinaria y mejoramiento de suelos.
Seis de estos fueron hipotecados con Agronegocios Laad, una organización que
otorga préstamos a empresas agroindustriales que venden sus productos en
mercados internacionales. Según los últimos documentos del Registro Público de
la Propiedad asentados en 2017, Alfonso Romo aparece como garante hipotecario
de este financiamiento en una operación de 37 millones de pesos (2 millones de
dólares), situación que no publicó en su declaración patrimonial y de intereses
ante la Secretaría de la Función Pública. Consultado al respecto, Laad señaló
que, por ser una entidad financiera regulada por la Ley de Protección de Datos
Personales, debían guardar la confidencialidad sobre Enerall.
Otros 26
predios fueron hipotecados por 444 millones de pesos (casi 24 millones de
dólares) con Cargill, que entre sus múltiples negocios compra cosechas en
América Latina para después venderlas en el extranjero. En el comunicado de
prensa en la que anunció la inauguración de la planta granelera en 2017, la
multinacional estadounidense afirmó que Enerall rehabilita con tecnología
propia tierras que han sido usadas para la ganadería y agricultura extensiva. En
el texto además citan un discurso de Romo en el que afirma que la planta tendrá
un efecto transformador para los productores locales.
Consultada
sobre las propiedades hipotecadas, Cargill no aportó información: “Nuestras
políticas no nos permiten profundizar en especificaciones que requieren
aprobación previa de nuestras contrapartes en los contratos”. Sin embargo, la
multinacional envió las respuestas a un cuestionario que le fue remitido en el
que aclaró otros aspectos de su vinculación con la empresa fundada por Romo. En
el texto se afirma que Cargill no tiene relación accionaria ni de inversiones
con Enerall, aunque sí le dio financiamiento para construir planta de
almacenamiento de granos, la cual es operada por la multinacional
estadounidense. Además, mantiene en el presente un acuerdo de comercialización
de los graneles producidos por Enerall.
Sobre el
caso del cenote destruido, Cargill precisó lo siguiente: “Confiamos en las
autoridades mexicanas que atienden la materia. Lo que sí queremos reiterar es
que en Cargill trabajamos con estricto apego a las leyes de los países donde
tenemos presencia (…) En Cargill trabajamos por proteger al planeta y sabemos
que las empresas jugamos un papel importante en el avance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que apuntan a abordar el cambio climático mediante la
gestión sostenible de los bosques, el combate a la desertificación y
degradación de la tierra, y a detener la pérdida de biodiversidad”. En esa
línea señalaron que están tomando medidas para “manejar nuestros recursos
hídricos de manera eficiente, conservando el agua, mejorando la calidad y
asegurando el acceso a agua limpia en las comunidades donde operamos”. Una de
las medidas clave que señalan es la de minimizar el uso de agua en la
agricultura, particularmente en áreas donde hay escasez del líquido.
Daños
ambientales.
Denominados
dzonoot en maya, cuyo significado es “hoyo con agua”, los cenotes son centrales
para la flora, la fauna y los pobladores de la Península de Yucatán. Por eso,
el cenote tapado es para los indígenas de Tizimín, la punta del iceberg de las
afectaciones ambientales provocadas por la expansión de la empresa.
Ningún
particular había rellenado un cenote en Yucatán desde el año 2000, según las
pesquisas de la Profepa, hasta que el 11 de abril del 2018 se abrió el
expediente administrativo PFPA/37.3/2C.27.5/00018-18 contra Enerall por esa
razón, según los documentos del caso obtenidos vía la Ley de Transparencia.
“Mediante el uso de maquinaria pesada, se le ha dispuesto piedras, tierra y
restos de vegetación con el fin de rellenarlo”, indica el acta con la que se
inició el proceso.
Los
restos de vegetación procedieron del arrasamiento de la “cortina arbolada” que
rodeaba el cenote, según se concluyó en la inspección. Luego de eso se indica
que fueron depositadas piedras. Una fotografía publicada por el Diario de
Yucatán, no integrada en el expediente, muestra un camión de carga
presuntamente Enerall lanzando los restos.
Tras el
hecho, el 19 de abril de 2018, la Profepa informó en un comunicado que
clausuraron de manera “total temporal” el Rancho Asideros. Acotaron que
infringió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA) y el artículo 420 Bis del Código Penal Federal.
Los
abogados de Enerall alegaron que la inspección era ilegal, que el área afectada
no era un cenote y que la clausura afectaría la economía tizimeña. El 23 de
abril la Profepa levantó la clausura al rancho con una extensión de más de
3,549.6 hectáreas. Sólo se impuso la clausura al cenote.
Para
comprobar los daños la Profepa solicitó en mayo de 2018 las opiniones técnicas
de la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiental de Yucatán
(Seduma) ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Departamento de
Ecología Tropical de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y de la Unidad
de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Contrario a
los dichos de los abogados de Enerall, la CICY y la UADY concluyeron que se
trataba de un cenote de paredes verticales de 12 metros de profundidad. De
igual modo, se encontró que hasta 2014 tenía características de estos cuerpos
de agua, según las tomas satelitales.
El
Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos de la otrora Seduma no sólo
dictaminó que hubo daños al cenote, sino deforestación de especies de árboles
como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el tsalam, así como
contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas. “El cenote recibe
escorrentías originadas por el riego, lo cual origina que también se depositen
sustancias químicas utilizadas en los cultivos”.
A eso se
suma la “evidencia de exterminio” de tortuga caja amarilla (terrapene
mexicana), endémicas de Yucatán, sujeta a protección especial por la
vulnerabilidad de sus poblaciones, así como de tortuga mojina (rhinoclemmys
areolata), en categoría de amenazada, según la Norma Oficial Mexicana de la
Semarnat. “Perecieron a causa de dicho depósito”, menciona la opinión técnica.
El 27 de
agosto de 2018 la Profepa resolvió que Enerall Terra 2 SAPI había infringido
el artículo 28 de la LGEEPA “por realizar la afectación, relleno y modificación
a cuerpo de agua nacional mediante disposición directa de piedra, tierra y
residuos de árboles, sin acreditar contar con la autorización en materia de
impacto ambiental”.
En el plano
estatal, la Seduma documentó que, durante la visita de inspección
confirmaron que hubo “afectaciones al cenote que infringen el Reglamento de la
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de
Cenotes, Cuevas y Grutas”. Se identificaron infracciones graves a los artículos
5, 8, 12 y 37, que ameritan sanciones como multa y una clausura temporal o
definitiva de la obra o actividad, no obstante, el área jurídica de la ahora
SDS aclaró que “el personal que estuvo en la administración anterior que lo
atendió, sólo hizo la visita técnica, se entregó la recomendación y Profepa
asumió todo el control porque es correspondencia de orden federal”. Profepa
dijo que no usó la opinión técnica “porque fue posterior al levantamiento del
acta de visita”.
La
Profepa multó a Enerall por 741 mil pesos (30 mil 275 dólares) sin remitir el
caso a la extinta Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General
de la República) pese a que, según el abogado Raziel Villegas, los elementos de
la Profepa y de la opinión técnica de Seduma documentan violaciones a las leyes
generales de Vida Silvestre, de Aguas Nacionales y de Desarrollo Forestal
Sustentable. Villegas fue funcionario de Profepa y Semarnat y hoy dirige la
firma GEOLEGIS, especializada en derecho ambiental y con influencia en la
península de Yucatán.
La
confirmación de que la institución no recurrió a la vía penal, para que se
investigara si hubo delitos en el caso más allá de las faltas administrativas,
la dio la Subprocuraduría Jurídica y la Delegación de Profepa en Yucatán ante
una solicitud de información resuelta en diciembre de 2019: “No se encontró
antecedente alguno en relación a la presentación de denuncia penal”.
Pese a que
no guarda relación alguna entre lo que dicta un comunicado oficial y el actuar
de Profepa, la institución respondió al cuestionario que no actuaron
penalmente porque en la nota de prensa que publicaron en abril del 2018 se citó
un artículo que “no alude en la conducta delictiva que regula a los cenotes (…)
por lo que de presentarse la denuncia no prosperaría”.
Para
Villegas, ese argumento no exime a la institución de su obligación basada en
el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual apunta
que “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable
existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a
denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público”, refiere el artículo.
“Que
denuncien los hechos. La autoridad no es que quiera o pueda escoger, debe
denunciar”, explica
el abogado.
Ya librada
del round penal, Enerall solicitó conmutar la multa, a través de su adhesión
al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), para mejorar los procesos
de producción, desempeño ambiental y competitividad. Para ello debió presentar
un proyecto de inversión que previera cuidados al medio ambiente equivalente al
monto de la multa.
Enerall solicitó
el 4 de octubre del 2018 las indicaciones para inscribirse al PNAA como parte
de la conmutación. La empresa luego presentó el 15 de noviembre de ese año el
proyecto “Incorporación de los conjuntos prediales Asideros 2 y Asideros
Globales de la empresa Enerall Terra 2 S.A.P.I. DE C.V”.
La
Procuraduría ambiental lo consideró “viable” en un oficio: “Esta subdelegación
de inspección de los Recursos Naturales en el Estado de Yucatán, tiene una
opinión favorable para la implementación de esta incorporación, siempre y
cuando se cumpla con lo propuesto en el oficio”.
Profepa, sin
embargo, afirmó luego ante una solicitud de información presentada en
noviembre de 2019 que “dicho proyecto no ha sido ni fue incorporado”. En un
cuestionario que se le remitió hace 12 días sobre el tema, respondió además que
“la empresa no solicitó ingresar al PNAA”, sin comprobar sus dichos con algún
documento al cierre de edición.
Las
auditorías que debían realizarse en el PNAA son la medición y registro de los
volúmenes de agua de los pozos de extracción; así como análisis de residuos
peligrosos en los suelos; inversión para minimizar riesgos ambientales por uso
de diésel; y el desarrollo del programa de monitoreo y tecnificaciones
sustentables. A excepción de la auditoría del agua con duración de dos años, el
resto se debía cumplir entre 6 meses y un año. Sin embargo, la propuesta no
detallaba las fechas de inicio de cada una de esas actividades.
Villegas afirma
que el plan presentado por Enerall tenía defectos: “Estuvo mal elaborado el
proyecto, pues no contiene un programa calendarizado y es ambiguo”. Critica
incluso que se le haya dado siquiera una opinión técnica favorable a la
propuesta: “Era jurídicamente improcedente conceder la opinión técnica viable
de esa conmutación cuando, uno, no se ofreció ningún beneficio ambiental, y
dos, el artículo 173 de la LGEEPA lo condiciona además al no haber estado en
los supuestos del artículo 170 de la LGEEPA, o sea, que no hubiese sido sujeto
a la clausura, y sí lo estuvo”.
De acuerdo
con Villegas, la Profepa estaba obligada a imponer, como medida correctiva,
la restauración del cenote a su estado original. La recuperación natural, según
el expediente, tardará en promedio de 5 a 20 años para que se reconecte el
espejo de agua con el manto freático, siempre que exista “un constante
monitoreo y control ambiental”. Además, para solicitar una reparación o
compensación del daño, la autoridad tuvo también la vía de la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental.
Sobre la
multa, Profepa hizo una precisión al responder una solicitud de información
en diciembre de 2019: “No se cuenta con ningún documento que indique que la
empresa Enerall haya realizado el pago ante la autoridad recaudadora”. La
institución fue consultada de nuevo sobre el tema con el cuestionario de hace
12 días. Respondió entonces que se hizo “efectivo el pago” sin cotejar sus
dichos con documento alguno al cierre de edición, como se les solicitó.
Para el
30 de enero de 2019, cuando Romo ya era Jefe de la Oficina de la Presidencia de
México, se abrió otro expediente: “Enerall está realizando trabajos ilegales.
Tapó una aguada grande (cenote) que tenía bastante agua, muchos árboles y era
el lugar donde llegaban muchos jabalíes y venados de la zona que nos obligaron
a matar porque por allá pasarían los pivotes de riego”, se señalaba en la
denuncia PFPA/37.7/2C.28.2/0023-19, obtenida vía Transparencia.
En las
fotografías, aparece selva deforestada por tractores, venados cazados y un
presunto cenote rellenado. “El Rancho Asideros lo tenemos clausurado por tapar
un cenote, pero igual hay más que se taparon”, asienta la denuncia que acusa
Enerall como el presunto responsable.
Pese a la
denuncia detallada, la Profepa cerró el caso por no hallar evidencias: “No se
detectó afectación alguna a cuerpo de agua nacional, en tal virtud se ordenó el
cierre del presente asunto”, dice la resolución.
El
expediente contrasta con los testimonios de trabajadores y extrabajadores de
Enerall. “El que se quedó, se quedó”, mencionó uno de los operadores
entrevistados durante la investigación de campo, quien aseguró haber
participado tapando el cenote, refiriéndose a los animales que aplastaban, y
quien agrega que, durante los desmontes, llegaban a juntar hasta 90 tractoristas.
Algunos
de estos daños, ya los advertían las MIA si no se cumplían las medidas
preventivas, pues “la preparación del sitio y operación del proyecto”
provocaría fragmentación y reducción de hábitat, así como daños a fauna
silvestre, generación de ruido, emisiones a la atmósfera, afectación en la
calidad del agua, impermeabilización de suelo y pérdida de cobertura vegetal”.
Para evitar lo anterior, se establecieron 11 medidas preventivas y criterios en
materia de conservación, protección y aprovechamiento.
Sin embargo,
no obra registro de evidencias de Enerall ante Profepa sobre las medidas,
según una respuesta de la institución de noviembre de 2019, en la que indica:
“No se cuenta con las constancias relativas a las evidencias en documentos,
fotografías y/o videos que las empresas Enerall S.A.P.I de C.V., Enerall Terra
1 S.A.P.I de C.V, Enerall Terra 2 S.A.P.I de C.V. y Asideros 3 S. de R.L. de
C.V. hayan entregado y/o enviado en para comprobar que han cumplido en tiempo y
forma con las medidas de protección previstas en criterios y recomendaciones
establecidas para políticas de conservación, protección y aprovechamiento de
sus MIA”.
¿Emprendimiento
social?
Romo
hablaba de Enerall como una compañía que con “tecnología de punta podía ayudar
a mejorar el nivel de vida de los pobladores. “Hablando de innovación, les
quiero mostrar lo que la tecnología puede hacer para cambiarle la vida a miles
de campesinos”, declaró en 2017 durante la conferencia organizada por Forbes.
Pero esa
visión, detallada en su código de ética de Enerall detallado en su portal
digital, no se parece en nada a la realidad, de acuerdo con pobladores
consultados en 20 comunidades indígenas. La mayoría afirmó que complementa sus
ingresos con jornadas de trabajo extendidas u otros empleos. Además, se
alimentan gracias a las pequeñas parcelas donde producen maíz y frijol, así
como miel en los apicultivos.
Durante los
recorridos se constataron problemas que sobreviven como males endémicos en
Yucatán: fallas de infraestructura, ausencia de drenajes, falta de agua
potable, desabastecimiento en los comercios, carencia de clínicas de salud y
escuelas. Lo anterior es visible debido a que en Tizimín el 60% de la población
vive en pobreza, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), realizada en 2015.
De
acuerdo con los extrabajadores, pese a largas jornadas que alcanzaban hasta 12
horas, sus pagos eran equivalentes a 1,100 pesos a la quincena (57 dólares)
entre 2009 y 2014, de acuerdo con talones de pago. Para obtener más dinero,
realizaban horas extras y trabajaban de noche para ganar un bono que, en total,
les daba un sueldo de 3,500 pesos (180 dólares) a la quincena.
Lo mismo
pasa con otros empleados o exempleados de Enerall entrevistados, quienes
afirman que a pesar de haber trabajado una década para la empresa y contar con
otros puestos, su salario aumentó muy poco. Aseguran que tampoco contaban con
seguro social, ni prima vacacional u otras prestaciones.
Hasta 2018,
Enerall tenía cerca de 500 empleados, según oficios del expediente de Profepa,
que provienen principalmente de Sucopo y Cabichen, dos comunidades aledañas a
la empresa. Pero los pobladores consultados refieren que en los últimos meses
han realizado despidos masivos debido a la implementación de máquinas que han
sustituido sus labores.
Actualmente
se desconoce el número de empleados y aportaciones patronales de la empresa, según
una solicitud realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
institución que reservó la información, y en una apelación realizada, el fallo
se mantuvo a su favor.
Estas
condiciones se suman a los tratos denunciados por los empleados: durante las
jornadas los jefes no autorizaban descansos en la sombra, beber agua, ni
recibir atención médica.
Un
maquinista de cosechas de Enerall recuerda que nunca pudo acercarse a Romo,
pues cuando visitaba la empresa llegaba en helicóptero y su equipo de seguridad
lo rodeaba. Ahora lo ve por televisión con regularidad a quien durante una
década fue su “patrón” y que ahora es jefe de la oficina de Presidencia. Lo
escucha en ocasiones cuando habla de los planes para las inversiones y el
desarrollo del país.
Apenas en
enero de este año, Romo Garza fue nombrado el coordinador del Gabinete de
Crecimiento Económico, un puesto que no existía, pero ahora tendrá coordinación
con secretarías de Estado para generar empleos, llevar paz y combatir la
pobreza de los mexicanos.
Como
empresario supo esculpir una figura de emprendedor social, de visionario
tecnológico, pero ahora surge una imagen de un cacique de aguas que ha salido
con apenas unos roces de las investigaciones por daños ambientales.
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