Ahora Pemex quita la seguridad a Dos Bocas.

Darío Celis.

Otro foco de alarma en Pemex es en materia de seguridad industrial. Se trata curiosamente de un área que debería ser prioritaria para la 4T tras los episodios del huachicol en el arranque del nuevo gobierno.

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica, a cargo de Pedro Almazán, está haciendo su mejor esfuerzo… pero para desarticular la infraestructura de seguridad y vulnerar operaciones sensibles.

Anote de entrada el proyecto de protección de la Terminal Marítima Dos Bocas, en Tabasco, que es una de las instalaciones críticas por su aporte en materia de producción de crudo, aceite y gas.

Su ubicación cercana a la sede de la nueva refinería, proyecto estelar de Andrés Manuel López Obrador, es una razón de más peso para que la seguridad sea prioridad en la petrolera a cargo de Octavio Romero.

Desde su llegada, el general Almazán ha emprendido acciones de franco sabotaje al funcionamiento del sistema integral de salvaguardia estratégica de la mal llamada 'empresa productiva del Estado'.

No sólo ha detenido pagos y despedido al personal clave a cargo de los distintos proyectos, sino que de plano ya está impidiendo el acceso de proveedores para acciones de mantenimiento.

Hablamos de toda la seguridad: cámaras de circuito cerrado, sensores perimetrales, radares, red de telecomunicaciones LAN de fibra óptica y sistemas de seguridad, videovigilancia y control de acceso.

Se trata, literalmente, del sistema que configura los ojos de la empresa en la operación de su terminal marítima más importante, Dos Bocas, ¡que está fuera de servicio desde el sábado pasado!

La vulnerabilidad es enorme, dado que no podrían detectarse incidentes, robos, filtraciones o acciones de sabotaje. En la torre de Marina Nacional trasciende que el general busca aprovechar esta circunstancia.

Que esta situación es generada a propósito para sustituir a los actuales proveedores de los sistemas de vigilancia por nuevas empresas preferidas por el titular de Salvaguardia Estratégica.

Los afectados son las compañías Astrum Comunicaciones, Telecomunicaciones y Servicios del Norte; SYM Servicios Integrales, y Rafael Advanced Defense Systems LTD.

Manejan contratos que deben funcionar en conjunto y sincronía para controlar accesos, desarrollar videovigilancia, operar radares y hasta poner en servicio aviones no tripulados que coordina la Secretaría de Marina.

Ahí también, en la dependencia a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán, están prendidas las alertas rojas por la falta de coordinación en los convenios de colaboración Semar-Pemex.

Pero más allá de contratos y proveedores, que detonarán más litigios y conflictos para Pemex, la cuestión central es por qué a las empresas no se les permite el acceso a la terminal marítima.

Desde hace una semana, a esos contratistas Pemex les impide el paso para dar mantenimiento a sus equipos y garantizar que el sistema funcione como está estipulado en los convenios.

En la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, de Marco Herrerías, saben de las consecuencias que tendrá cualquier incidente frente a lo que puede considerarse negligencia grave.

En la mesa hay una inversión de Pemex por más de 136 millones de dólares, de los cuales ya se ejercieron más de 75 millones en sistemas de seguridad que funcionaban hasta la llegada de Almazán.

De hecho, datos de la Secretaría de Marina y de Pemex Exploración y Producción acreditan que los eventos delictivos se redujeron en 81 por ciento desde 2018 con estos proyectos de seguridad.

CON EMILIO LOZOYA ya en México un caso que va revivir es el de Oceanografía y de Amado Yáñez. Fue aquél quien urdió el despojo y persecución del excontratista de Pemex. Nombres como los de Arturo Henríquez Autrey, Froylan Gracia e Ignacio Durán van a saltar como operadores de una trama que llevó a la quiebra a la naviera. La decisión de la Corte de Distrito Sur de Nueva York de no tomar el caso, petición que venía haciendo Yáñez, fue lo mejor que le pudo pasar porque el expediente se va tener que dirimir aquí. Y Citi, de Michael Corbat, deberá abrir el escándalo al escrutinio público, el famoso discovery, que lo someterá a transparentar todos los movimientos entre Banamex y Oceanografía.

BAFAR, EL CONGLOMERADO de Eugenio Baeza, es otro en la mira del SAT. La compañía dueña de marcas como Parma, Sabori, Campestre, Burr y CarneMart ya tiene una querella de la Procuraduría Fiscal que encabeza Carlos Romero Aranda y su caso fue turnado a la dependencia que preside Raquel Buenrostro. La compañía de Chihuahua pretende que se le reconozca un saldo a favor cercano a los mil millones de pesos de una empresa que adquirió en el pasado, y que quiso consolidar con la pérdida de otra de su grupo. El punto es que las actividades de ambas no son compatibles y por ello la autoridad no reconoce la ingeniería fiscal.

ADEMÁS DE STARGO, Elara, AI Telecom y Ubix, otros afectados con la cancelación del fideicomiso 2058 que permitía el programa eMéxico, son los proveedores de capacidad satelital. Le decía que se quedaron con contratos vigentes por un año más. Apunte a SES, Eutelsat, Hispasat, Viasat y Hughes. En toda esta trama hay un personaje clave. Se trata de Mauricio Ávila, director de la red MexSat. Es el funcionario que operaba estos contratos desde Telecomm, que lleva Sergio Viñals. Se la pasó diciendo que se pagarían los servicios devengados, pero en realidad fue el principal obstáculo. No se descartan demandas internacionales.

El BANCO DE Desarrollo de América del Norte, que dirige Calixto Mateos, y Value Arrendadora, de Carlos Bremer, firmaron un primer contrato de crédito por hasta 155.4 millones de pesos para impulsar un programa de mejoramiento del parque vehicular de transporte público y de personal en las zonas urbanas dentro de la franja fronteriza norte de México y contribuya a la reducción de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero. El plan tiene un costo total de 613.3 millones de pesos destinados a la realización de operaciones de arrendamiento o financiamiento de hasta 223 vehículos con tecnologías más limpias.

LA CFE ADJUDICÓ directamente cuatro contratos por alrededor de 20 millones de pesos para comprar cubrebocas, caretas protectoras, tapetes sanitizantes y gel antibacterial. La ganona fue Farma Aplicada, que dirige Teresa Patricia Coss y León Orozco. Los muchachos de Manuel Bartlett compraron 150 mil cubrebocas tipo KN95 a un precio de mayoreo de 73 pesos por unidad, cuando en el mercado tienen un valor unitario por alrededor de 40 pesos. Fue la adjudicación CFE-0100-ADAAA-0001-2020.

QUIEN FUE EL primero en denunciar la corrupción de Emilio Lozoya en Pemex, y la relación de complicidad con Odebrecht, fue Santiago Nieto, quien desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales visibilizó la corrupción a través de desvíos de recursos a campañas políticas, y hoy desde la Unidad de Inteligencia Financiera continúa destapando la corrupción política y financiera mediante la presentación de cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República.