El reguilete de Lozoya.

Raymundo Riva Palacio.

Antes de haber aterrizado en México, Emilio Lozoya provocó que los maderos del viejo régimen crujieran. Los avisos que entre su paquete de compromisos con el gobierno estuvieran las pruebas de cómo se consiguieron los apoyos para la reforma energética en la administración de Enrique Peña Nieto, causaron enormes olas, particularmente entre los partidos políticos y quienes en su momento eran diputados y senadores. Los deslindes han salido desde diversos frentes, vacunándose con inyecciones de honestidad.

No puede haber una generalización mecánica y concluir anticipadamente que la corrupción era sistémica, pero tampoco se vivía en el castillo de la pureza. El nerviosismo que han causado los reportes en la prensa de que Lozoya se comprometió con la Fiscalía General a aportar información puntual de cómo, a quién y cuánto dinero se repartió entre legisladores para conseguir aprobaciones por consenso de las reformas, la energética o algunas otras polémicas como la educativa, revela el gran nerviosismo que existe.

El regreso de Lozoya a México ha puesto a prueba el cinismo con el cual se comportaron diversos legisladores durante los tiempos de la negociación del Pacto de México, donde la persuasión –política o económica–, fue tan eficaz, que como alguna vez confió el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se aprobaron las reformas en la mitad del tiempo que habían calculado. En el camino dejaron a un buen número de legisladores felices.

Información recabada sobre el valor de los votos durante los meses de aprobación de las reformas, en especial la energética, permiten afirmar, sobre la base de los dichos de propios legisladores, que se llegaron a comprar votos por dos millones de pesos a diputados, y por cuatro a senadores, aunque hubo casos extraordinarios, en los altos niveles de la clase política, donde los cañonazos llegaron a ser hasta de siete millones de pesos. Hubo varias formas de entregarlos. Por ejemplo, un empresario cercano a Peña Nieto solía presumir cómo llevaba maletas llenas de dinero al Congreso para recompensar los apoyos.

Es decir, no sólo Lozoya conoce el mapa de la compra de conciencias en las Cámaras, que ha puesto a exlegisladores y miembros de partidos en un estado de alta preocupación ante la posibilidad de que sus nombres sean expuestos ante la opinión pública. Es un temor que también ha despertado la supuesta existencia de más de 16 videograbaciones que supuestamente ofreció Lozoya al fiscal Alejandro Gertz Manero como parte de su negociación de cooperación con la autoridad, a cambio de que se desistan de procesarlo a él y a su familia.

¿Existen las videograbaciones? En este espacio se publicó en mayo de 2017 una columna intitulada 'La fiesta inolvidable', donde se revelaba la existencia de una casa en la colonia Anzures de la Ciudad de México donde Froylán Gracia García, que era coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex cuando su amigo Lozoya ocupaba ese cargo, a donde invitaba cuando menos dos veces por semana a funcionarios, gobernadores, políticos y empresarios, que llegaban ahí con el propósito de hacer negocios, en un entorno de barra libre, con meseros vestidos elegantemente y hermosas mujeres eslavas y brasileñas para hacerles compañía.

Personas que fueron a algunas de esas reuniones siempre tuvieron la sospecha de que todo se videogrababa, pero esta columna nunca pudo comprobar que así fuera. La casa es recordada hoy por el tema de las videograbaciones y porque ha trascendido que en algunas ocasiones, Lozoya despachaba en una oficina alterna que tenía en la colonia Anzures.

Las videograbaciones, como los dichos de Lozoya, no tendrán validez jurídica a menos que puedan ser judicializadas. Si se presentaran las grabaciones solas, en caso de existir, como única prueba, un juez las rechazaría al no tener conocimiento de la persona grabada que estaba siéndolo. Se pueden judicializar, siempre y cuando la Fiscalía General pueda comprobar que la persona imputada sí fue a esa casa el día y la hora señalada, y demostrar que el dinero que se le ofreció, lo recibió. No basta que en un video digan una cosa, sino que tiene que probarse que el delito de cohecho se consumó. Igual sucederá con los dichos de Lozoya, que requerirán el mismo tipo de seguimiento de la Fiscalía, y soporte documental que entregue el ex director de Pemex.

Las expectativas levantadas por la llegada de Lozoya son muy altas, alimentadas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que admite abiertamente que se negoció con él para que revele el sistema de corrupción del viejo régimen. Habría que ser más cautos sobre qué se puede esperar de las acusaciones de Lozoya. No debemos olvidar que iba ganando su caso, y que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo que descongelar parte de las cuentas de él y su familia. Para evitar un naufragio político, la Fiscalía General lo presionó con las acusaciones contra su madre y su esposa para que negociara su libertad a cambio de que imputara a sus exjefes y a políticos de oposición.

Es decir, más que judicial, la Fiscalía General pretende construir un caso político, que acompañe la estrategia de López Obrador, que ayer mismo reiteró que “hay un compromiso de que va a informar acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar de Odebrecht y de otro tipo de ilícitos”. Odebrecht está en la cabeza del Presidente como una gallina de los huevos de oro. La obsesión de que será la llave que muestre el financiamiento de campañas, incluida la de Peña Nieto, no tiene fundamento. El gobierno lo sabe y está presionando a Odebrecht para que aporte información que permita resultados a la altura que espera López Obrador. Sobre esta pólvora mojada se hablará aquí más adelante.