Diputados del
Congreso de Quintana Roo informaron que la Secretaría de la Gestión Pública
alista al menos 30 demandas más en contra de colaboradores del exgobernador
Roberto Borge Angulo.
Lo anterior por
irregularidades encontradas en organismos como la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA) y en la Consejería jurídica, así como en la empresa VIP
Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V.
Estas querellas se
sumarán a las ocho que hay actualmente en contra de Borge Ángulo y de sus ex
colaboradores Fernando Escamilla, Javier Federico Meza, Andrés Zarur, Eliezer
Villanueva, Paulina García, Mauricio Rodríguez y Juan Pablo Guillermo, por
desvío de recursos que suman casi 2 mil 400 millones de pesos, desempeño
irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Rafael del Pozo Dergal, titular de la Gestión Pública,
afirmó que trabajan en las denuncias que
se presentarán en los próximos días y colaboran en las investigaciones con la
Fiscalía General del Estado.
Aunque no reveló el número de demandas que se interpondrán,
reconoció que si es un número importante y que algunas, por su extenso
contenido, resultan laboriosas y llevan un poco más de tiempo.
En los próximos días,
la Secretaría de la Gestión Pública dará a conocer las primeras cinco denuncias
de las 30 adicionales que se trabajan, dado que se busca complementarlas y
reforzarlas con pruebas contundentes para que no sean rechazadas.
El gobernador Carlos Joaquín González ha dado a conocer que
realizan las investigaciones pertinentes en cada una de las áreas estatales y
que por esa cuestión se han atrasado en interponerlas, aunque voces de los diversos sectores económicos de Quintana Roo
aseguran que ya se tardó mucho en actuar en contra de Borge Angulo y
colaboradores.
El diputado Fernando Zelaya Espinoza, vocal de la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, reconoció
que muchas de las querellas no se han presentado, porque les falta recabar más
pruebas para que puedan proceder.
"Lo que hemos detectado en el Congreso del Estado se ha
turnado a la Secretaría de la Gestión Pública, que a su vez iniciará los
procesos legales que correspondan", afirmó.
En tanto, Emiliano
Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
reveló que la próxima semana darán a conocer la estrategia para investigar las
cuentas de los exfuncionarios involucrados en el presunto desfalco al
patrimonio de los quintanarroenses, debido a la poca confianza que tienen en
Javier Zetina, actual auditor del estado y quien está relacionado con Borge
Angulo.
Aclaró que buscan el
mecanismo legal para que puedan realizar esa acción, porque no quieren estar
atados de manos y apoyar en el análisis de la documentación y consolidar las demandas.
Eduardo Mártinez
Arcila, presidente de la Gran Comisión, consideró que un año les llevaría para
poder llevar a cabo el juicio político contra el exgobernador.
Además, que el juicio político depende de las denuncias que
presenten y que pudieran ser varios exfuncionarios, pero como diputados no
pueden demandar a menos que sea en calidad de ciudadanos.
Ahondó que todo
exfuncionario que haya incurrido en responsabilidad política en su ejercicio de
su cargo, comenzando por el exgobernador Roberto Borge y el extitular de
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo, entre
otros, podrán ser enjuiciados.
Las siete demandas en
contra de exfuncionarios estatales suman faltantes por 2 mil 388 millones de
pesos en las secretarías de Infraestructura y Transporte (Sintra), Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi), Finanzas y en la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA).
Aunado a que también
se agregará el dinero de la venta irregular de nueve mil 500 hectáreas de
reserva territorial.
La denuncia en contra
de estos exfuncionario es por desempeño irregular de la función pública y abuso
asciende a la cantidad de 41 millones de pesos y la de usurpación de funciones
es por 8.5 millones de pesos.
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