El exgobernador de
Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz fue internado esta madrugada en el penal
del Topo Chico, por orden del juez de control que tras imputarlo por los
delitos de peculado y daño al erario, decidió dictarle la medida cautelar para
evitar que evada la acción de la justicia.
Por esta disposición,
sin precedentes en la historia de la entidad, el priista estará tras las rejas
por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, cuando cierre la investigación por
la autoría intelectual de estas acciones de deshonestidad en la función
pública, informó hoy el gobierno del Estado.
De esta forma, Medina de la Cruz se une a Guillermo Padrés,
el mandatario de Sonora que también fue recluido por delitos relacionados con
corrupción. Otro gobernador, Javier Duarte, de Veracruz, está prófugo, por
acusaciones de la misma índole.
Después de las 3:00
horas del jueves, cuando terminó la audiencia, el abogado de la defensa, el
penalista Alonso Aguilar Zínzer se dijo sorprendido por la determinación del
juez, al que acusó de actuar con favoritismo hacia la representación social y
dijo desconocer las condiciones en las que el priista se encuentra en el
interior del reclusorio, donde podría estar en situación de riesgo.
“Es una situación que hay que contemplar. Persiguió a la delincuencia muy firme en el
estado, y seguro tiene enemigos”, señaló el litigante, quien responsabilizó
al estado de la seguridad de su cliente.
El Palacio de Justicia de Monterrey se encuentra en un
edificio contiguo al Penal del Topo Chico, al norte de la zona metropolitana,
por lo el exjefe del Ejecutivo estatal tuvo qué caminar sólo unos pasos de la
sala de audiencias a su confinamiento.
La del miércoles fue
una larga audiencia de segunda imputación de 18 horas, en la que el juez de
control Miguel Ángel Eufracio Domínguez escuchó desde las 9:00 horas alegatos
de la parte acusadora y la defensa por los delitos de peculado y ejercicio
indebido de funciones que, inicialmente, habían sido desechados en agosto.
Cuando llegó al Palacio, Medina lucía confiado y sonriente y
no perdió la jovialidad a lo largo del día, cuando salía a la calle por recesos
que imponía el juez.
El juzgador determinó
que el acusado es presunto responsable de daño al patrimonio estatal por 3 mil
128 millones de pesos y la pena que puede alcanzar, de encontrarse responsable,
es de hasta 12 años de prisión. Debido a que vive en la Ciudad de México debe
ser encarcelado pues tiene falta de arraigo en Nuevo León y puede huir.
El pasado 9 de agosto, quien fuera gobernador en el sexenio
2009-2015 fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, al
detectarse que otorgó indebidamente estímulos fiscales a la armadora surcoreana
KIA por 3 mil 600 millones de pesos.
Sin embargo, en esa misma audiencia, el juez de control
desechó las imputaciones de peculado y daño al erario, por considerar que
aunque sí había delitos, el ministerio público no aportó pruebas suficientes
para involucrar en ellos al acusado, decisión que posteriormente fue ratificada
en la apelación ante el Poder Judicial de la Federación.
Este jueves, cuando
el juez dictó la medida preventiva de la prisión preventiva, los abogados
exhibieron un amparo que fue desestimado, pues el juez consideró que no tiene
validez para esta etapa del proceso.
La Fiscalía de Nuevo
León buscará acumular en la misma carpeta de investigación los delitos de daño
al erario, peculado y ejercicio indebido de funciones.
Por este último, hoy se ventila la audiencia en la que el
juez cerrará la etapa de la investigación, aunque para la diligencia de hoy no
es necesario que el imputado se presente.
Además de estos tres
delitos, Medina enfrenta el de enriquecimiento inexplicable, por el que la
Fiscalía Anticorrupción, que conduce Ernesto Canales, buscará también
imputarlo.
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