La Asamblea
Constituyente aprobó que el derecho al buen gobierno, que implica que ningún
servidor público en la capital podrá gozar de bonos, prestaciones,
compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en
especie que no se cuantifique en su salario y esté determinado en la ley.
En la sesión de este
martes, los constituyentes también votaron como parte del artículo 66 de la
Constitución de la Ciudad de México de que ningún funcionario podrá recibir un sueldo
total mayor al del jefe de gobierno.
Y aunque al cierre de esta edición continuaba la discusión
en el pleno, se prevé que la aprobación
para que desaparezca el fuero o inmunidad cuando los servidores públicos
cometan delitos en el tiempo de su encargo.
La discusión tiene
como punto de coincidencia el hecho de quitar el fuero es fundamental para el
combate a la corrupción en la ciudad.
En el mismo artículo, los
constituyentes aprobaron incluir el derecho a la buena administración, a través
de un gobierno “abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz,
eficiente, austero incluyente y resiliente, que procure el interés público y
combata la corrupción”.
El gobierno abierto
quedó definido como “un sistema que obliga a los entes públicos a informar a
través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y
con nuevas tecnologías, que garanticen
la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información”.
La redacción incluyó
la obligación del gobierno de generar acciones y políticas públicas orientadas
a la apertura gubernamental para contribuir a la solución de los problemas
públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y
transversales.
Incluso, se acordó
que los servidores públicos recibirán una remuneración “adecuada e
irrenunciable” por el desempeño de su función y deberá ser proporcional a sus
responsabilidades.
La Asamblea también aprobó el artículo 67 sobre la fiscalización y el control
interno. En este sentido, se estableció que todos los entes públicos de la
Ciudad de México contarán con órganos internos de control los cuales deberán
revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, servicios,
adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en
particulares, incluyendo sus términos contractuales y estableciendo un programa
de auditorías especiales en los procesos electorales.
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