El exgobernador César Duarte promovió el amparo 15/2017 contra el juez de Control, Eduardo Alexis
Ornelas, quien ordenó reabrir una investigación en su contra por peculado,
enriquecimiento ilícito y uso indebido de la función pública.
El juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinosa, solicitó a Duarte más información sobre los
motivos por los que promueve el amparo para determinar si le concede o no la
suspensión.
César Durante promovió el amparo el 15 de enero. La demanda
fue presentada en el Distrito Judicial Morelos con sede en Chihuahua, por la
defensa de Duarte.
El pasado 19 de
diciembre, el juez Eduardo Alexis Ornelas revocó el no ejercicio de la acción
penal contra el gobernador César Horacio Duarte Jáquez y el exsecretario de
Hacienda, Jaime Herrera Corral, y ordenó continuar la investigación por los
delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el cuadernillo 234/2016, Joaquín Medina Rosales del Congreso Nacional Ciudadano, denunció el 26
de mayo de 2016 a los dos exfuncionarios, pero el agente de Ministerio Público
a cargo, determinó el no ejercicio de la acción penal, por orden del ex fiscal
de la Zona Centro, Sergio Almaraz.
La denuncia es para
que se investiguen los depósitos que hizo el gobierno estatal al Banco Unión
Progreso o Banco Progreso de Chihuahua, así como del Fideicomiso de 65 millones
de pesos depositado por el exgobernador y su esposa en el mismo banco.
Los denunciantes piden
investigar el patrimonio del gobernador y de Herrera, antes y durante su
gestión, así como de las personas cercanas a estos.
El juez ordenó,
además, abrir una carpeta de investigación por desacato en contra del
coordinador del Ministerio Público que determinó no proceder con el caso porque
tuvo otras opciones para atender la denuncia.
Duarte y Herrera estuvieron ausentes por motivos de salud,
el primero informó a través de su abogado particular, Ricardo Sánchez Reyes
Retana, que está convaleciente de una cirugía de cadera vertebral en Estados
Unidos, y el segundo se encuentra enfermo, de acuerdo con su defensor
particular, Carlos Aguirre.
La denuncia fue presentada el 25 de mayo de 2016 por Joaquín
Medina Rosales, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y el expediente fue
concluido el pasado 23 de septiembre, 10 días antes de que concluyera el
gobierno de Duarte, mientras que el Ministerio Público declaró el 29 de
noviembre pasado, cuando determinaron impugnar el no ejercicio de la acción
penal, que fue coaccionado para hacerlo.
El juez explicó en la
audiencia que el denunciante solicitó que se reabra la investigación de la
carpeta 1921616230, porque el Ministerio Público indicó que no se acreditaron
los elementos de enriquecimiento ilícito y peculado, aun cuando hay evidencias
de actos de corrupción, autoritarismo y abuso del cargo público.
La denuncia alude al
fideicomiso de 65 millones de pesos que creó Duarte en el banco Banorte para
luego depositarlos en el Banco Unión Progreso o Banco Progreso Chihuahua, con
el fin de capitalizarlo, a pesar de que Herrera era director de la institución
y al mismo tiempo, Secretario de Hacienda del gobierno estatal, tal como lo
denunció también ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la
FGE pero en otra carpeta de investigación, el abogado Jaime García Chávez.
La directora jurídica de la Secretaría de Hacienda, Abril
Portillo, explicó que el anterior agente que llevaba el caso, solicitó al
Registro Público de la Propiedad información sobre César Duarte, su esposa
Bertha Olga Gómez Fong, así como de sus hijos César Adrián, Bertha Isabel y
Olga Sofía; también pidió información del ex colaborador de Duarte y hoy
diputado federal también bajo proceso penal, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga,
y el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, al Banco Progreso, así como los
depósitos que hicieron desde el gobierno hacia esa institución bancaria y otras
instituciones financieras.
Tampoco investigaron
el patrimonio de César Duarte antes de ser gobernador ni del año 2011 al 2015,
ni el patrimonio total al concluir sus funciones y el actual, sólo se
concretaron a atender su declaración patrimonial. “Sólo dieron por cierto lo
que dijeron ellos”.
Portillo, quien actuó como coadyuvante, dijo que para
archivar el expediente, evitaron también
investigar a la Unión Ganadera División del Norte o Financiera División del
Norte S.A de C.V (cuyo fundador es César Duarte y durante su sexenio fue
presidente, Carlos Hermosillo); a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Akala ni a Unión de Crédito Progreso.
El agentes del
Ministerio Público que lleva el caso, Francisco González, confirmó las
omisiones que hubo en la investigación en la administración pasada.
El abogado de Duarte, Sánchez Reyes Retana hizo referencia a
la investigación que lleva la Unidad de Análisis Financiera de la PGR, contra
Duarte, Herrera y Hermosillo, por los mismos delitos, justificó que su cliente
ha demostrado en las más de mil fojas del expediente, que su patrimonio lo ha
obtenido a lo largo de 30 años como empresario ganadero.
El fiscal Francisco
González explicó que no se trata de la misma denuncia, puesto que son
diferentes denunciantes e insistió en la necesidad de reaperturar la carpeta de
investigación, ya que el mismo Duarte, en agosto de 2016, en entrevista ante
medios de comunicación, aceptó que su patrimonio asciende a 100 millones de
pesos, cuyo origen tiene que aclarar.
El entonces encargado
de la Consejería Jurídica agregó que sí había conflicto de intereses en el caso
y era posible dicha coacción, pues una hija de Duarte y un hijo del ex fiscal
general, Jorge Enrique González Nicolás, son pareja sentimental, relación que
según él, vicia el caso, pero el defensor de Duarte pidió no tomar en cuenta
ese detalle.
El abogado de Herrera Corral se basó en que ya hay más
denuncias contra su cliente por los mismos delitos, por lo que no puede ser
procesado por el mismo delito, pero ese
argumento fue descalificado por el juez, porque la ley dice que no puede ser
juzgada una persona por el mismo delito dos veces y en este caso se trata de
una investigación, se denuncian hechos, no delitos porque estos son tipificados
por el Ministerio Público.
Justificó también que invertir en Unión Progreso era válido,
puesto que el gobierno estatal lo hace desde los años 90, porque en algunos
casos ofrecía la menor tasa de interés
González informó que el agente del Ministerio Público
federal, Raúl Ángel Castellano Sánchez, emitió un oficio el pasado 28 de junio
de 2016, en el que indica que el Ministerio Público local puede conocer de esos
hechos, porque el enriquecimiento ilícito y el peculado, también son del orden
del fuero común. “No se contraponen los hechos, motivo de la carpeta de
investigación”, aseveró.
“La indagatoria fue
unilateral y por el contexto, se debió ahondar en la información de los
imputados. No se practicó de manera exhaustiva ni técnica, se condicionó a
parámetros de monopolio del Ministerio Público”, dijo el juez Ornelas y ordenó
la reapertura del caso de Duarte y Herrera.
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