SAN MIGUEL
DE ALLENDE, Gto. El gobierno municipal
que encabeza el panista Ricardo Villarreal García reaccionó a los
cuestionamientos de organizaciones civiles sanmiguelenses por la ubicación del
proyecto de un aeropuerto con medidas represivas, al enviar personal a
clausurar un hotel propiedad de uno de los voceros que encabeza el movimiento,
César Arias de la Canal.
Inesperadamente y sin respetar los
plazos establecidos por la normatividad municipal al respecto, personal del
municipio acudió en un aparatoso operativo al hotel Posada Corazón, empresa del
activista Arias de la Canal, ubicado en pleno Centro Histórico. Y, sin más,
ordenó desalojar a los huéspedes y colocó los sellos de clausura en las puertas
del inmueble.
Apenas dos
días antes, el empresario y otros
activistas defensores del patrimonio arquitectónico e histórico de San Miguel
de Allende –entre ellos la artista Jesusa Rodríguez– ofrecieron una rueda de
prensa en la capital del estado para demandar a los gobiernos municipal y estatal
frenar el proyecto de un aeropuerto privado en una zona donde inicialmente
operó un aeródromo. Argumentaron que se encuentra en la mancha urbana de la
ciudad y en una zona donde generará un impacto ambiental, social y urbano.
Integrantes de 12 organizaciones
ciudadanas explicaron que han cuestionado dicho proyecto y el de la
construcción de una autopista de cuota de San Miguel de Allende para conectar a
la ciudad de León, porque la ubicación y los trazos (específicamente) presentan
inconvenientes e impactos para los habitantes de la ciudad y comunidades y
vestigios indígenas en la zona.
“No nos oponemos a un aeropuerto. No nos
oponemos a la autopista. Lo que estamos cuestionando es la ubicación, el lugar
donde quieren operar un aeropuerto está entre varias universidades, en plena
mancha urbana cuando la tendencia mundial es lo contrario… Nos opusimos al
trazo de la autopista, pedimos que fuera modificado para no afectar los
vestigios y a las poblaciones indígenas de la región”, señalaron.
Estas organizaciones pidieron al
alcalde Villarreal hablar sobre el proyecto, pero éste no accedió. “Tuvimos una reunión en mayo pasado,
pero en cuanto tocamos el tema del aeropuerto, el alcalde la dio por
terminada”, señaló Rodrigo Treviño, del Observatorio Ciudadano.
Ofrece
acercamiento y ordena clausura.
Al día siguiente de la rueda de
prensa, el gobernador Miguel Márquez realizó una gira por San Miguel de
Allende, donde desestimó las críticas. Dijo que estos proyectos “son necesarios
para el progreso de San Miguel” y sugirió a las organizaciones “acercarse al
municipio” para conocer los detalles del proyecto del aeropuerto que, según
dijo, “no es aeropuerto, es aeródromo”.
Unas horas después de la visita del
gobernador, el jueves 24, personal de las direcciones de Patrimonio Cultural y
Protección Civil se presentó al hotel del activista César Arias y lo clausuró.
“La clausura de nuestro
establecimiento se consumó bajo el argumento de que algunos de dichos
requisitos de Protección Civil no estaban actualizados. Los
inspectores nos conminaron a suspender inmediatamente el servicio de hospedaje,
amenazando con ejercer acción penal si los huéspedes no eran desalojados –lo
cual nos vimos forzados a hacer en forma apresurada–. Hemos solicitado esta
semana una prórroga para subsanar los requisitos (de acuerdo con el propio
reglamento), la cual ha sido rechazada por el director de Patrimonio Cultural,
Ángel Gastelum, responsable del operativo contra Posada Corazón”, informó a
Apro César Arias.
Tras calificar esta acción como
arbitraria, injustificada e ilegal, Arias de la Canal precisó que las fallas
que fueron alegadas por los inspectores no configuran las causales para llevar
a cabo una clausura fulminante, como lo define el Código Territorial vigente.
“Por el contrario, el artículo 470 de
dicho ordenamiento establece con claridad que una vez recibida el acta de
inspección que consigne alguna violación a la norma, la autoridad requerirá
mediante notificación al interesado para que adopte de inmediato las medidas
correctivas de urgente aplicación…”, dando un plazo de 10 días hábiles para
responder”.
Este plazo le fue negado, por lo que
el propietario denunció propósitos ajenos al funcionamiento del hotel.
“Desde hace
muchos años hemos trabajado conjuntamente con ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil en la defensa y preservación del patrimonio cultural y natural
de San Miguel de Allende. Ello nos ha llevado en ocasiones a la desavenencia
con las sucesivas administraciones municipales y estatales, en varios temas
sensibles y trascendentes”, como lo es actualmente la iniciativa promovida por
el propio alcalde Ricardo Villarreal para el aeropuerto o aeródromo, explicó.
“La represalia no se ha hecho esperar
(con) el golpe a Posada Corazón… Nos parece realmente lamentable que cuando los
ciudadanos y organizaciones hacemos una crítica a las acciones o políticas
públicas por parte de los servidores públicos, éstos no sean capaces de
responder con argumentos, sino con descalificaciones a quienes acertada o
erróneamente hacemos las críticas. Y mucho más grave aún resulta que vayan más
allá y ejerzan represalias intimidatorias desde el poder, aplicando
selectivamente y a modo la normatividad, con el evidente propósito de
desactivar las posturas críticas que les incomodan”, expuso.
El activista interpuso ya una queja
ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado “por esta acción que
constituye un atentado contra la libertad de expresión y abuso de poder”, misma que, lamentó, significa además
la pérdida de empleos del personal que labora en esta empresa.
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