Seis organizaciones civiles pidieron
al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el
Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de
mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha
investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de
seguridad.
A más tardar el 30 de septiembre, el
Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha
cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro
áreas fundamentales a fin de que le sean entregados los fondos específicamente
apartados para los militares mexicanos.
Para
Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América
Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los
derechos humanos.
“Tomando en cuenta la impunidad
generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el
gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las
desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de
certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente
a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por
violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar
de mejorarla”, dijo
Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los
Migrantes en WOLA.
Las
organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos
cometidos por el Ejército mexicano, la resolución judicial que determinó que la
Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso
de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de
México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la
orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“Esta sentencia es una prueba más de
que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la
asistencia de Estados Unidos”, precisaron las organizaciones mexicanas e
internacionales.
Los cuatro
requisitos que México debe cumplir para recibir la asistencia de Estados Unidos
están:
1. El Gobierno de México debe
investigar y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales
civiles las violaciones a los derechos humanos.
En este
punto, las organizaciones consideraron que México no cumplió debido a que la
investigación penal sobre el homicidio de 22 civiles por soldados mexicanos en
Tlatlaya no ha progresado.
“Las
autoridades mexicanas no han obtenido órdenes de aprehensión contra los
soldados implicados por homicidio, encubrimiento, y manipulación de evidencia
ni han investigado la ‘orden de matar’ bajo la cual operaba el ejército
mexicano cuando ocurrió la masacre”, señalaron.
2. Cumplir de manera vigorosa las
prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios
obtenidos a través de la tortura.
En este
requisito señalaron que, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) de México y la PGR han recibido miles de denuncias de tortura, entre
2012 y 2016 los agentes del ministerio público presentaron cargos en sólo 22
casos. Sólo hay pruebas de 15 condenas por tortura en México desde 1999.
3. Búsqueda efectiva de las víctimas
de desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las
personas responsables de tales crímenes.
Según cifras
oficiales, hay más de 32 mil desaparecidos en México, sin embargo, los
firmantes destacaron que los recientes descubrimientos por un colectivo de
familiares de desaparecidos de varias fosas comunes ponen de manifiesto “la
incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para buscar y exhumar cuerpos,
identificarlos y regresarlos a sus familias”.
4. El Comité espera la cooperación
completa del Gobierno de México con el Grupo de Expertos Independientes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) en la investigación de la
desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014.
EL ESPIONAJE
A ACTIVISTAS.
El documento mencionó que la
situación de los derechos humanos ha empeorado en el país en los últimos seis
meses con el asesinato de periodistas, y el espionaje que ha hecho el gobierno
mexicano a través del sistema “Pegasus” a los mismos, a activistas anticorrupción
y defensores de derechos humanos.
“En los
últimos seis meses hemos atestiguado cómo la situación de los derechos humanos
en México ha empeorado, incluyendo
elevados niveles de violencia y ataques particularmente atroces contra personas
defensoras de derechos humanos y periodistas. Un total de ocho periodistas han
sido asesinados en lo que va de 2017.
“Este
ambiente ha sido agravado por la reciente revelación del periódico The New York
Times y de organizaciones civiles mexicanas e internacionales sobre la
utilización ilegal de spyware, que puede ser sólo adquirido por entidades
gubernamentales, en contra de personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y activistas anticorrupción”, indicaron.
La solicitud al Gobierno de Estados Unidos
se realizó a través de un memorándum que fue enviado a funcionarios de alto
nivel de la Secretaría de Estado y la Oficina Internacional de Asuntos
Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos, y a la embajadora
de ese país en México, Roberta Jacobson.
En el informe, presentó la
investigación y casos documentados por las organizaciones que demuestran, según
las organizaciones “que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos
en derechos humanos señalados por el Congreso para el año fiscal 2017”.
“Consideramos
que el informe del Departamento de Estado sobre los requisitos de derechos
humanos incluidos en la ayuda para Financiamiento Militar Exterior a México
representa una importante oportunidad para realizar una evaluación meticulosa y
completa del cumplimiento de las condiciones de derechos humanos establecidas
por el Congreso”, puntualizaron.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.