El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila
de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de
Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y
extraer oro en un proceso a cielo abierto.
Tras una consulta pública, como establece la
ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron
una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa
lo suspendió a finales de octubre de este año.
Es la segunda vez que un proyecto minero de
extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los
municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron
la suspensión de este plan. Cinco años
después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de
nuevo.
Ascensión Sánchez Vázquez, habitante
de Los Baños (municipio de Actopan), explica que a las comunidades de esta
región les preocupa mucho este tema:
“Nos hemos estado organizando para
manifestarle a la empresa Gavilán, subsidiaria del grupo financiero canadiense
Almaden Minerals, que no queremos proyectos mineros en nuestro territorio”. Sin embargo, no ha sido una lucha fácil y ha requerido, además de la organización
de las personas, la participación de académicos, especialistas y hasta de la
iglesia local.
EL ORO, UN RECURSO LARGAMENTE DESEADO.
En 2010, tras un proceso de
movilizaciones por parte de algunas organizaciones ambientalistas, entre las
cuales se contó con la participación de la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales (ANAA), se conformó la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (LAVIDA), clave durante en el proceso de lucha contra las
empresas canadienses mineras que insisten en desarrollar proyectos extractivos
de oro en la región de la sierra costeña.
A finales de los años 80, el contexto regional
no era muy prometedor: construyeron una planta de energía nuclear a pocos
kilómetros de las playas que bordean la sierra de Chiconquiaco y se convirtió
en un símbolo de la necesidad de organizarse aún más para defender el medio
ambiente y la tranquilidad de la vida.
Entre 2011 y 2012, el grupo canadiense
Goldgroup Mining retomó una prospección minera efectuada en 1995 para intentar
desarrollar la fase extractiva de oro y las comunidades campesinas, ganaderas y
pesqueras de los dos municipios afectados se organizaron, tomaron como referentes
las luchas anti-mineras en Baja California y en San Luis Potosí y lograron
frenar ese proyecto.
Minera Cardel, subsidiaria del grupo
canadiense, retiró a fines de 2011 la MIA por inconsistencias en el estudio,
que fueron denunciadas por las comunidades afectadas. A pesar de ello, la
empresa volvió a presentar una MIA en 2012 para lograr sus objetivos.
Con una buena estrategia jurídica y
una investigación independiente acerca de los daños ecológicos que se tendrían,
los municipios de Actopan y Alto Lucero decidieron utilizar los mecanismos de
consulta pública y reunión informativa para presentar sus argumentos en contra
de la minera, a pesar de que consideran que “son espacios de simulación”, en
palabras de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA.
Las comunidades afectadas por este proyecto
denunciaron en su momento que Goldgroup Mining había dado ciertas dádivas
económicas a algunas autoridades; de manera específica, a los presidentes
municipales de Actopan y de Alto Lucero, pero también se acusó al entonces
Gobernador, Fidel Herrera, de ser beneficiario directo del proyecto, de ahí su
declaración: “Veracruz se sacó la lotería, ¡tenemos oro!”.
El 5 de junio de 2012, en el Día
Mundial del Medio Ambiente y ya con la MIA retirada, el nuevo gobernador y
ahora preso por enriquecimiento ilícito, Javier Duarte, se declaró en contra
del proyecto minero y, con esto, aparentemente la región quedó libre de minería
extractiva, manteniéndose el uso de suelo forestal.
LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD.
Adán Ves Lira, integrante del proyecto ecoturístico La Mancha (municipio de Actopan),
indica que se trata de “una región con mucha diversidad biológica”, debido a
que “existen varios ecosistemas que se forman a raíz de la cercanía de la
montaña con la costa”, así como “microclimas y microcuencas que, a su vez, se
transforman en diversos ecosistemas como humedales, lagunas costeras o
manglares; incluso, por estar cerca de la costa, también se forman dunas
costeras”.
Existen al menos seis lagunas que tienen diferentes
usos, desde recorridos ecoturísticos hasta la pesca controlada, de las cuales un
mínimo de dos tiene gran cantidad de manglares, que sirven para la reproducción
de nutrientes necesarios para las especies animales que aquí conviven.
“La región de la Mancha —continúa Ves Lira—
ocupa el primer lugar del estado de Veracruz en biodiversidad y Veracruz ocupa
el tercer lugar nacional. Nosotros nos encargamos de dar a conocer a toda la
gente que nos visita la importancia de estos recursos y por qué debemos
cuidarlos”.
Gilberto Martínez Castellanos, agente
municipal de Villa Rica —una playa
importante e histórica, ya que Hernán Cortés desembarcó ahí por primera vez en
tierras continentales— también se
muestra preocupado por la insistencia en la extracción minera, que puede
contaminar severamente las playas.
“Nosotros somos pescadores y vemos que ese
líquido que usan para la extracción del metal nos escurre y nos puede afectar”,
también “en la contaminación del marisco y del pescado”. Las playas “están bonitas”
y “tenemos miedo de que por esas afectaciones se acaben”. Además, unas
tortugas “vienen a poner sus huevos cada año”, expone serio ese funcionario
público local.
El proyecto minero Caballo Blanco-La Paila,
así como todas sus ramificaciones, “acaba de ser suspendido porque ha retirado
su Manifiesto de Impacto Ambiental al encontrar en Veracruz un pueblo
organizado, un pueblo dispuesto a decirles: ‘no los queremos, se tienen que ir
de aquí'”, expresa con firmeza Sánchez Vázquez.
Tanto LAVIDA como miembros de las distintas comunidades, campesinos, pescadores,
ganaderos y gente que se dedica al ecoturismo argumentaron el gran destrozo
ambiental como uno de los factores más importantes para frenar este proyecto.
Tanto Candelaria Mining como Almaden Minerals
no pudieron contra los argumentos y las investigaciones independientes que se
les presentaron. Así, decidieron retirar su MIA y suspender su iniciativa,
aunque en la población ha quedado la enseñanza de que los proyectos se pueden
vender a otras empresas, convirtiéndose en amenazas cíclicas.
Por ello, a pesar de la suspensión, la
organización no se ha frenado y LAVIDA continúa haciendo labores de
información. Entre los diferentes sectores productivos continúan las reuniones
para prevenir nuevos proyectos extractivos o de otra índole que atenten contra
el territorio. Por su parte, el
Gobierno veracruzano mantiene aún concesiones equivalentes a 243 mil hectáreas
(3.36 por ciento del territorio estatal) para prospección y exploración
mineras.
“Tenemos
que aprender a decir no. Aunque el proceso es largo, el mayor esfuerzo es
decirle al Gobierno federal que esas concesiones las tiene que cancelar […], no
le traen ningún bien a Veracruz”, concluye Ascención Sánchez Vázquez antes
de llevarnos a recorrer las mejores vistas de las lagunas y las playas de esta
región.
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