Habitantes de Ixtacamaxtitlán, en la
Sierra Norte de Puebla, manifestaron simultáneamente en el Parlamento de
Ottawa, Canadá, y en la entidad mexicana su rechazo a la instalación de una
mina a cielo abierto de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria
de la canadiense Almaden Minerals, actualmente en fase de exploración avanzada,
ya que violaría su derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.
De acuerdo con una evaluación de
impacto realizada desde septiembre de 2014 por especialistas, y respaldada por
organizaciones civiles como PODER, la minera ha mentido a sus inversionistas al
asegurar que la zona donde planean operar está deshabitada y que el uso de
suelo es nulo. Además, omitió la existencia de un juicio de nulidad, así como
una solicitud de cancelación emitidos por la población afectada.
La empresa –dueña de 72 por ciento de
las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla– tiene un
historial de violaciones a derechos humanos. Almaden ha participado directamente o como accionista
en otros proyectos mineros como Caballo Blanco y White River que resultaron
nocivos para el medio ambiente y derechos humanos, por lo que fueron suspendidos.
También
contrató a Knight Piésold Engineering para redactar su declaración de impacto
ambiental, a pesar de que esa compañía trabajó para la presa de relaves
canadiense Mount Polley, la cual estuvo involucrada en el desastre ambiental de
2014 en Columbia Británica, cuando se derramaron 8 millones de metros cúbicos
de residuos tóxicos al lago Polley, al arroyo Hazeltine y al lago Quesnel.
En mayo el diario local Central
reportó que empleados de Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión se adueñaron
de predios privados en la comunidad de Loma Larga, perteneciente al municipio
de Ixtacamaxtitlán, con amenazas y el uso de la fuerza. El Presidente Municipal
Eleazar Hernández Arroyo ha negado haber recibido sobornos de la minera Almaden
Minerals y rechazó haber otorgado licencias de uso de suelo para la extracción.
“Las mineras canadienses son objeto
de quejas en comunidades de todo el mundo”, destacó Benjamín Cokelet, director
de la organización PODER. En México violan derechos humanos sin que el gobierno
canadiense ni mexicano las controlen.
El diario The Ottawa Citizen reportó
a inicios de año que “las compañías extractivas canadienses han estado
involucradas en los ejemplos más notorios de abusos contra los derechos
humanos”.
Un informe del Proyecto Justicia y
Responsabilidad Corporativa encontró que, entre 2000 y 2015, murieron 44
personas a raíz de incidentes con mineras canadienses y 403 resultaron heridas,
además de que hubo 709 casos de criminalización, incluyendo órdenes de arresto,
detenciones y presentaciones de cargos relacionados con conflictos mineros.
En México,
del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por
ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración,
desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (REMA). En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en
América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres
asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina.
El 25 de abril de 2016, el Primer
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibió una carta de más de 180
organizaciones de América Latina y otros países que le solicitaban regular el
comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el
extranjero, pero la ignoró.
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