De las
oficinas de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional surgió la idea hace
una docena de años. Un experimento natural de la tecnocracia, mezcla de
ingeniería financiera y especulación propia de los mercados de valores, los bonos catastróficos han sido
presentados por el gobierno federal como el antídoto perfecto para atenuar las
tragedias causadas por terremotos y huracanes en México.
Pero NO es exactamente así. Su diseño, que incluye la creación de empresas públicas de papel en paraísos
fiscales como las islas Caymán, ha sido tan limitado y deficiente que el
gobierno mexicano ha pagado en 12 años decenas de millones de dólares más de lo
que ha recibido.
Una
investigación realizada durante varios meses por Quinto Elemento Lab, Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad, así como la revista Proceso, muestra que este es un mal negocio para el
país y que podría ser aún peor. Aquí explicamos por qué.
Flanqueado
por los secretarios de la Defensa, Marina y Gobernación, así como por el jefe
de gobierno de la Ciudad de México, Peña Nieto dirige un mensaje a la Nación.
Ya han pasado varias horas desde que el terremoto de magnitud 7.1 se produjo.
Buena parte de la ciudad se encuentra sin energía eléctrica. “Esta tarde hubo
un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del
país. Este desastre se da a menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó
a Chiapas y Oaxaca”.
Aún no lo
sabe, pero la destrucción será de una magnitud impensada. Reconstruir al país
costará 48 mil millones de pesos, una cifra monstruosa aun en dólares: 2 mil
600 millones de dólares. Difícilmente habrá recursos para recuperar las 180 mil
viviendas destruidas, los 13 mil negocios afectados, las 16 mil escuelas
dañadas, los 12 mil inmuebles del patrimonio cultural mexicano golpeados por el
terremoto.
No hay
ningún atisbo de sonrisa. Porque la
tragedia ha desnudado incluso el optimismo oficial del presidente Peña Nieto y
su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien unos días antes hablaba con
orgullo de su afortunada decisión de lanzar un producto estrella de la
tecnocracia: los bonos catastróficos.
“Este bono catastrófico nos ayuda en
eventos extremos como éste”, había dicho Meade apenas el 12 de septiembre en
entrevista televisiva, al referirse a otro sismo, el del 7 de septiembre que
afectó a Oaxaca y Chiapas. “Nos permite enfrentar la contingencia con salud de
finanzas públicas, pero sobre todo con agilidad y con mecanismos para que
pronto se sienta el apoyo, el aliento y la cercanía desde la emergencia hasta
la reconstrucción”.
Sólo que la
dimensión de la nueva destrucción eclipsaba por completo el logro presumido por
el entonces secretario de Hacienda: en
esta ocasión, como en varias otras anteriores, México no cobraría ni un peso
del bono catastrófico por dos razones:
Porque el contrato firmado por la Secretaría de
Hacienda establecía que sólo se recibiría dinero en caso de que el sismo
tuviera una magnitud de 7.5.
Y porque,
aunque hubiese tenido esa u otra magnitud mayor, los inversionistas no pagan dos veces. Y el terremoto ocurrido 12 días
antes sí cubría los requisitos. Y por ese sí pagarían, pero no soltarían ni un
dólar por el segundo terremoto de septiembre de 2017.
Contrariamente al optimismo oficial, los bonos catastróficos o catbonds,
como se les conoce en inglés y en el mundo de inversionistas internacionales, no han sido el mejor negocio para el país.
Los bonos catastróficos, en realidad,
no han aliviado a México en casi ninguno de sus desastres naturales desde que
se contrató el primero en 2006, de acuerdo con documentos obtenidos como parte de la
investigación Paradise Papers, así como la revisión de cientos de páginas de
documentos confidenciales y entrevistas con funcionarios cercanos a las
negociaciones.
Las cuentas,
hasta este momento desconocidas por la opinión pública, arrojan números rojos. El gobierno mexicano ‒ya sea en los
sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto‒ ha pagado al
menos 277 millones de dólares en primas y cuotas y, en cambio, ha recibido 200
millones de dólares.
Lejos de ayudar a aliviar las
catástrofes, se han quitado recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales
(Fonden), cuya razón
de ser es atender precisamente las necesidades de reconstrucción luego de que
ocurren las tormentas, huracanes, inundaciones y terremotos. Esta falta de lógica ya ha sido alertada al
gobierno federal por la Auditoría Superior de la Federación, pero la Secretaría
de Hacienda no le hizo ningún caso.
Una apuesta
contra la naturaleza.
Un bono de
riesgo catastrófico es, en palabras sencillas, una apuesta contra la
naturaleza. Una en la que participa en este caso el gobierno emisor, por un
lado, y un grupo de inversionistas globales, por el otro.
Los últimos
tres gobiernos mexicanos han cruzado apuestas en torno a la intensidad de los
terremotos y huracanes que azoten al país en los años de vigencia del bono. Durante varios años lo hicieron a través
de una empresa de papel llamada CatMex que ha operado desde el paraíso fiscal
de las islas Caymán.
El esquema
funciona así: la Secretaría de Hacienda
hace, a través de un intermediario financiero y con la asesoría del Banco
Mundial, una oferta privada de bonos catastróficos. Los inversionistas
extranjeros interesados “aseguran” los papeles emitidos por México.
Si en el tiempo que esté vigente el
bono el país no sufre un terremoto de magnitud superior a 7 o 7.9 (dependiendo
de su ubicación), México no recibe nada y, además, pagará a los inversionistas
una prima de millones de dólares extraídos de los recursos del Fonden. No importa qué tan destruidas queden
las ciudades, como ocurrió el 19 de septiembre con la capital y Jojutla, por
ejemplo.
Con los
huracanes sucede algo similar: los
inversionistas ganan millones de dólares cuando éstos son de categorías menores
a 4 ó 5. Cualquier otro fenómeno natural de este tipo que se ubique por debajo
de esos parámetros, sin importar los destrozos ocasionados a comunidades ni el
número de muertos, merma las finanzas públicas.
A diferencia de un seguro, en el que
se paga una prima periódica y un deducible y, a cambio, el patrimonio asegurado
es reparado sin importar qué tan graves o leves sean los daños, el bono catastrófico mexicano es uno de los pocos en el mundo que no toma
en cuenta la destrucción ocasionada por el fenómeno.
El modelo
utilizado para lanzar los bonos –el “paramétrico” en lugar del de daños– ha
tenido consecuencias negativas para el país: el dinero recuperado por México (200 millones de dólares) nunca ha
superado los pagos hechos a inversionistas e intermediarios (277 millones de
dólares) a lo largo de 12 años, de acuerdo con documentos del gobierno
federal obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública para esta
investigación.
México, de
hecho, sólo ha cobrado en dos ocasiones el bono. Además, cuando el huracán
Patricia, la tormenta más poderosa que se haya registrado en el hemisferio
Occidental, afectó el territorio nacional, se
recuperó únicamente la mitad del pago establecido.
Y todo porque las reaseguradoras e
inversionistas se aferraron a las mediciones reportadas por un cazahuracanes
aficionado llamado Josh Morgerman, cuya historia ya contaremos.
La idea
original de lanzar el bono nació en 2002 de la cabeza de Guillermo Babatz,
entonces director del área de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda,
según la Memoria 2006-2012, un informe de actividades publicado por la propia
Secretaría.
Babatz,
economista egresado del ITAM con doctorado en la Universidad de Harvard, tenía
ya una trayectoria de 15 años en el sector de las finanzas públicas. Años
después sería el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y, al abandonar la función pública, integrante de la junta directiva
de Scotiabank.
Algo falló en el diseño: no sólo no
incluyó fenómenos como la Gran Inundación de Tabasco, sino que el bono, cuya
vigencia era de 2006 a 2009, exclusivamente cubría sismos con una magnitud de
7.5 para el centro del país y de 8.0 en las costas del Pacífico.
En ese
trienio no ocurrió un solo sismo que superara las magnitudes pactadas en el
contrato con inversionistas, cuyo apetito por este nuevo tipo de apuestas
catastróficas ha llevado a que el mercado global de éstas tenga un valor actual
de 90 mil millones de dólares.
Las costosas
fallas del segundo experimento.
Ese primer
experimentó derivó en un segundo. Agustín Carstens, también economista graduado
del ITAM, insistió. Como secretario de Hacienda avaló la emisión de un nuevo
bono catastrófico por primera vez incluía cobertura por huracanes en ciertas
regiones del país, pero no en todas. Sería una mala decisión.
Las
autoridades de Hacienda contrataron a Pérez Maldonado para encabezar el diseño
del nuevo bono. En octubre de 2009 se recurrió, además, a la asesoría técnica
del Banco Mundial, en parte para que esta institución recomendara la
contratación por segunda vez de la reaseguradora Swiss Re y, así, evitar una
licitación pública, según reconoció el propio funcionario en entrevista.
Hubo otras
innovaciones que lindan con claros conflictos de interés. El gobierno de México también contrató a la firma Goldman Sachs para
colocar el bono entre inversionistas. Sólo que el director general para México
y encargado de inversiones para América Latina de la empresa tenía algo en común
con el subsecretario de Hacienda: el apellido Werner. Eran hermanos.
“Ahí hubo
una decisión un poco política porque estaba Martín Werner en Goldman Sachs, y
estaba Alejandro Werner acá, y pues, así se ve bonito”, aceptó Pérez Maldonado.
Alejandro Werner, actual director del
Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, institución que
promueve el uso de bonos catastróficos entre países de bajos recursos, no
respondió a una petición para que comentara sobre la contratación de la firma
en que su hermano era alto funcionario.
El bono del trienio 2009-2012 ha sido
el más caro para el país en varios sentidos. El costo total de las primas fue
de al menos 110 millones de dólares, de acuerdo con documentos oficiales.
Y con este
bono en vigencia, México recibió el año 2010, catalogado como uno de los peores
años para el país en materia de desastres naturales.
Una serie de tormentas y huracanes
azotaron el territorio mexicano y ocasionaron daños por un total de más de 7
mil 380 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones oficiales, PERO EL
GOBIERNO PAGÓ TODAS LAS PRIMAS Y NO RECIBIÓ UN PESO DE VUELTA.
Con la
llegada de la temporada de lluvias, en junio de ese año, apareció la tormenta
tropical Alex, que pronto se deslizó por el Golfo de México y se transformó en
huracán categoría 2 al aproximarse a Tamaulipas. Su llegada a tierra firme
afectó a Nuevo León, cuya capital Monterrey se vio repentinamente inundada
luego de que el río que la cruza se desbordó por completo por el gran caudal
que Alex llevaba consigo.
Hubo siete
muertos ante las violentas oleadas y daños materiales por 2 mil millones de
dólares, según reportes oficiales. Las calles de las principales avenidas,
primero agrietadas y después despedazadas por completo, tardaron meses en ser
reparadas.
Pero el bono recién emitido no se
activó. La Secretaría de Hacienda omitió incluir en el contrato las zonas
afectadas por Alex, como puede constatarse en el documento elaborado por
Hacienda con el título “Estrategia de Aseguramiento del Sector Público”.
Menos de
tres meses después, de nuevo salieron a flote las deficiencias de los bonos
catastróficos diseñados por Hacienda: la tormenta tropical Karl azotó Veracruz
y luego se trasformó en un huracán categoría 3 calificado por especialistas
como “extremadamente peligroso”. Se registraron más de un millón de
damnificados, 150 mil personas desplazadas y 12 muertos. Las pérdidas sumaron 3
mil 900 millones de dólares, pero la
zona afectada tampoco estaba cubierta por el bono.
El remate al
mal diseño se conoció unos días más tarde: el 25 de septiembre la tormenta
tropical Matthew ingresó a territorio nacional por Quintana Roo y provocó daños
por mil 972 millones de pesos.
Adivinaron: los diseñadores del segundo bono tampoco
incluyeron esa zona en la cobertura.
La
acumulación de fenómenos naturales en esa temporada y los cuantiosos destrozos
causados llevaron al nuevo secretario de Hacienda, un actuario también egresado
del ITAM, Ernesto Cordero Arroyo, a negociar con Congreso para conseguir más
recursos en el presupuesto.
Ante la
emergencia, los legisladores aprobaron la creación de un nuevo Fondo de
Reconstrucción, con un monto de 4 mil 500 millones de pesos (unos 350 millones
de dólares). Además, la Secretaría de
Hacienda contrató un reaseguro adicional por 76.5 millones de dólares para el
Fonden. El país ya había perdido los 110 millones de dólares en primas pagadas
por un bono que no sirvió de gran cosa.
Odile,
Patricia y el caza huracanes.
Baja
California Sur sufrió el 14 de septiembre de 2014 la intensidad de Odile, el
huracán “más devastador” que haya tocado tierra en ese lugar. Las ráfagas de
vientos doblaron postes de luz y palmeras, hicieron volar puertas y derrumbaron
estructuras enteras. El techo del aeropuerto voló por completo, dejando una de
las terminales en ruinas. Dieciocho personas murieron y los daños se estimaron
en mil 22 millones de dólares.
Agazapado
atrás de un escritorio de la desierta recepción del hotel Holiday Inn Express
de Cabo San Lucas, se encontraba filmando Josh Morgerman, un caza huracanes
oriundo de West Hollywood.
Morgerman,
de 48 años, trabajó en la industria del cine luego de haber estudiado Historia
en la Universidad de Harvard. En 1999 fundó una agencia publicitaria, entre
cuyos clientes se hallaban Vodafone, Google y las alcaldías de West Hollywood y
Palm Springs. Obsesionado desde su infancia con los huracanes, decidió dedicarse
a cazar tormentas.
El día
previo a que Odile tocara tierra,
Morgerman había volado a Cabo San Lucas y dispuesto su equipo para su encuentro
con el huracán: dos videocámaras, un iPad, un celular, un cargador, una laptop
y dos Krestel 4500s –celulares adaptados como barómetros para medir la presión
atmosférica a medida que el ojo del huracán pasara–. Se colgó uno de los
Krestel en el cuello y dejó el otro en el baño de su habitación. Las lecturas
de la presión atmosférica del ojo del huracán (medidas en milibares) son
indicadores importantes de la fuerza de la tormenta: entre más baja sea la
lectura, más poderoso es el huracán.
A medida que
el ojo de Odile se aproximaba, entre las 9 y las 11:08 pm, la presión descendió
40 milibares, llegando a 943 milibares, de acuerdo con las mediciones del
californiano. Esa lectura era 21 milibares más alta que la captada por un avión
de reconocimiento de la Fuerza Área de Estados Unidos.
Morgerman
envió su reporte al Centro Nacional de Huracanes de EU, que reúne información
de fuentes tan diversas como aviones del gobierno, satélites, barcos,
plataformas petroleras, estaciones de monitoreo locales y reportes in situ. El
centro usa esos datos para elaborar sus reportes, considerados como la fuente
más confiable para fijar la severidad y el tamaño de los huracanes. Esos
reportes también determinan si se pagan o no los bonos catastróficos de México.
El bono catastrófico que cubría los
eventos de ese 2014 había sido lanzado dos años antes por el entonces titular
de la Secretaría de Hacienda en el último tramo del gobierno del panista Felipe
Calderón: José Antonio Meade Kuribreña, el hoy candidato del PRI a la
Presidencia de la República.
El diseño del bono preveía que México
recibiría 100 millones de dólares si la presión del huracán era de 920 o menos
milibares, cantidad que se reduciría a la mitad si la presión era menor a 932
milibares.
Las
autoridades de Hacienda y los inversionistas calcularon que México recibiría 50
millones de dólares por el impacto de Odile, dado que un reporte inicial del
Centro Nacional de Huracanes de EU había calculado la presión en 930 milibares.
El centro tardó tres meses en emitir
su reporte final, pero hubo una sorpresa: basado en los reportes del caza
huracanes, situó la presión en 941 milibares, lo que dejaba a la tormenta fuera
de los parámetros técnicos del bono catastrófico.
México no recibió ni un dólar.
Las
autoridades mexicanas estaban incrédulas. “Cuando sucedió el evento, muchos
estábamos contentos pensando que habría un 100 por ciento del pago. ¿Y luego qué paso? ¡No hubo pago!”,
comentó en entrevista Salvador Pérez Maldonado, el funcionario a cargo del bono
en ese momento. Pérez buscó a Morgerman para preguntarle qué había pasado, qué
método había usado, sus criterios. “Al final fue algo arbitrario”.
No estaba
solo en su percepción. Robert Muir-Wood,
doctor en ciencias naturales y experto en riesgo catastrófico, publicó en julio
de 2017 un texto en el que critica el modelo usado por el gobierno mexicano
para emitir los bonos. Al estar basado en parámetros y no en los daños que
causa un desastre natural, se expone a que la información generada por un caza
huracanes inexperto determine si cobra o no el pago debido.
“Que las mediciones de un amateur
puedan determinar el desenlace de un pago de 100 millones de dólares en un bono
catastrófico mexicano conlleva nuevos riesgos”, escribió Muir-Wood. “¿Qué pasa si el mismo caza huracanes es, a
la vez, un inversionista del bono?”.
El mismo
Morgerman aseguró no estar enterado de que su información se utilizara para
definir si un país recibe el pago o no de un bono de ese tipo.
“Es ridículo
[que el pago del bono] se base solo en la presión del huracán. Hay mucha
fetichización en torno a la presión. Ésta no dice mucho acerca del potencial
destructivo de un huracán”, comentó Morgerman a un equipo del Programa de
Periodismo de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Columbia, en Nueva
York, quienes compartieron con los periodistas mexicanos buena parte de la
información de este segmento.
Un año
después de Odile, cuando el huracán Patricia se acercaba a las costas de Colima
y Jalisco, se repitió la historia.
El Centro
Nacional de Huracanes de EU emitió una alerta el 23 de octubre de 2015: la
tormenta alcanzó la categoría 5, registra vientos sostenidos de 325 km/h y es
“el huracán más poderoso registrado” tanto en el Pacífico como en el Atlántico
norte, con posibles efectos “catastróficos” cuando toque tierra en la costa
Oeste de México esta tarde.
Las
autoridades mexicanas se declararon entonces en máxima alerta. “Ningún huracán
de esta magnitud había impactado el Pacífico mexicano”, escribió en su cuenta
de Twitter el presidente Enrique Peña Nieto.
La
Secretaría de Gobernación también tomó medidas: advirtió que un huracán de esa
magnitud era capaz “de levantar automóviles, destruir casas que no estén
cimentadas con acero, varilla y cemento y arrastrar a personas en las calles”.
En Jalisco
las autoridades trasladaron a unas 50 mil personas de las zonas en riesgo y
habilitaron un refugio temporal.
Por fortuna, Patricia se estrelló
primero contra las montañas, lo que redujo significativamente su intensidad y
el Centro Nacional de Huracanes tomó de nuevo en cuenta las mediciones de
Morgerman ‒el caza huracanes se hallaba en un hotel de Emiliano Zapata, un
pequeño pueblo cerca de la costa del Pacífico‒ y degradó la presión del huracán
en su reporte final.
Así que de los 100 millones de
dólares que se esperaban obtener, el pago se redujo a 50 millones de dólares.
El modelo paramétrico diseñado por la
Secretaría Hacienda había jugado en contra del país una vez más.
México, a
contracorriente.
El pago de 50 millones de dólares a
México por el huracán Patricia representó la primera pérdida de los
inversionistas en 9 años, pero también la oportunidad para que algunas voces dentro del gobierno
expresaran sus dudas en torno al modelo de parámetros meteorológicos.
Carlos
Valdés, director del Cenapred, recomendó
a la Secretaría de Hacienda que se cambiaran los bonos por unos basados en
daños. “La propuesta era que se modificaran los bonos, que no fueran en función
de una medición”, dice Valdés en entrevista. “Lo que tiene que ver es el
impacto y el efecto”.
Los
instrumentos paramétricos, basados en magnitud e intensidad de los desastres,
son relativamente raros en el mercado, ya que la gran mayoría se negocian con
base en los daños que deja a su paso un desastre natural.
Los
defensores de los bonos paramétricos, como el de México, dicen que el proceso
es más rápido y eficiente. Pero la realidad es que casi todos los países han
rehuido adoptar ese tipo de instrumentos.
En 2003 el
entonces incipiente mercado estaba dominado por indicadores paramétricos –68
por ciento de los casos–, mientras que las coberturas por daños apenas
representaban 10 por ciento.
Pero esto ha
cambiado: los bonos vigentes en 2017 con
detonante paramétrico representan apenas 4.9 por ciento, mientras que los
seguros por daños llegaron ya a 57 por ciento del total. El 38 por ciento
restante corresponde a otro tipo de coberturas.
México navega a contracorriente de la
tendencia mundial, de acuerdo con una base de datos elaborada para esta
investigación con información de la agencia especializada Artemis.
Reportes de
organismos públicos mexicanos encargados de fiscalizar el buen uso de los
recursos públicos también han hecho
énfasis en que el modelo paramétrico no es conveniente, por más que las
autoridades de Hacienda insistan en ello.
Un estudio elaborado en 2014 por la
Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente del Congreso,
destaca la inconveniencia de mantener ese tipo de bonos: “Las coberturas contratadas mediante el bono catastrófico no han sido
acordes para los eventos de desastres naturales que han ocurrido en los últimos
años en el país”.
Y pone un
ejemplo más. “Tres de los 10 desastres
naturales más costosos de las dos últimas décadas ocurrieron en 2010 con los
huracanes Alex, Karl y Matthew; sin embargo, no alcanzaron las magnitudes
requeridas para que se activara el bono catastrófico”. Siguen sin hacer caso
a lo que dicen los auditores.
Desaparece
La Pintada.
Ingrid y
Manuel actuaron coordinadamente. Ambos ingresaron al país el 15 de septiembre
del 2013, pero desde frentes distintos: Manuel desde el Pacífico frente a las
costas de Guerrero e Ingrid lo hizo por el Golfo de México. El primero fue
clasificado como una tormenta y la segunda como un huracán. Ambos compartían
una fuerza desgarradora.
El Cenapred
los valoró en ese momento como los fenómenos meteorológicos más destructivos
que hayan tocado suelo mexicano, dejando a su paso una estela de muerte (157
personas fallecieron) y de destrucción (los daños se calcularon oficialmente en
3 mil millones de dólares). Manuel se encargó del trabajo más sucio: durante
horas descargó torrentes de agua sobre las montañas de Guerrero, una de las
cuales no resistió y se desgajó. La ola de tierra y lodo enterró a una
comunidad casi completa: La Pintada, poblado de unos 620 habitantes. Una imagen
aérea muestra cómo la masa color terracota sepultó casas y a las familias que
ahí habitaban.
“Fue en
segundos”, dijo una de las sobrevivientes al medio local Grado Cero. “Nosotros
nos cuidábamos del río, que no se fuera a desbordar, y no fue el río. Fue el
cerro”.
Ni Manuel ni Ingrid serían
considerados lo suficientemente fuertes para que el país recibiera un pago. El
Fonden, además de cubrir los daños causados por ambos, tuvo que pagar más de 35
millones de dólares a los inversionistas.
Un año
antes, el 15 de octubre del 2012, México había emitido su tercer bono
catastrófico consecutivo. La estructura,
a cargo de José Antonio Meade, articuló a los actores ya conocidos: el Banco
Mundial, Swiss Re y Goldman Sachs.
La historia de Swiss Re con el
gobierno de México es peculiar: en estos 12 años ha sido contratada cuatro
veces para colocar y administrar sus bonos. Existen otras cercanías: el ex director del Fonden,
Rubem Hofliger Topete, es hoy un alto ejecutivo de la firma, a cargo de las
cuentas de los clientes latinoamericanos. Se solicitó una entrevista con él,
pero la empresa declinó la solicitud. Y Juan
Pablo Regidor, de alto funcionario de Hacienda en el área que diseña los bonos,
se convirtió en el actual vicepresidente de Swiss Re en México.
Tampoco hubo
licitación en este caso, pero el gobierno contrató a Appleby, el despacho
especializado en servicios offshore ubicado en el paraíso fiscal de Bermudas,
para administrar su sociedad de papel, de acuerdo con información de Paradise
Papers, el proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación a partir de información compartida por el diario alemán
Süddeutsche Zeitung.
Una mínima
dosis de “suerte”
La política
a veces funciona como una ruleta. Algunos funcionarios repiten en el cargo y
otros salen despedidos hacia el olvido. José Antonio Meade es de los primeros.
En septiembre de 2016 regresó a la titularidad de la Secretaría de Hacienda
luego de ocupar otros cargos en el gabinete presidencial, pero ahora en el
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así que el
demoledor sismo de 8.2 grados que se originó a 150 kilómetros de las costas de
Chiapas a las 11:50 de la noche del 7 de septiembre de 2017 lo tomó en
funciones. El terremoto de mayor magnitud en los últimos 100 años de la
historia de México había sacudido al menos a 50 millones de personas y los efectos
de su devastadora potencia estarían por verse en las horas siguientes.
No serían
menores en Oaxaca, Chiapas y dos estados más: 130 personas murieron y más de 85
mil hogares fueron afectados. El presidente Peña Nieto decretó día de luto
nacional.
Apenas un
mes antes de este desastre, Meade se
había hecho cargo de la operación para emitir un nuevo bono catastrófico, ahora
para el periodo 2017-2020. Pero desatendió las recomendaciones del Cenapred y
de la Auditoría Superior de la Federación: lanzó un bono basado en parámetros,
para lo cual cubrió casi 68 millones de dólares en primas.
Por
“suerte”, la magnitud de gran escala del terremoto “disparó” el pago del bono. México, por primera vez en 12 años, obtuvo
los recursos completos amparados por la cobertura: 150 millones de dólares.
Esa cantidad
no resarciría, por supuesto, todos los destrozos. Eran días difíciles, pero
luego vendrían otros peores con el terremoto de magnitud 7.1 que golpeó
severamente a la Ciudad de México y a varias poblaciones de Morelos y Puebla.
El bono catastrófico mostró una vez
más las limitaciones de su diseño: los inversionistas no pagarían ni un solo
peso por el segundo terremoto porque está estipulado que sólo se cubre un
evento catastrófico en el periodo de vigencia.
Si luego se hubiesen producido otros
terremotos o el territorio hubiese sido azotado por huracanes, no habría habido
ni una moneda más. Ni una moneda más.
Epílogo.
Las
autoridades de la Secretaría de Hacienda emitieron en febrero de este año, otra
vez de la mano del Banco Mundial, y en conjunto con Perú, Chile y Colombia
(países que conforman la Alianza del Pacífico), un nuevo bono catastrófico para
cubrir terremotos de fuerte magnitud.
Se trata, informó el Banco Mundial en
un comunicado, de “la mayor operación de cobertura de riesgo soberano y la
segunda mayor emisión en la historia del mercado de bonos catastróficos”.
Éste también es un bono paramétrico.
Y ya conocemos la historia alrededor de él.
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