La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) dio a conocer una investigación sobre la operación de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) para el presunto desvío de recursos del erario público.
Este lunes, la ASF dio a conocer dos nuevos métodos
distintos que fueron usados por Sagarpa para malversar los recursos
presupuestales en donde más de 3 mil 500 millones de pesos nunca llegaron a
manos de los campesinos.
Carlos Loret
de Mola, en su programa de radio transmitido por Grupo Radio Centro, mostró los
avances de la investigación de la Auditoría Superior.
Por ejemplo,
encontró que una misma huella digital se
repetía cientos de veces en los padrones con los nombres y direcciones de los
supuestos beneficiarios.
En esta ‘clonación’, sólo algunos
recibían los apoyos, y las demás eran firmas falsas que permitían justificar el
apoyo brindado.
El segundo
método utilizado por la institución fue
‘la doble mesa’, en donde el personal de Sagarpa iba a los pueblos y colocaba
dos escritorios.
En el
primero, los campesinos firmaban un
documento donde aseguraban haber recibido mil 500 pesos. En la segunda
mesa, el documento sobre el apoyo
disminuía a 800 o 900 pesos en efectivo o en especie, con lo que se ‘perdían’
entre 600 y 700 pesos.
Sagarpa fue una de las instituciones que fue
vinculada a la ‘Estafa maestra’, investigación que reveló que el Gobierno
federal usó a más de 128 ‘empresas fantasma’ para desviar más 3 mil 433
millones de pesos con el apoyo de universidades y dependencias públicas.
La
investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI) encontró que 186 compañías recibieron 7 mil 670 millones de
pesos del Gobierno federal, a través de contratos que violan la Ley General de
Adquisiciones y que se reportaron en las Cuentas Públicas del 2013 y 2014.
El desvío de recursos lo hicieron 11
dependencias federales en las que se encuentran la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras), el Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales (Fovissste), la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sagarpa, entre otras.
Además, contó con el apoyo de ocho
universidades públicas que fungieron como intermediarias y que, a cambio,
recibían comisiones de 1,000 millones de pesos.
En este
caso, tres universidades de Zacatecas
aplicaron el mismo método con los campesinos tabasqueños y zacatecanos para
supuestos estudios e investigaciones que mejoren las condiciones de producción.
Sin embargo, el apoyo prometido nunca llegó a manos de las cooperativas.
La Auditoría Superior de la
Federación investiga a los dos funcionarios que presuntamente
cometieron estos desvíos: Ricardo Aguilar Castillo, exsubsecretario de
Alimentación y Competitividad, y José Calzada Rovirosa, el entonces titular de
Sagarpa, quienes actualmente están contendiendo para ser legisladores del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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