A las viejas artimañas priistas para
ganar elecciones, como la compra masiva de votos y el uso de programas sociales
para manipular la voluntad ciudadana, se suma ahora la conducta atípica de
representantes de casilla que, expuestos también a la coacción, pueden ser la
clave de un fraude electoral.
Las conductas irregulares durante las
jornadas de votación son identificables en las estadísticas del Instituto
Nacional Electoral (INE), tanto en recientes procesos locales como federales;
sin embargo, dicho órgano se ha negado a investigarlas y a implantar medidas
preventivas.
“En general la autoridad es omisa, no
quiere investigar, no quiere ir al fondo de lo que está sucediendo. El INE,
bajo el mandato de Lorenzo Córdova, quiere restringirse a ser un órgano
electoral cuentavotos. No le interesa saber cómo llegan los votos, quién los
llevó… es la lógica del haiga sido como haiga sido”, denuncia Horacio Duarte,
representante de Morena ante el Consejo General.
A eso se refiere Andrés Manuel López
Obrador cuando habla de la posibilidad de un fraude y exige a los gobiernos que
se abstengan de realizarlo. Desde el pasado 1 de febrero, el candidato de la alianza Juntos Haremos
Historia (Morena, PES y PT) habló acerca de esa posibilidad:
“Nos enfrentamos a políticos
corruptos y a traficantes de influencias que no van a descartar ninguna
estrategia perversa, como la compra masiva de votos. Ya lo han hecho en otras
ocasiones: han utilizado dinero de procedencia ilícita, con la complicidad de
los organismos electorales que se hacen de la vista gorda.”
Para evitar
la eventualidad de un fraude electoral, anunció la designación de Marcelo
Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Scherer Ibarra, Rabindranath Salazar y Bertha
Luján como responsables de circunscripciones donde se encargarán de articular
una estructura “cazamapaches”.
Sin duda la
ocasión en que la advertencia de López Obrador causó más reacciones fue el 16 de
marzo, cuando dijo en la Convención Nacional Bancaria:
“Yo tengo
dos caminos, ya lo he expresado: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas.
Entonces, si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque,
Chiapas, tranquilo. También si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me
voy a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre que
lo amarre; ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude
electoral. Así de claro”, dijo.
–¿De qué está hablando López Obrador
cuando advierte sobre la posibilidad de un fraude? –se le pregunta a Horacio Duarte.
–Nosotros
hemos analizado todos los procesos electorales de los últimos años: 2006, 2012
y 2015, así como las elecciones locales de 2016-17. Encontramos dos cosas
fundamentales: comportamientos atípicos
en casillas, que van desde ausencia de representantes de casilla acreditados
hasta participación ciudadana por arriba de 70%, así como compra masiva de
votos a través de tarjetas de depósito. En ambos casos, las instancias
electorales son omisas en investigar.
En su
posicionamiento de la noche del 29 de marzo en la sesión del Consejo General
del INE para aprobar los registros a candidaturas federales, Duarte volvió a llamar la atención hacia el
asunto de las tarjetas y la vigilancia contra intromisiones gubernamentales
que, a su parecer, deben ser fiscalizadas por el INE. Hasta ahora la autoridad
electoral no ha atendido el reclamo.
Representación
comprada.
Desde 2006, el reclamo de realizar un recuento voto por
voto y casilla por casilla reflejaba la desconfianza sobre el llenado de actas,
una acción que necesariamente debía ser legitimada por los representantes de
casilla y que jamás fue esclarecida.
Proceso y un grupo de ciudadanos pidieron,
con fundamento en la Ley de Transparencia, que se les diera acceso a las
boletas para realizar un recuento ciudadano de los votos que, aun sin validez
jurídica para una impugnación, podría aclarar aspectos relevantes de la
elección presidencial que terminó favoreciendo a Felipe Calderón. Pero todas
las instancias del Estado mexicano cerraron las puertas al ejercicio del
derecho de acceso, lo que mantuvo el asunto en la opacidad.
Ahora, con
datos desagregados del INE, Duarte
muestra conductas atípicas, particularmente en casillas localizadas en
municipios rurales. Por ejemplo, el año pasado se identificaron en el Estado de
México casillas en las que llegó a registrarse hasta 85% de participación
ciudadana, cuando la media estatal es de 53%. La diferencia favoreció al PRI.
Otros datos extraños se encontraron
en las elecciones locales y federales concurrentes de Chiapas en 2015. Como en
todas las jornadas electorales, el INE registra la asistencia de representantes
de casilla a las 12:00 y a las 18:00 horas, pero esa vez se encontró que, al
mediodía, de 116 municipios 55 tenían menos de 5% de representantes en las
casillas; en 11 municipios las casillas tenían entre 5 y 10% de representación,
mientras que otros 50 municipios tenían entre 10 y 20%.
Sin embargo,
a las 18:00 horas la representación en
casillas había aumentado: sólo 46 municipios tenían menos de 5% de
representantes y 10 municipios tenían en sus casillas representación de entre 5
y 10%. Pero a esa hora sólo quedaban siete con representación menor de 20% y
otros siete con representación menor de 30%, pues para el cierre 20 municipios
reportaron cerca de 50% de representantes y 26 más estaban casi al 100% de
asistencia.
Al contrastar la baja representación
en casillas y la conducta anómala con el promedio de participación ciudadana y
el resultado electoral, hay un resultado simétrico. Esto puede observarse
claramente en Zinacantán:
En las dos revisiones que el INE hizo
de los registros de asistencia de representantes el día de las elecciones,
prácticamente no hubo nadie en toda la jornada. Pese a ello, la participación
ciudadana fue cercana al 100%, es decir, casi todos
los electores acudieron a las urnas y votaron masivamente por el PRI, que ganó
en todas las casillas de Zinacantán.
En ese municipio
de Los Altos de Chiapas hay 23 mil 826 electores empadronados y en esa jornada
electoral se colocaron 44 casillas. En promedio les tocó votar a 541.5 personas
en cada una. Para alcanzar la
participación ciudadana cercana al 100% esas personas tendrían que haber votado
de manera ininterrumpida desde las ocho de la mañana hasta las seis de la
tarde, en el supuesto de que cada elector se demorara un minuto con 10
segundos, cuando el promedio de estancia en casilla de un votante es tres veces
superior.
Duarte
explica: “Encontramos que, en general,
el comportamiento atípico de mucha participación y, en consecuencia, muchos
votos para el PRI, tiene como lógica poca presencia de partidos distintos al
PRI en las casillas. Para nosotros es un tema fundamental, pues se alteran los resultados en las
casillas, derivado de la nula vigilancia electoral de los partidos, aun cuando
han acreditado representantes.
“Digámoslo
así: el PRI se despacha con la cuchara
grande, y eso puede incluir que la gente no llegue a votar, que se falsifiquen
las actas, que se inventen los resultados, para que con ello el PRI garantice
la victoria en un territorio. Es la constante que encontramos.”
Los datos ofrecidos a Proceso
muestran que las elecciones federales de 2015 siguieron la misma dinámica en
Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, sin que –a decir de Duarte– Lorenzo
Córdova y otros consejeros electorales tomen medidas para corregir esa
situación.
Testimonios
desde el Edomex.
La noche del 3 de junio de 2017 Yeni
Santiago recibió la visita de activistas del PRI que le ofrecieron la llamada
Tarjeta Rosa. Por la calle de su barrio, en Temascalcingo, el grupo había
repartido despensas con listados en los que recogían datos de las credenciales
de elector.
Yeni se negó a entregar la suya y
sólo obtuvo una promesa de cartón. Le entregaron una tarjeta para que en el futuro la activara
y recibiera el famoso Salario Rosa con poco más de mil pesos bimestrales.
Al siguiente día, junto con su hija y
unos vecinos observó el conteo de votos en la casilla céntrica de la localidad.
Delfina Gómez llevaba una ventaja irreversible. Sin embargo, todavía está
sorprendida de que, al volver un día después, encontró que el resultado se
había invertido.
El testimonio de Yeni Santiago está
videograbado, igual que el de decenas de personas que en otros municipios
recibieron la visita nocturna de priistas con tarjetas de cartón y cargados de
despensas. Los relatos, grabados hacia finales del año pasado, coinciden en sus
detalles y en que hasta la fecha ninguno ha recibido los recursos que le
prometieron.
De acuerdo
con el representante de Morena ante el INE y dirigente del partido en el Estado
de México, la compra del voto y el uso
de programas sociales en los días previos a las elecciones es una realidad,
aunque el candidato del PRI, José Antonio Meade, haya asegurado el pasado 28 de
marzo: “Aquí jugamos limpio”.
La estrategia descrita por Duarte
consiste en la entrega de numerosas tarjetas monedero electrónico a usuarios de
programas sociales. Esa distribución, dice, impacta en los resultados de la
elección.
“Algo que demostramos en el Estado de
México es que se entregan tarjetas sin nominación, se depositan millones a las
cuentas concentradoras y no puedes rastrear el dinero; no puedes saber si llegó
a una familia que lo requería o si lo usaron para pagar la estructura del PRI.”
Estos datos coinciden con los de
algunos programas sociales. Mediante el de apoyo a la mujer se pagó a 6 mil
beneficiarios, y con el federal Prospera se depositaron recursos a 11 mil
personas: suman 17 mil beneficiarios no identificados con tarjetas bancarias
innominadas en una entidad donde se colocaron 17 mil casillas electorales.
Para Duarte,
los testimonios, los registros del propio INE y los datos de los programas en
el Estado de México indican la presencia
de tres conductas anómalas: casillas de comportamiento y resultados atípicos,
uso de programas sociales y el pago de la estructura del PRI dentro de esos
programas sociales.
–¿Qué ha hecho el órgano electoral
con esos datos? –se
le pregunta.
–Muy poco. La autoridad electoral
siempre exige que demuestres, casi con foto, quién entregó el dinero, a qué
ciudadano y cómo votó, que te muestre su boleta. Es un asunto imposible de
probar de esa forma.
En vista de
ello, Morena consiguió que, al encontrar
evidencia de que numerosos beneficiarios de programas sociales fueron
representantes de casilla del PRI, la autoridad electoral le diera vista a la
Fiscalía Especializada Para la Atención a Delitos Electorales, pero sin
resultados.
“Nos parece un retroceso porque, por
facultad legal y constitucional, el INE debe garantizar la equidad en la
contienda y que los gobiernos no intervengan en la elección, que no usen
recursos públicos. Pero con Córdova no hay ganas, no quieren. Su visión es que
el INE sólo debe contar votos, es un cuentavotos exclusivamente.”
Y se
extiende: “El INE se viene desgastando
en su credibilidad de manera estrepitosa. Sostengo que no se convierte en un
verdadero árbitro, que sólo está viendo cómo los partidos entran en debate y se
destrozan, cómo los candidatos lo utilizan… y el árbitro no entra a hacer nada,
simplemente los deja hacer”.
Añade que Morena ha resentido esas conductas
concatenadas (anomalía en representantes, padrón de programas sociales empatado
con estructura del PRI, compra de voto) particularmente en el Estado de México,
pero observa que también se aplicó en contra del PAN en Coahuila, donde a decir
de Duarte el partido del presidente Enrique Peña Nieto jugó al filo de la
legalidad.
Sin embargo,
expone que en Zacatecas la actuación de
los priistas fue especialmente violenta, pues usaron armas de fuego y guerra
sucia contra el candidato de Morena:
“Coahuila nos sirve para ejemplificar
cómo este acuerdo que tenía Ricardo Anaya con Peña Nieto se empezaba a romper,
a resquebrajar por la disputa de esa gubernatura. Entonces creo que el PRI
ensayó con los dos casos, con dos métodos distintos, que en su lógica fueron
exitosos.”
–¿Hay
elementos legales para combatir la compra de voto y de representantes?
–Es mandato
constitucional. El INE debe velar por algo abstracto que debe materializarse en
temas concretos. La Constitución dice que debe haber elecciones periódicas,
libres, con voto informado y razonado. Esa es la principal herramienta, que
parece teórica, pero cuando revisas la
ley (el INE) tiene una serie de facultades para intervenir, para sancionar. El
INE lo sabe, pero no las quiere usar.
Por ejemplo,
dice Duarte, hay un precedente con el pronunciamiento del INE sobre los videos
de la PGR que afectaban a Ricardo Anaya, porque es la primera vez que el órgano
electoral pone en debate la acción de un gobierno o dependencia para decir que
se afecta la equidad de la contienda.
“Lo mismo
ocurre con otros intervencionismos, intromisiones en el proceso, pero lo raro
es que el INE no quiera actuar parejo (cuando hay intromisión oficial) contra
todos los actores.”
En eso funda
la insistencia de Morena y de López Obrador:
“Lo que no queremos que ocurra es que
Peña Nieto apachurre el botón rojo y active toda la maquinaria. Es claro que el
PRI no modifica los resultados en todos los millones de votos, le basta mover
unos cuantos puntos porcentuales y obtener el resultado que desea.”
Finalmente,
Duarte lamenta:
“Tenemos
tres autoridades: el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE. El caso del tribunal es patético: está al servicio
del PRI, con magistrados que estuvieron a su servicio en procesos electorales
recientes. Tenemos una FEPADE lastimada en su independencia por la remoción de
Santiago Nieto y que carece de autoridad moral o política para imponerse en la
persecución de delitos. Y, en el caso del INE, se está debatiendo en decidir si
aprovecha la posibilidad de pasar a la historia como una institución que
recobre la confianza ciudadana o una autoridad autista. Con ese escenario, la
posibilidad del fraude está latente”.
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