Los asesinos de Javier Valdez.

Adela Navarro Bello.

Este gobierno no cambia. Ni cuando tiene un logro saben comunicarlo. Mucho menos respetar el recuerdo de quienes por la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad que se viven día a día en México, pagan con su vida la libertad que tuvieron.

De manera insensata, el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, comunicó en la informalidad de un twit que la Policía Federal adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad, había detenido a uno de los presuntos asesinos del periodista Javier Valdez.

Así, sin sustento, sin argumentos, sin dar detalles de la investigación, sin informar el móvil, sin dar a conocer las ligas del detenido con el narcotráfico y el crimen organizado, el grado de participación que tuvo en el crimen, o datos de la indagación ministerial, con solo su escrito en twitter como prueba, Navarrete escribió 40 palabras para informar de manera somera: “Felicito a los elementos de la @PoliciaFedMx, #CNS y @PGR_mx, que en una operación conjunta, hace unos momentos detuvieron al presunto responsable del homicidio del periodista Javier Valdez, quien lamentablemente fue privado de la vida el año pasado en #Sinaloa”.

Desde el 15 de mayo de 2017, día en que fue asesinado Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, tanto la Fiscalía del Estado como la Procuraduría General de la República, guardaron silencio en torno a la investigación del crimen contra el cofundador del periódico Ríodoce y escritor de ocho libros de no ficción. Fue difícil para familiares y compañeros de trabajo de Valdez, acceder a la indagatoria, conocer de los motivos, los orígenes del asesinato del periodista.

La secrecía de la investigación daba la impresión de ser más por la incapacidad que por la rigurosidad de una investigación ministerial. Durante once meses mantuvieron a la sociedad en general y a los lectores de Javier en lo particular, en el abandono informativo, sumando este caso a los de más de cien periodistas que han sido asesinados en los últimos 18 años, y cuyos casos permanecen en la impunidad.

Ni en Sinaloa ni en el medio es desconocido que a Javier Valdez lo mataron narcotraficantes del cártel de Sinaloa.

Los periodistas que en México han decidido hacer investigación en temas relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción policíaca, llevan la vida en ello ante la complicidad de criminales con agentes del Estado. Si el narcotráfico ha crecido en este país, ha sido porque ha contado con la participación de las instituciones del Estado Mexicano, cuyos elementos les brindan impunidad.

El cártel de Sinaloa es uno de los dos más notorios de México junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, entre los dos cubren de forma criminal prácticamente toda la República, concentrando poderíos en estados particulares, como es el caso de Jalisco y de Sinaloa. Esos territorios están marcados en el nombre criminal de las estructuras mafiosas. En ese contexto, desde Ríodoce Javier Valdez junto con sus compañeros del periódico, trabajaron y trabajan, investigaciones periodísticas en el tema del narcotráfico.

En medio de una guerra interna en el cártel de Sinaloa, las líneas editoriales fueron tomadas por los criminales como afrentas personales. Insisto, no es un secreto que el periodista como otros en este México impune, vivía amenazado. Que hubo de abandonar su tierra cuando la autoridad que está para proveer seguridad no lo pudo proteger ni a él ni a los ciudadanos de aquel estado, que todos los días escuchan las balas y ven los muertos caer.

Tres fueron los asesinos identificados –ahora se sabe- por la Fiscalía de Sinaloa y la PGR aquellos días posteriores al crimen, cuando localizaron material videográfico donde se aprecia a quienes se llevaron el auto del periodista después de asesinarlo. Así dieron con ellos. Tampoco se trata de una investigación profunda, meticulosa y científica, fue la evidencia circunstancial la que dio a los investigadores el hilo de donde jalar. Aun así, se tardaron casi un año en tener resultados, aun cuando siguen negando la información de la investigación.

Efectivamente, el lunes 23 de abril en Tijuana, Baja California, fue detenido Heriberto Picos Barraza “El Koala” como presunto asesino de Javier Valdez. Se refugió en esta entidad porque tanto en Tijuana como en Mexicali la capital, el cártel de Sinaloa tiene una presencia considerable dominando territorios criminales que disputa al cártel Jalisco Nueva Generación.

Así funcionan las estructuras criminales, “calientan una plaza con plomo y sangre” y se van a otra donde también encuentran cobijo impune y continúan con su vida delictiva. Si no son asesinados en cruentas guerras mafiosas, normalmente los sicarios, los traficantes, son detenidos en una zona distinta adónde operan criminalmente. Los asesinos de Javier Valdez no fueron la excepción. Faltan por lo menos dos para dar certeza a la autoría material del crimen, y por supuesto que no se olvidará que los asesinos intelectuales también deben ser juzgados.

De “El Koala” presumen que está inmerso en la célula criminal del cártel de Sinaloa que lideraba Dámaso López Núñez, quien fue detenido en la Ciudad de México el 2 de mayo de 2017, trece días antes del asesinato de Javier Valdez, periodista que había elaborado varios trabajos periodísticos con “El Licenciado” como protagonista, en medio de una guerra que sostenían con los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, peleando por el poder de “la plaza” tras poco más de un año de la reaprehensión del capo de Badiraguato en enero de 2016.

Pero esta es información las Procuradurías ya la sabían, la tenían y no actuaron con rapidez para aprehender a los asesinos de Javier. Les dieron tiempo de huir, de trasladarse a otro estado para seguir delinquiendo. Y faltan dos más. Y los autores o el autor intelectual, por supuesto. El crimen de Javier, de hecho, cualquier crimen no debería quedar en la impunidad, pero los casos de alto impacto que trascienden las fronteras de México como lo es el del periodista y escritor sinaloense, deben resolverse como casos ejemplo.

De acuerdo a Artículo 19, entre el 2000 y el 2018, 115 periodistas han sido asesinados en México. 42 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y si en el caso de Valdez la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión) se ha anotado un punto -que de hecho está por probarse con el proceso que se le siga a “El Koala” y la pronta aprehensión de los cómplices asesinos- en más del 90 por ciento de los casos de atentados contra periodistas, lo que prevalece es la impunidad.

No basta que en la Comisión Nacional de Seguridad que titula Renato Sales, finalmente se hayan convencido de que el asesinato del periodista tiene que ver con su entorno profesional. Que lo mataron por hacer periodismo de investigación. Conclusión a la que llegaron después de leer los últimos trabajos de Valdez. No basta con que hayan detenido a un presunto asesino. La familia de Javier, sus compañeros periodistas, sus lectores, la sociedad, deben saber en cuáles condiciones le quitaron la vida a un hombre de letras y palabras. Por qué, quiénes, cuál el contexto.

No basta la palabra del Secretario de Gobernación, del Comisionado o la del Fiscal Especial, se requiere certeza jurídica, investigación ministerial que pruebe que no se trata de un oportunismo político justo antes que se cumpla un año del atentado contra la libertad de expresión.

Los asesinos de Valdez han gozado de impunidad durante casi un año. Los autores materiales de igual forma.

El 15 de mayo compañeros periodistas de todo el País honrarán la memoria del periodista, y exigirán al gobierno de Enrique Peña Nieto, justicia. Justicia para Javier, para todos, cárcel para los asesinos.