El actual
proceso electoral no solo es el más grande en la historia de México, también es
el más violento, pues en siete meses 82
políticos han sido asesinados, de acuerdo con el reciente informe de la
consultoría Etellekt. Exfuncionarios, alcaldes, aspirantes y candidatos locales
son el sector más vulnerable a los ataques del crimen organizado, de acuerdo
con este conteo.
Animal
Político consultó a autoridades electorales de Jalisco y Puebla y a un
especialista en seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)
sobre la situación de riesgo que viven los contendientes y las medidas que
están tomando en medio de una crisis de violencia política.
De acuerdo
con el director de Etellekt, Rubén Salazar, 90 % de las agresiones documentadas en su informe fueron contra
funcionarios y candidatos del ámbito local, y esto lo atribuye al interés de la
delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante
las policías, así como servicios de agua y electricidad. El informe consultado
por este medio destaca que el 69 % de las víctimas fueron asesinadas por grupos
armados (54 casos), mientras que en otro 12 % (9 casos) las víctimas fueron
privadas de la libertad y posteriormente halladas sin vida y con señales de
violencia.
El 66% de los casos sucedieron en
seis entidades: Guerrero con 18 casos, Oaxaca con 13, Puebla (9), Veracruz (8)
y Estado de México (6). De acuerdo con Salazar, los ataques se dieron en
municipios con problemas de seguridad, de robo de combustible (huachicoleo) y
de robo de mercancía a transporte.
El
especialista explica que en la
elaboración del estudio detectaron varios patrones, como el que los municipios
que tuvieron mayores ataques contra políticos son colindantes y comparten
problemas en delitos específicos.
“Son municipios que están conectados
entre sí. Observamos cómo se están desarrollando ciertos corredores, ciertos
blindajes. Lo que te explica es que sí se están enfocando en ciertos
municipios, hay una intención por controlar políticamente algunas localidades”, explica en entrevista.
Otro patrón ubica los hechos
violentos en estados como Oaxaca, con motivaciones políticas, pues “podría tratarse
de disputas o de violencia derivada por cuestiones de carácter local.
Observamos mucha rispidez en los procesos de selección de candidatos en todos
los partidos”,
relata Salazar.
En Puebla,
por ejemplo, la consejera del Instituto Electoral del estado (IEEP) Claudia
Barbosa asegura que la violencia
política que se está presentando en varios municipios está dirigida contra
varias mujeres que buscan contender por algún cargo local.
“El panorama es más en el sentido de
agresiones o intimidación en contra de las candidatas, fundamentalmente a
través de mensajes de WhatsApp o redes sociales”, explica la consejera en entrevista.
Sobre el asesinato de alcaldes y
funcionarios en zonas con altos índices de robo de combustible, la consejera
electoral señaló que deben ser las autoridades estatales las que expliquen las
causas de los ataques.
De acuerdo
con Etellekt, del 8 de septiembre de
2017 al 8 de abril pasado han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres
políticas, la mayoría de ellas (24), contra aspirantes y candidatas.
Las cifras
del informe también arrojan que los
representantes del PRI han sido los más atacados con 29 casos, seguido por los
del PRD con 16; después sigue el PAN (8 casos); Movimiento Ciudadano (5) y
Morena (4).
Para el
profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)
Martín Gabriel Barrón Cruz, el proceso electoral es un momento de transición en el cual la delincuencia organizada
buscará proteger sus negocios e intereses postulando o intimidando candidatos.
Sin embargo,
ante la violencia política actual considera que primero es necesario revisar la
dinámica de cada caso, antes de magnificar las agresiones y averiguar la causas
por las cuales están matando a aspirantes políticos.
“Se tiene
que hacer un estudio criminovictimológico. (Revisar) quién es la víctima,
cuáles fueron sus propuestas y cuáles son sus alianzas”, explica el
especialista en seguridad, pues considera que no necesariamente todos los
asesinatos de funcionarios y candidatos ocurridos en el presente proceso
electoral tuvieron alguna relación con la delincuencia organizada o con
violencia política.
Protocolos
de seguridad se quedan cortos.
El pasado 4
de abril, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE)
presentaron un protocolo de protección para los candidatos presidenciales, en
el cual la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor se harán cargo de
la seguridad de los contendientes.
Para el
director de Etellekt, las medidas de
seguridad se han quedado cortas, pues se enfocan en candidatos a nivel federal,
cuando son los de nivel local quien enfrentan mayor riesgo.
El tamaño de
la elección este año, en la cual se elegirán 3 mil 400 cargos a distintos
niveles, así como el desfase en los calendarios estatales están siendo
aprovechados por el crimen organizado para incidir violentamente en los
comicios, asegura Salazar.
También critica que las leyes estatales no
contemplan mayor seguridad para precandidatos, solo para candidatos, lo que,
asegura, favorece que organizaciones criminales puedan influir en el proceso de
selección e imponer candidatos.
“Hubo mucha
irresponsabilidad de los partidos políticos en la reforma electoral, por la
concurrencia y los calendarios electorales no homologados. Esta situación está
ocasionando que esta violencia persista”, detalla Salazar, quien publicará más
informes de violencia electoral, podrán adquirirse en la página de Etellekt
para financiar futuros reportes.
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