De los 15 estados con mayor población
e impacto en el PIB nacional, ninguno cumple con los requisitos mínimos para
desarrollar obra pública de calidad ni con la transparencia en los contratos
adjudicados, reveló el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Veracruz, Estado de México, Sonora,
Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán,
Baja California, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro, son las
entidades que fueron evaluadas y reprobadas en el “Índice Legal de Obra
Pública. Evaluación de la calidad del marco jurídico estatal”.
El índice
contiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos que deben
ser contemplados por el marco normativo que regula toda obra pública. Estos criterios se rigen por siete ejes
transversales para garantizar el buen desarrollo de la obra:
– Competencia: acceso libre a los
procedimientos de contratación, criterios de asignación de contratos objetivos
y combate a acuerdos de colusión.
– Finanzas públicas: autorización de
recursos para proyectos conforme al plan de obra pública.
– Fiscalización: las actuaciones del
procedimiento de contratación deben estar sujetas a auditoría.
– Planeación: el programa estatal de
obra pública debe estar alineado a los planes estatal y nacional del
desarrollo.
– Responsabilidades administrativas:
aplicación de sanciones a servidores públicos o a particulares.
– Tecnologías de la información:
sistemas informáticos y plataformas electrónicas que permitan el control y el
desarrollo de los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados.
– Transparencia: obligaciones de
publicación de información relacionada con los procedimientos de contratación y
los contratos adjudicados.
De acuerdo
con los resultados, el estado de
Veracruz obtuvo el mejor desempeño en competencia, con el 64 por ciento de
cumplimiento, Querétaro, con el 14 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
En lo que respecta a las finanzas
públicas, Veracruz se mantuvo con el mayor cumplimento con el 87 por ciento; en
contraste, Nuevo León, con 17 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
En materia de fiscalización, la
entidad mejor evaluada fue Sonora, con el 88 por ciento de cumplimiento,
mientras que Nuevo León, con 25 por ciento, quedó como la peor evaluada.
Sobre la planeación de obra pública,
el estado de Sonora registró el mayor cumplimiento con el 92 por ciento; Nuevo
León, con 25 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
Por responsabilidad administrativa,
Sonora se ubicó como la entidad de mayor cumplimiento con el 69 por ciento;
Nuevo León, con 24 por ciento, fue la peor evaluada en este indicador.
En el tema de las tecnologías de
información, Veracruz, con el 56 por ciento, obtuvo el mayor cumplimiento,
mientras que Querétaro, con 20 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
En materia de transparencia, de las
15 entidades evaluadas, el Estado de México, con el 67 por ciento, fue el de
mayor cumplimiento, mientras que Querétaro, con el 25 por ciento, fue el de
menor cumplimiento.
Entre los
estados analizados, algunos tienen buenas prácticas y otros malas a la hora de
realizar obras públicas. En algunas ocasiones una misma entidad puede ubicarse
en ambos lados, como en el caso de Chihuahua y el Estado de México.
De acuerdo
con el IMCO, ningún estado analizado
cumple con los siguientes criterios:
– Realizar investigación de mercado
previo al concurso.
– Incorporar prácticas que fomenten
la competencia.
– Contener excepciones razonables a
la licitación pública.
– Permitir modificaciones al contrato
solo por debajo del 10 por ciento.
– Digitalizar y publicar la
información desde la planeación hasta la ejecución de la obra.
– Conservar la información por lo
menos ocho años.
“Sin leyes claras y completas,
siempre habrá espacios para la discrecionalidad en la obra pública”, mencionó la organización al tiempo
que propuso impulsar una Ley General de Obra Pública que regule a los tres
niveles de gobierno en sus procesos de planeación, contratación, ejecución,
evaluación y auditoría de la obra pública.
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