La
Secretaría de la Función Pública (SFP)
afirmó hoy que las sanciones impuestas a Luis Alberto de Meneses Weyll, el
exdirectivo de la empresa brasileña Odebrecht, “son estrictamente en el ámbito
administrativo y son autónomas a las investigaciones que se realicen por
probables conductas delictivas”.
La
dependencia a cargo de Arely Gómez añadió
que sólo le compitió investigar los contratos celebrados por Odebrecht y sus
filiales en México –en los que detectó “simulaciones e incumplimientos”–, por
lo que las declaraciones de Meneses rendidas ante las autoridades brasileñas no
se encuentran en sus expedientes de investigación.
Estas
aclaraciones formaron parte de un boletín de cuatro párrafos que la SFP emitió
hoy para desmentir, entre líneas, un reportaje de Reforma.
El reportaje, que se publicó en la
primera plana del periódico, relacionó las sanciones que la SFP impuso ayer a
filiales de Odebrecht y a dos de sus representantes legales –entre ellos De
Meneses– con el hecho de que el exdirectivo de la empresa delató a Emilio
Lozoya Austin.
De Meneses
declaró a la Fiscalía brasileña que su empresa pagó 10.5 millones de dólares de
sobornos a Lozoya, mientras éste coordinaba los asuntos internacionales de la
campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto y, posteriormente, como
director general de Pemex.
La SFP
recordó que toca a las “instancias en
materia penal” –la Procuraduría General de la República (PGR), en este caso–
investigar el delito de cohecho, por el que Lozoya fue señalado en Brasil.
El martes pasado, la misma PGR se
negó a entregar información sobre el avance de su investigación sobre los actos
de corrupción de Odebrecht en México. La dependencia tampoco pudo precisar el
tiempo de conclusión de sus indagaciones, iniciadas hace más de un año.
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