Sanjuana
Martínez.
La posibilidad de un fraude electoral
está latente. Con unas instituciones deliberadamente débiles cualquier cosa
podemos esperar. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido
Acción Nacional (PAN) no están dispuestos a soltar el poder que se han
repartido.
El escenario
está servido. Las viejas mañas, la
compra de votos, las despensas, las tarjetas con dinero, el corporativismo de
algunos sindicatos, los empresarios alineados, el fraude informático, las
formas del fraude electoral del Estado de México y un largo etcétera de
posibilidades que, en este momento se están cocinando.
El fraude es una realidad anticipada
que ya conocemos. El fraude es una película que ya hemos visto en multitud de
ocasiones. El fraude ha estado presente en nuestra corta o larga experiencia
democrática. El fraude es un fantasma aterrador que se presenta en cada
elección. El fraude es un cáncer que daña las instituciones. El fraude es un
flagelo que lastima a los mexicanos.
La simple posibilidad de un fraude
invalida gravemente el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal
Federal Electoral y del resto de las instituciones electorales que siempre han
estado bajo sospecha a pesar del gran presupuesto del que gozan.
La primera alerta sobre un posible
fraude electoral fue dada por la propia Auditoría Superior de la Federación
(ASF) al difundir que existen 300 mil millones de pesos que fueron desviados
por las distintas dependencias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuyo
destino se desconoce.
Es evidente que parte de esos
millones van a los bolsillos de los funcionarios y políticos y una buena parte
están destinados a perpetuar el poder a través del fraude electoral.
La maquinaria para violentar la
voluntad popular está en marcha.
Las voces de
expertos como Jorge Alberto López Gallardo, profesor de Física Nuclear de la
Universidad de Texas en El Paso (UTEP) quien
aseguro que el fraude electoral en el 2018 es posible porque se opera desde las
“entrañas” del INE con una operación que ya “se echó a andar”. Lo que
contemplan es anunciar como ganador a Meade o Anaya a las once de la noche el 1
de julio con el 12 por ciento de las casillas computadas.
A pesar de
la gran ventaja que separa a Andrés Manuel López Obrador de sus oponentes, el candidato de Morena podría ganar, pero
el problema es que se le reconozca.
La alarma
que anuncia un posible fraude puede ser el acercamiento de Ricardo Anaya a AMLO
en las últimas encuestas, esto podría justificar finalmente un eventual fraude
electoral.
No hay que olvidar que ellos tienen
el poder y el control de las instituciones. ¿A dónde acudir ante estas
eventuales irregularidades electorales? El problema es que la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y su titular
Héctor Díaz Santana y Germán Castillo Banuet, director de Averiguaciones
Previas y Control de Procesos, no son una garantía de pulcritud electoral.
Ellos, como la mayoría de los funcionarios electorales están sometidos al poder
presidencial. Y lo que es peor, Castillo Banuet operó a favor del esperpéntico
reciente fraude electoral en el Estado de México donde se registraron más de
300 denuncias de serias irregularidades y la completa evidencia de compra de
votos.
La posibilidad del fraude cibernético
es también latente. Ya lo hemos vivido con Hildebrando y otras marrullerías a
través de los sistemas oficiales de computo. La alarma saltó cuando nos
enteramos que el Programa de Resultados Electorales (PREP) será operado por una
empresa propiedad de Carlos Slim, un empresario que ha exhibido su rechazo a la
candidatura de AMLO por afectar sus intereses particulares en la construcción
del nuevo aeropuerto.
Su empresa Scitum, estará encargada de salvaguardar los sistemas de información
contra ataques informáticos y de hackeo.
Por si fuera
poco, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), ofreció a más de 300 mil maestros al
candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, cuya misión será “llevar
votos” a favor de su candidato y vigilar el proceso electoral.
Independientemente
de las trampas institucionales, si la
elección del 1 de julio queda marcada por el fraude electoral, el gobierno
tendrá que atenerse a las consecuencias. La gente ha expresado su hartazgo del
sistema podrido político mexicano y no creo que soportaría una nueva edición de
cochinadas electorales.
La advertencia para cada uno de los
ciudadanos es convertirse en protector de votos, en vigilante de las casillas,
en observador, en camarógrafo o fotógrafo para consignar cualquier
irregularidad, en héroe electoral.
Lo único que puede evitar un nuevo
fraude electoral es una votación masiva. Ojalá que la gente abarrote las
casillas para emitir su derecho legítimo a elegir libremente el próximo
presidente de México.
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