A dónde han ido los 130 mil mdp.

Alejandro Calvillo.

El Gobierno electo tiene una gran oportunidad de encontrarse con la sociedad, de generar la confianza ya totalmente perdida sobre el destino de los recursos que recauda a través de los impuestos. Este paso lo puede dar transparentando el destino de los recursos obtenidos a través de los llamados impuestos especiales (IEPS), como se hace en otras naciones, es decir, haciendo lo que se debe hacer, dirigiendo estos recursos a enfrentar los daños que está causando el alto consumo de los productos a los que se les han establecido estos impuestos.

En el 2017 ingresaron al erario público alrededor de 130 mil millones de pesos por impuestos especiales al tabaco, al alcohol, a los refrescos y la comida chatarra. Esos impuestos se establecen para enfrentar el daño que provoca el alto consumo de estos productos, daño que se convierte en altísimos costos sociales. Sin embargo, en México, esto no ocurre, los recursos recaudados, esos más de 130 mil millones no se destinan al objetivo por el cual estos impuestos se establecieron mientras aumentan los daños por tabaquismo, alcoholismo y mala dieta.

Si en 2017 los ingresos por impuestos especiales a estos productos fueron de alrededor de 130 mil millones de pesos, el presupuesto para el sector salud continuó reduciéndose y bajó a 121 mil 935 millones en 2018. Y nada del IEPS a estos productos se destinó al recurso raquítico del sector salud, al sector salud que se está colapsando por los altos costos de las enfermedades no transmisibles (ENTs) que son responsables del 77 por ciento de las muertes del país. Estas ENTs que son la principal causa de enfermedad y muerte en nuestro país se están generando, principalmente, por el alto consumo de la comida chatarra y los refrescos, el tabaco y el alcohol.

Los costos anuales del tabaquismo para el erario público se estiman en 81 mil millones de pesos, los costos de la obesidad se estiman en 170 mil millones de pesos y se proyecta que aumentarán a 272 mil millones de pesos para el año 2023, cuatro veces más que en 2008. Los costos del alto consumo de alcohol son incuantificables por todas las consecuencias que genera.

No hay recursos que alcancen para enfrentar esta situación, por lo que la Organización Mundial de la Salud y organismos, incluso, como la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico, urgen a invertir en prevención de estas enfermedades, a bajar el consumo de estos productos. Si continúa realizándose una política de salud enfocada exclusivamente en la atención, que no alcanza, y se desligada de políticas fiscales y comerciales dirigidas a reducir el consumo de estos productos, el país no será viable en términos de salud y financieros.

Uno de cada dos fumadores muere de una enfermedad relacionada al tabaquismo; el alcohol es la principal causa de accidentes, homicidios, suicidios y descomposición familiar en México; la obesidad y la diabetes han sido declaradas emergencias epidemiológicas en el país, 14 por ciento de los adultos sufre de diabetes y tenemos la mayor incidencia de muertes por diabetes entre los países con alta población. Y las tendencias son negativas, las últimas encuestas muestran aumento en el consumo de tabaco y alcohol entre menores de edad, inicio a edades más tempranas y, especialmente, en niñas. Por otro lado, nos hemos convertido en los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo a pesar de tener una de las mayores diversidades de alimentos y una de las mejores culturas culinarias, se proyecta que uno de cada dos niños mexicanos desarrollará diabetes a lo largo de su vida.

Los impuestos especiales al tabaco, el alcohol, los refrescos y la comida chatarra están dirigidos, por un lado, a reducir el consumo de estos productos y, por otro, los recursos recaudados deberían destinarse a establecer políticas de prevención para generar las condiciones que reduzcan su consumo, así como para la propia atención médica por tabaquismo, alcoholismo y la obesidad y sus consecuencias. Impuestos más altos a las bebidas azucaradas, al tabaco y al alcohol se han establecido en otras naciones, acompañados de regulaciones al comercio y programas sociales, logrando efectos muy positivos. Con estas políticas se están reduciendo el alcoholismo, el tabaquismo, y se busca reducir la obesidad y sus consecuencias.

Los impuestos altos a estos productos, junto con la regulación de su publicidad, la limitación de su oferta, el establecimiento de etiquetados de advertencia en los productos y el desarrollo de campañas masivas de información sobre sus riesgos, han demostrado que se pueden enfrentar estos problemas, convertidos en la principal causa de enfermedad y muerte.

Los recursos de los impuestos pueden dirigirse, incluso, a fortalecer las actividades extraescolares y los talleres comunitarios que han demostrado bajar el alcoholismo, la drogadicción y la violencia. Pueden destinarse a mejorar los ambientes escolares dando a los niños acceso a agua de calidad para beber y aportando recursos para promover y vigilar la oferta exclusiva de alimentos y bebidas saludables en las escuelas.

Esto puede cambiar, el nuevo gobierno puede dar un paso importante en trasparentar el destino de estos recursos etiquetándolos para reducir el tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad, así como para atender los daños que el consumo de estos productos genera. Está claro que la población mexicana, como ocurre en la mayor parte de las naciones, apoya este tipo de impuestos siempre que se pueda constatar que los recursos obtenidos por la venta de estos productos se destinen a proteger la salud y atender a la población más vulnerable del país, es decir, que ayuden a enfrentar las profundas inequidades sociales.

Estas soluciones traen otras aparejadas, como combatir el alcoholismo y la drogadicción con actividades extraescolares, con deporte, arte, cultura, talleres, trae la reducción de la violencia y la reconstrucción del tejido social. Garantizar ambientes saludables en las escuelas con la oferta de alimentos saludables puede ser un apoyo a las economías locales al incorporar productos no procesados o mínimamente procesados de cada localidad, de cada región, lo que fortalece las economías locales y contribuye al combate a la pobreza.

Las alternativas son sistémicas y deben comprender políticas integrales donde las dependencias de salud, desarrollo social, economía, hacienda, agricultura y educación, trabajen en la misma dirección. Se puede empezar con etiquetar y transparentar el destino de los recursos ingresados al erario público por los impuestos especiales a las bebidas azucaradas, la comida chatarra, el tabaco y el alcohol.