La Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) informó que hizo 15 nuevas
recomendaciones al gobierno de Puebla, como resultado de las solicitudes que
hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones
civiles para que en la entidad se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Ángela
Quiroga Quiroga, comisionada nacional de la Conavim, declaró que se trata de un segundo proceso, distinto al iniciado en
2016, cuando esa Comisión emitió 11 recomendaciones, sin que se declarara la
AVG, como hasta ahora.
Luego de una
reunión con autoridades estatales en Casa Aguayo, indicó que el gobierno de Antonio Gali Fayad tendrá hasta el 6 de
agosto para responder de manera formal si acepta o no las recomendaciones, y a
partir de dicha aceptación –abundó– tendrá seis meses para cumplirlas. Después
de ese tiempo se determinará si se emite la AVG.
Entre las conclusiones incluidas en
el informe del grupo de trabajo que se conformó para atender la segunda
solicitud de la AVG para Puebla, se indica que los integrantes realizaron
visitas in situ y se percataron que el personal que atiende a las mujeres
víctimas de violencia carece del perfil adecuado, la actitud y la vocación de
servicio para esa función.
También identificó la carencia de competencias del
personal del gobierno para brindar la atención adecuada y el correcto desempeño
de sus funciones, por lo que asume que la capacitación que impartió la
autoridad estatal no fue suficiente, y se recomendó incorporar mecanismos
permanentes de evaluación del desempeño.
De igual
manera, constató que el personal que
atiende a las mujeres víctimas de violencia en Puebla no cuenta con sentido de
“ayuda, solidaridad y empatía, toda vez que permite evitar actitudes de
normalización de violencia, indiferencia, hartazgo y falta de sentido a su
labor”.
En otra de
sus conclusiones, el grupo de trabajo
aseguró que en Puebla no existen indicadores que permitan conocer las
dimensiones de la problemática de la violencia contra las mujeres, ni los
factores que la provocan, lo cual dificulta el diagnóstico de la problemática e
impide diseñar acciones de prevención que incidan en los factores que dan
origen al problema.
“En este sentido resulta necesario
que el estado de Puebla impulse el efectivo funcionamiento del Sistema Estatal
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, toda vez que se identificaron acciones aisladas y desarticuladas que
dificultan los procesos integrales de atención”.
Además, el Grupo de Trabajo observó que, si bien en
el estado de Puebla existen instancias especializadas de atención a mujeres
víctimas de violencia, éstas carecen de protocolos de atención homologados a la
NOM- 046-SSA2-2005, ni tienen rutas críticas para canalizar a las mujeres a las
instancias correspondientes.
Igualmente, constató que algunas
instancias municipales de las mujeres no cuentan con los recursos para brindar
servicios, ni con personal capacitado. Incluso algunas instancias se encuentran
dentro del Instituto de la Juventud o del DIF municipal.
Otro hecho
que se destaca en el Informe es que el
grupo de trabajo tuvo conocimiento de que en las acciones que el estado realiza
para la reeducación de agresores se promueve la conciliación con la mujer
víctima de violencia.
Los
especialistas afirman que, al hacer un
análisis de las denuncias y sentencias en casos de feminicidios y delitos
sexuales, pudieron inferir que hay “un alto grado de impunidad” en la entidad,
así como la existencia de un clima de permisividad que eleva los índices de
violencia contra las mujeres.
En el informe
proponen fortalecer los recursos humanos
y presupuestales de la Fiscalía General del estado para dotarla del personal
capacitado necesario y garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva
de las denuncias.
También se pronuncian por la descentralización de
las agencias del Ministerio Público en cada región para evitar que las víctimas
tengan que trasladarse a esta capital.
El personal ministerial y policial
añaden, mostró un desconocimiento respecto del Protocolo de Investigación
Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, lo que conlleva a
su inaplicación.
El grupo de trabajo añade que en las
entrevistas con organizaciones de la sociedad civil y visitas in situ, pudo
observar omisiones en las que incurren los encargados de la procuración de
justicia, tales como la pérdida de indicios, no resguardo del lugar del
hallazgo, la negativa a realizar la búsqueda de una mujer y minimización de la
violencia contra las mujeres, entre otras.
Los especialistas consideran
necesario sensibilizar y capacitar a jueces del estado de Puebla en materia de
derechos humanos para que juzguen con perspectiva de género, así como ampliar
las oportunidades de las mujeres a tener acceso a la educación en todas las
regiones y sectores.
La mayoría
de las observaciones asentadas en el Informe que presentó la Conavim implican
en sí un incumplimiento de las recomendaciones que se hicieron al gobierno de
Puebla desde mediados de 2016, a partir de la primera solicitud que se presentó
para pedir la declaratoria de AVG.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.