El gobierno federal compra insumos
con sobreprecios de hasta 30%, además de que simula la competencia en las
licitaciones para dar beneficios a empresas, lo que resulta en actos de
corrupción entre funcionarios públicos y proveedores, señaló Alejandra Palacios,
presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Palacios señaló que el gobierno ha pagado
sobreprecios por más de 350 millones de pesos en la compra de guantes de látex,
condones y sondas. En estos casos la Cofece investigó y resolvió que los
proveedores se pusieron de acuerdo para vender más caro.
Dijo que en 2017, el monto de recursos involucrados
en las contrataciones de gobierno sumaron 585 mil millones de pesos.
“Recursos que con mayor competencia
se habrían maximizado y traducido en servicios e infraestructura de mejor
calidad”, señaló, sin embargo, se han detectado métodos de excepción a la
licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la
participación por medio de requisitos innecesarios, apuntó.
Detalló que se dirigen los concursos otorgando ventajas
a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones
técnicas, además se tolera la simulación de competencia; se usan las
investigaciones de mercado, la subcontratación y las invitaciones restringidas
para la coordinación de posturas de los licitantes, lo cual es colusión.
Alejandra
Palacios señaló que cuando hay
competencia por los contratos de gobierno, se restringen los sobreprecios,
reducen los espacios para el favoritismo y el tráfico indebido de influencias y
se dificulta la formación de acuerdos colutorios orientados a extraer ganancias
ilícitas mediante relaciones de complicidad entre supuestos competidores, o
entre un oferente y un servidor público.
Por ello, la
comisionada presidenta presentó una
agenda de competencia para un ejercicio íntegro de las contrataciones públicas.
Propuso la emisión de un decreto
presidencial que obligue la participación de la Cofece en licitaciones
relevantes para garantizar condiciones de competencia.
Así como crear un mercado virtual y
obligar, a través de un decreto, a todas las dependencias de la Administración
Pública Federal a realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través
de este.
Obligar a las dependencias a requerir
que los licitantes declaren cuando, en caso de ganar, planean subcontratar, a
quién y por qué, y no se permita subcontratar a perdedores de la licitación; y
cuando se acepte la participación conjunta, no permitir que las empresas
concursen en grupo y de manera individual.
La propuesta
también incluye incrementar los
estándares para la aprobación de los convenios modificatorios como plazo, monto
y cantidad y transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y/o
contratos, y citar a la discrecionalidad de las mismas.
Aplicar la inhabilitación, que ya
está prevista en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, a los
agentes económicos sancionados por colusión, en términos de Ley de Competencia,
para participar en concursos públicos subsecuentes.
Adicionalmente,
propuso siete acciones que requieren
modificación legislativa como obligar a realizar las investigaciones de mercado
sólidas y transparentarlas, así como acortar los supuestos para contratar por
procedimientos diferentes la licitación pública abierta.
También eliminar la excepción prevista para las
contrataciones entre dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
Permitir la participación de otros
licitantes interesados en los procedimientos restringidos y restringir la participación
simultánea de empresas de un mismo Grupo de Interés Económico para evitar
simulación de competencia.
Propone
también la transformación del mecanismo
de puntos o porcentajes a uno de evaluación en dos etapas y crear una Ley
General de Contratación Pública que se apegue a los estándares internacionales.
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