La Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) carece de competencia para conocer de las quejas
que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó respecto a la
creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el
Caso Ayotzinapa, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Mediante cuatro acuerdos, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales requirió a la PGR,
así como al presidente Enrique Peña Nieto, para que dentro de un plazo de tres
días, manifiesten ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito,
con sede en Matamoros, Tamaulipas -órgano competente para este asunto-, si
consideran que existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo
que ordena la creación de esa instancia.
En una tarjeta informativa se establece que lo anterior permitirá que el Tribunal Unitario cuente
con elementos para ordenar la apertura del incidente de inejecución de
sentencia respectivo.
De ser así, una vez
abierto dicho incidente, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito
deberá hacer del conocimiento de la SCJN para que, en su caso y en su momento,
se valore la posibilidad de solicitar su atracción por el máximo tribunal de
justicia del país.
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