Servidores públicos o parásitos.

Dolia Estévez.

El debate sobre los 50 lineamientos para un gobierno austero y sin corrupción, se ha concentrado en las propuestas para reducir el personal de confianza y los sueldos de los servidores públicos que ganen más de un millón de pesos anuales. Sin embargo, hay un planteamiento que quizá no sea tan mediático pero que, si se aplica, atestaría un golpe demoledor al sistema de prebendas que cada sexenio produce una generación de parásitos que se nutre de las finanzas de la nación. Me refiero al punto #48:

No se autorizará la contratación de despachos ni consultores o asesores externos para elaborar proyectos de Ley, planes de desarrollo, informes laborales, o cualquier tipo de análisis, redacción o recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.

La contratación de estos despachos, muchos de los cuales han sido creados expresamente para ordeñar al Estado, alcanzó niveles escandalosos durante los últimos tres sexenios, particularmente bajo Calderón y Peña, aunque empezó con Fox.

Son muchos los funcionarios que denigraron su función y propósito como servidores públicos a la sombra de la corrupción y el privilegio que podría mencionar, pero abordaré un solo caso que conozco bien, el de Alejandra Sota, la ex vocera de Calderón.

En 2013, Carmen Aristegui transmitió un reportaje en el que se reveló que Sota se coludió con un grupo de amigos y colegas del ITAM a lo largo de todo el sexenio calderonista para beneficiar a una “sociedad civil” llamada Defore Experts, a la cual le otorgaron contratos por “asesorías” por más de 38 millones de pesos. En total, recibió 13 contratos: 7 de Presidencia y el resto del IMSS (Noticias MVS, 02/08/2013).

En base a esa y otras informaciones, incluí a Sota en la lista de “Los 10 Mexicanos Más Corruptos de 2013” que se publicó en el portal Forbes.com (The 10 Most Corrupt Mexicans Of 2013, 16/12/2013). Cegada por la soberbia, Sota me demandó por difamación, primero en Nueva York y luego en Virginia.

En la demanda civil en Virginia, Sota alegaba que su inclusión en el listado de corruptos tuvo un efecto “devastador” sobre Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., la hasta ese momento desconocida firma de consultoría y asesoría que fundó en la Ciudad de México recién salida de Los Pinos. Obligada por la Corte estadounidense a probar con datos duros el supuesto daño que sufrió, Sota alegó que negociaciones con “ciertos funcionarios gubernamentales” por contratos de servicios por valor de entre 875,000 y 1,700 millones de dólares, se vinieron abajo luego de publicarse la lista de más corruptos. También sostuvo que perdió “un importante cliente” y algunas referencias.

La demanda fue desechada porque Sota no reveló los nombres de los clientes que presuntamente perdió. El magistrado a cargo del litigio concluyó que mi texto no era difamatorio pues se basaba en hechos reales y que el listado de los más corruptos estaba protegido por la Primera Enmienda constitucional sobre libertad de expresión (Caso 1:15-cv-610 Corte del Distrito Este de Virginia).

Su derrota en las cortes estadounidenses, donde aspiraba a reparar su mala reputación, contrasta con el lucrativo éxito que ha tenido con el gobierno de Peña y el PRI.

En octubre de 2014, Sota firmó un convenio por dos años por 20 millones de pesos con la SAT, que dependía de Luis Videgaray. Álvaro Delgado reveló que el trato con la SAT, que le representó ingresos por 800,000 pesos mensuales, fue producto de una “turbia licitación”. Con el IMSS, el despacho propiedad de Sota firmó un contrato por servicios indefinidos por cerca de 400,000 pesos. Su primer cliente fue el gobernador priista Eruviel Ávila (El Amasiato, ediciones Proceso, 2016). Estos convenios se firmaron después de la publicación del listado que, según alegó, ahuyentó clientes potenciales a su firma.

Pronósticos Deportivos, Sedesol, y los priistas del Mazo, Rubén Moreira y Meade, también son, o han sido, clientes de Sota (Proceso, 13/12/2016). Tras el cuestionado triunfo de Del Mazo, del que Sota se dice artífice, pretendió repetir la hazaña con la campaña de Meade. Pero la arrogancia la volvió a cegar. En enero pronosticó que la contienda del 1 de julio en la que López Obrador arrasó produciría dos finalistas y un “resultado cerrado” (C&E 18/01/2018).

Casos como el de Sota contribuyen a darle mala fama a la industria. Sin embargo, sería un error generalizar. Hay muchas firmas con personal profesional, talentoso y honesto. Habrá instancias en que los servicios de esos despachos sean indispensables. Deben ser contratadas mediante licitación pública. Prescindir de toda asesoría externa sería un despropósito. Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre.

En 2014, Sota fue exonerada por Virgilio Andrade por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los contratos de adjudicación directa otorgados por la Presidencia de Calderón a Defoe no fueron investigados, como pidió el PRI en el Senado (Punto de Acuerdo, Grupo Parlamentario del PRI, 17/08/2013). Reabrir el expediente de ese emblemático caso para determinar si hubo conflicto de interés y tráfico de influencias, como sospecharon el PRI y PRD en su momento.

Sería una medida ejemplar que enviaría el mensaje de que el gobierno de López Obrador no tolerará más parasitismo. La obligación de un servidor público es servir a la gente no servirse a sí mismo.