Un sexenio peligroso.

Adela Navarro Bello.

En muchos sentidos el del presidente Enrique Peña Nieto ha sido un sexenio peligroso.

Para los ciudadanos de a pie, a quienes les toca padecer la inseguridad y la violencia que se vive en México, particularmente incrementadas en los últimos cinco años con ocho meses.

De igual manera empresarios nacionales y extranjeros han visto menguar sus ganancias cuando debido a la inseguridad, la extorsión y el secuestro, han debido de detener la actividad empresarial y comercial en algunas ciudades de la República.

Incluso para la clase política ha sido peligroso, durante la última jornada electoral, la del 1 de julio de 2018, se sentó un precedente: más de 100 candidatos asesinados. La mayoría de ellos aspirantes a cargos de elección locales.

Precisamente en los estados de la República Mexicana, es donde el peligro de perder la vida ha incrementado en los últimos años. Sin una estrategia nacional, sin un plan integral para todo el país, el gobierno federal abandonó los estados, y los dejó en manos de cacicazgos locales, o narcotraficantes regionales.

Aun cuando de todos los sectores han sido asesinados miembros, empresarios, candidatos, doctores, abogados, enfermeras, estudiantes, y feminicidios, hay uno para el cual este sexenio ha sido en extremo peligroso: el de la libre expresión.

Tan solo en el 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, ocho periodistas han sido asesinados, lo que prácticamente al mes de agosto, resulta en una fatal estadística: cada mes asesinaron a un periodista.

El último fue el fotógrafo Rodolfo García González en Guanajuato. Lo mataron a balazos. Antes de él, el 24 de julio asesinaron a Rubén Pat. También le dispararon hasta acabar con su vida en la zona turística de Cancún. Casi un mes antes, Pat había sufrido el asesinato de su corresponsal en Felipe Carrillo Puerto, José Guadalupe Chan, mientras en mayo, al periodista Héctor González Antonio, lo mataron a golpes en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

En el mismo mes, Juan Carlos Huerta fue asesinado a balazos en Villahermosa, Tabasco. En marzo también con heridas de arma de fuego, le fue arrebatada la vida a Leobardo Vázquez en Veracruz. Pamela Montenegro fue asesinada en Acapulco, ella producía un blog. Y al inicio del año, en enero, Carlos Domínguez, un veterano periodista de 72 años fue muerto a puñaladas.

Ninguno de sus casos está resuelto, aun cuando en varios la autoridad investigadora ha prejuzgado con causas ajenas al ejercicio periodístico. Casos que se suman a los cientos de miles de asesinatos que producto de la violencia, la corrupción y la impunidad, se viven en un país donde tan solo en 2017, fueron asesinadas más de 31 mil personas.

En cifras de Artículo 19, en los últimos 18 años han sido asesinados en México 119 periodistas (sumando el crimen del domingo 5 de agosto), 110 son hombres y nueve mujeres. Y en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto 46 comunicadores han sido asesinados, lo cual significa que 41 por ciento de los periodistas muertos de manera violenta en 18 años, encontraron el fin de su vida en la presente administración, que para la mala fortuna de muchos, aún no concluye.

En los próximos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciará una campaña en defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Entre los testimonios logrados por la CNDH están los relatos de aquellos familiares que han sobrevivido el asesinato de un periodista.

La primera reacción es de incredulidad, de frustración ¿Por qué asesinar a alguien por escribir? ¿Qué nivel de impunidad y corrupción se debe vivir en un país como México para que la muerte de los periodistas sea cada vez más frecuente, y cada vez más en la impunidad? En ese escenario de violencia, donde los corruptos, los criminales, gozan del anonimato que da la impunidad otorgada por la fiscalía especial de atención a delitos contra la libertad de expresión, ha sumido el gobierno de Enrique Peña Nieto a las audiencias de México.

Un crimen contra la libre expresión es un crimen contra todos. Es negar la información a los ciudadanos, es callar a partir de balas, golpes, puñaladas y fusiles, a quienes desde el oficio del periodismo sobreviven de contar lo que el gobierno o el crimen organizado, y en ocasiones los dos unidos, no quieren que sea del conocimiento público.

Matar un periodista es censurar una investigación, ocultar un hecho. Desinformar a la población. Acabar de la manera más violenta con el derecho que todos tenemos en México de saber. La incomodidad hacia la prensa solo existe en países sin democracia, en guerra, en dictaduras y donde el poder político se ejerce de manera absoluta y unilateral, sin el acompañamiento de la sociedad o de otros poderes del estado.

México es una democracia con un presidente incapaz de salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos, entre ellos la libre expresión y la libertad de pensamiento.

Peña Nieto ha convertido a este país en el más peligroso para el ejercicio del periodismo, y ni se inmuta. No se pronuncia sobre los crímenes contra los periodistas, no ordena investigaciones para encarcelar a los asesinos, todo indica que no le importa la libertad de expresión, es el sospechoso intelectual de haber sacado de la radio a Carmen Aristegui, y en una ocasión se quejó porque los periodistas no le aplaudían, y gusta –lo hizo todo el sexenio- de comprar líneas editoriales a base de contratos millonarios de publicidad oficial, donde ha invertido más de 40 mil millones de pesos. Esa es la prensa que gusta al presidente, la que compra.

La otra, la que en los estados de la República investiga, critica y denuncia, cuenta con la indiferencia presidencial, cuanto más en la muerte, pues los asesinos de periodistas no han visto en este sexenio la hoja de una sentencia ni las rejas de una prisión. Viven en la impunidad que el gobierno federal les otorga con su incapacidad –o complicidad- para investigar.

Los asesinatos de periodistas no le merecen ni un tweet presidencial. Nada. La indiferencia refleja la indolencia, y le abona a la impunidad.

Definitivamente ha sido este un sexenio peligroso para los mexicanos todos. Y le quedan cuatro meses.