La química Sara Mónica Medina Alegría
quien salió “quemada” de la PGR después de que el GIEI y el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) evidenciaron que Servicios Periciales, el área que
ella coordinaba dentro de la institución, colaboró con Tomás Zerón en la
fabricación de la “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa con peritajes
“científicos” que validaban las pruebas falseadas sobre el paradero de los 43
estudiantes, actualmente da clases de “ética y derechos humanos en el contexto
forense” a ministerios públicos y peritos.
La última vez que se le vio en
público fue a fines de abril de 2016 respaldando a su jefe, el entonces
director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, mientras
éste defendía la diligencia ilegal que realizó en el río San Juan en busca de los
restos de los normalistas, donde supuestamente se encontró un hueso que
pertenecía a un normalista calcinado, y en el que se basó la engañosa “Verdad
Histórica” de que los 43 estudiantes fueron calcinados y lanzados al río,
sostenida por el procurador Jesús Murillo Karam y sus sucesores Areli Gómez y
Raúl Cervantes, y todavía por Enrique Peña Nieto.
Al publicar la noticia de su retiro
de la PGR el 3 de junio de 2016, el diario Reforma señaló:
“Su salida ocurre en medio de investigaciones que llevan a cabo la Visitaduría
General y el Órgano Interno de Control a peritos que levantaron evidencias en
la investigación del caso Iguala”.
La de Medina Alegría fue la primera
cabeza que rodó dentro de PGR, aunque ella presentó su renuncia por motivos
personales el 31 de mayo de 2016. Como jefa de unidad su salario base era de 17
mil pesos, las compensaciones que recibía mensualmente eran de 143 mil pesos.
Al mes ganada 161 mil 269 pesos.
Pese a eso, la química está en lista de maestros de la
Maestría de Ciencias Forenses que imparte el prestigiado Instituto Nacional de
Ciencias Penales (Inacipe), instituto que da “formación, capacitación,
actualización, especialización y desarrollo” a agentes del Ministerio Público
Federal, peritos, policías federales y operadores del sistema de justicia. Su
materia de ética y derechos humanos comenzará en noviembre, la impartirá los
días miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Zerón de
Lucio, el encargado director de la investigación, en tanto, desde septiembre de
2016 fue promovido por Enrique Peña Nieto como su consejero de seguridad en la
oficina presidencial.
Viviendo de
los desaparecidos.
Junto con Medina Alegría salió el
doctor Mauricio Cerón Solana, quien era subdirector en Servicios Periciales:
ellos fueron los dos funcionarios de alto nivel que se retiraron después del
segundo y último informe del GIEI donde se exhibió un video en el que se ve a
Cerón Solana, al lado de Tomás Zerón, tomando lo que parece ser un hueso al
lado del río justo un día antes del “hallazgo” de ese hueso del normalista
Alexander Mora. Esa diligencia, sin embargo, resultó ilegal porque se hizo a
escondidas, y no quedó registrada en los expedientes del caso.
Exjefa y subalterno ahora también dan
cursos sobre búsqueda de desaparecidos a futuros técnicos forenses. En julio de
2017, en el Centro Médico Nacional, se les vio dictando cátedra junto con el
equipo de aliados que permanece en la PGR, en el congreso nacional “Las
Ciencias Forenses Aplicadas a la Identificación de Desaparecidos: Porque Todos
Tienen un Nombre”.
Entre los asistentes y promotores del
curso estaba Anselmo Apodaca, quien está en el cargo de Medina Alegría. Fuentes
internas de la dependencia señalan que ella sigue mandando en esa área.
La última descalificación al trabajo
coordinado por Medina Alegría fue la decisión de un tribunal colegiado en junio
pasado que pidió reponer el procedimiento penal de 20 de los detenidos por el
Caso Ayotzinapa que aseguran haber sido torturados para auto-incriminarse como
culpables, esto debido a que Servicios Periciales no actuó de manera
independiente al evaluar la tortura.
Como quedó establecido, Medina
Alegría era pieza incondicional de Zerón. Durante su mandato Servicios
Periciales usó la ciencia para avalar decisiones políticas, y no sólo en el
Caso Ayotzinapa. Parte de su equipo de trabajo continúa coordinando áreas clave
dentro de la PGR, como ha publicado Proceso.
Por ejemplo, Gildardo Cruz Velazco, quien fue director
de Laboratorios Criminalísticos –donde se coordinan las áreas Genética,
Identificación, Criminalística, Fotografía, Balística y Química–, es ahora
director del Laboratorio de Química Forense.
Héctor
Enrique Osorno Magaña, quien era el
encargado de incendios y fue el responsable de los controvertidos dictámenes
del basurero de Cocula –donde supuestamente habrían sido calcinados los 43
normalistas–, ahora es director de área de Telecomunicaciones e Ingeniería.
El INACIPE,
el instituto que invitó como docente a la cuestionada exfuncionaria se encarga
de la formación de “servidoras y servidores públicos de las procuradurías y
tribunales estatales, secretarías de seguridad pública, centros de justicia
para las mujeres de las entidades federativas.
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