El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para pedir a la Procuraduría General de la
República (PGR) un informe sobre el estado de las 16 denuncias presentadas por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con La Estafa
Maestra, en un plazo de no más de 15 días.
“Ante la demora e
ineficacia en la atención de las denuncias relativas al caso, se requiere un
informe sobre las denuncias presentada entre octubre de 2015 y septiembre de
2018 contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y diversas
universidades públicas e institutos estatales de comunicación”, argumentó el partido.
El punto de acuerdo, presentado por la senadora Margarita
Valdés, también solicita a la
dependencia que detalle si la auditoría ha presentado cinco denuncias penales
adicionales.
Tan solo entre octubre
de 2015 y septiembre de 2018, la Auditoría Superior, a partir de la revisión de
las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015, ha presentado 16 denuncias de hechos
relacionadas con presuntas operaciones irregulares entre la Sedesol y
universidades públicas e institutos estatales de radio y televisión, por un
monto de 2,800 millones de pesos.
Algunas de las
denuncias fueron presentadas desde el año 2015, pero hasta este momento no hay
señales de que la PGR haya llevado a cabo las indagatorias correspondientes,
argumenta Morena.
“Esta peculiar práctica
dilatoria no hace más que esparcir sospechas de complicidad y obstrucción de la
justicia, lo que es grave y presumiblemente constituye un franco salvoconducto
de impunidad”, dice
el punto de acuerdo presentado por el senador Ricardo Monreal.
De acuerdo con los legisladores de Morena, la ASF está por iniciar nuevos
procedimientos sobre operaciones irregulares, donde participa la Sedesol y la
Sedatu por presuntos desvíos que ascienden a aproximadamente 4, 300 millones de
pesos, por lo que el Senado solicitará a la PGR que informe, a través de su Junta
de Coordinación Política, si la ASF ya presentó las 5 denuncias penales de
forma adicional a las 16 anteriores.
Rosario Robles fue la
titular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, periodo en el
que, según denunció la ASF, se produjeron presuntos desvíos millonarios de
recursos públicos que fueron triangulados, a través de universidades públicas y
de una violación a la ley de adquisiciones, en empresas fantasma o irregulares.
Posteriormente, Robles
pasó a encabezar la Sedatu, dependencia en la que la ASF reportó que hubo
desvíos por más de mil 500 millones de pesos utilizando el mismo esquema,
aunque con una novedad: en este caso se utilizó a una universidad como
intermediaria en el presunto fraude (la Universidad Politécnica de Quintana
Roo), y también a tres medios de comunicación estatales: la Televisora de
Hermosillo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y Radio y
Televisión de Hidalgo.
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