Las estrategias han fallado una y
otra vez. El gobierno ha variado los operativos e incorporó de lleno al
Ejército Mexicano y a la Marina. Sin embargo, los
resultados no son los necesarios y las batallas se siguen perdiendo. Se trata
de la “guerra por el huachicol”, o el robo de hidrocarburos que sigue sin freno
en el país.
No por nada,
el tema aparece frecuentemente en los discursos del Presidente Electo, Andrés
Manuel López Obrador, que entre las iniciativas de modificaciones a la ley, además de prometer una batida contra la
corrupción promoverá que todas las modalidades de hurto de combustibles sean
establecidas en el Código Penal Federal como delito grave, y se decrete prisión
preventiva de forma oficiosa a los imputados.
Y es que además de las cifras del
fenómeno delictivo, que se convirtió en uno de los más lucrativos para el
crimen organizado, los hechos son insostenibles. Balaceras, llamaradas o
explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), policías y políticos
involucrados, trabajadores de la paraestatal al servicio de los huachicoleros y
ahora familias enteras metidas al ilícito negocio desafiando a la autoridad.
Cada año se bate el récord anterior
de tomas clandestinas conseguidas por los delincuentes y también la cuantía en
pérdidas económicas para la otrora empresa de “todos los mexicanos”. En 2017 se
registraron 10 mil 363 perforaciones en los ductos, un 50.7 por ciento más que
el año inmediato anterior, lo que significó un déficit de 30 mil millones de
pesos en ese periodo.
Este tipo de
delito trae aparejada otra serie de
delitos, como son el robo de tractocamiones, remolques, pipas, contenedores y
camionetas. Por si fuera poco, Pemex sufre la sustracción de equipos en las
mismísimas plataformas marinas y los gastos para hacer las reparaciones de la
red de ductos se disparan, ocasionando en diversas ocasiones desabasto en el
suministro de combustible en diversas entidades federativas.
El huachicoleo afecta a 25 de los
estados del país, pero el problema está más focalizado en Puebla, Veracruz,
Tamaulipas y Guanajuato, con un creciente avance en este último año en Hidalgo,
Morelos y el Estado de México.
Tan solo en la Ciudad de México, que
no está entre los primeros lugares de robo de hidrocarburos, el ilícito creció
406 por ciento de enero a mayo del año en curso, al detectarse 76 tomas clandestinas,
cuando en todo el año anterior se reportaron 15.
Las
autoridades han intentado de todo. Supuestamente
enviarían los productos: diésel, gasolina y turbosina, sin terminar, para que
en las refinerías se les diera el acabado, y así, de ser sustraído el producto
crudo por delincuentes no les serviría. Pero decir “refinerías” -en plural- en
México es un mal chiste. Luego se ha optado por otras estrategias que tampoco
han llegado a buen término.
Luego, en
2017, se informó que en el país se había adoptado el modelo colombiano para
abatir estos delitos. El entonces Procurador General de la República, Raúl
Cervantes, aseguró que se hacía una homologación de criterio con la experiencia
colombiana que lograron reducir sensiblemente el robo de recursos petrolíferos.
Se hablaba de protocolos y manuales facilitados por la Fiscalía y la Policía
Nacional de Colombia, por la empresa petrolera sudamericana, para crear
inteligencia sobre el tema. Nada pasó.
Hoy las autoridades justifican el
aumento en la sustracción ilícita de combustibles realizando una especie de
espejeo con el fenómeno del narcotráfico, con la atomización del menudeo.
Renato Sales Heredia bautizó esa venta al detalle como el “huachicomenudeo” y
dijo en mayo último que estos delitos se combaten de forma coordinada para ir
no solo por los que roban energéticos, sino por quienes los ofertan y también
por quienes los demandan.
La
Procuraduría General de la República (PGR) representada por la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de
diversas unidades especializadas, Pemex, el Centro de Información y Seguridad
Nacional (CISEN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría
de Marina Armada de México (SEMAR), atacan el problema que no fue atendido
oportunamente.
LAS CLAVES
DEL FENÓMENO.
– Jornaleros están dejando labores
del campo para participar en la industria del huachicol
– Huachicoleros ganan ilícitamente en
conjunto $2 mdp por día.
– Roban camiones y camionetas para el
transporte del combustible.
– Se estima que en el país, tres de
cada diez tráileres y ómnibus de pasajeros surten sus tanques con producto
ilícito.
– Mujeres y niños se incorporan al
negocio ilegal.
– A los jóvenes les pagan entre 10
mil y 15 mil pesos mensuales.
– El conflicto por el control de
territorios se refleja también en el “huachicomenudeo”.
– El 44 por ciento de los detenidos
por este ilícito recuperan su libertad.
– En diez años 144 trabajadores de
Pemex han sido detenidos en 17 estados.
– Policías se involucran en la
protección de las redes de ladrones de combustible.
– También se menciona a políticos en
Puebla y Guanajuato vinculados con las bandas.
– Detener y castigar a clientes de
chupaductos, nueva estrategia gubernamental.
– Gran parte del combustible robado no
se distribuye al menudeo; se vende a industrias
– Delito de robo, posesión o
transporte de hidrocarburo no amerita prisión preventiva oficiosa.
– Valor del combustible robado ($30
mil mdp anuales), triplica monto del fondo para seguridad.
IMPUNIDAD
Aníbal N. se
encuentra preso desde el 28 de abril 2016. Lo detuvieron en el municipio de
Singuilucan, en el estado de Hidalgo. Policías observaron un camión doble
rodado de color rojo a exceso de velocidad y decidieron ir en su persecución.
El chofer frenó, se bajó de la unidad y corrió al monte. Su acompañante,
precisamente el hoy detenido, atolondrado, cuando quiso pegar carrera ya no lo
pudo hacer.
En el camión
asegurado había cuatro contenedores con capacidad para mil litros cada uno,
casi llenos de gasolina Premium. En total 3 mil 805 litros. Aníbal declaró que
solo iba a acompañar a su amigo a entregar el vehículo y que desconocía la
ilicitud en su actuar. En agosto de 2016 fue condenado a 10 años de prisión por
posesión ilícita del hidrocarburo y en octubre de 2017 le fue confirmada la
pena.
Mala suerte
para el condenado. La mayoría de los detenidos por delitos similares quedan en
la impunidad. Según la paraestatal, el
año pasado presentó más de 10 mil denuncias por la ordeña de sus ductos,
lográndose la detención de mil 827 implicados en tomas clandestinas, conducción
de vehículos, almacenamiento o simple posesión de hidrocarburo, de los cuales
mil 717 recuperaron su libertad. Aníbal forma parte de ese magro 6 por ciento
que quedó en prisión.
Otro dato revelador muestra como de
17 mil 217 detenidos por la sustracción de energéticos de Pemex, entre 2015 y
2017, nada más 343 fueron sentenciados; es decir, solamente
el dos por ciento. Puebla con 21
condenas y Veracruz con cuatro. Eso es en cuanto a imputados, pero obviamente en la mayoría de los daños
a ductos y por robo no hay detenidos. Se forman miles de carpetas de
investigación sin que jamás se sepa quién o quiénes fueron los autores de los
delitos. De estas indagatorias sin detenido se sabe que tan solo el año pasado,
la Procuraduría General de la República integró casi tres mil.
Una de las principales dificultades
que enfrentan Pemex y el Ministerio Público Federal en los casos en que sí hay
imputados es que al no ser considerado un delito grave, muchos de los detenidos
no entran a prisión y otros reciben del juez el beneficio de una medida cautelar
distinta a la de prisión preventiva para enfrentar su juicio en libertad.
Lo que en un principio costaba a
Pemex y las autoridades ministeriales reconocer, que empleados de confianza o
del sindicato, o ex trabajadores de la petrolera estuviesen involucrados, no
pudo seguir en el oscurantismo.
Es una realidad que personal de la
paraestatal participa en la sustracción y otras actividades de los
huachicoleros. En diez años fueron detenidos 144 empleados de Pemex Refinación,
principalmente choferes, de seguridad física, ingenieros, superintendentes y
operadores de bombeo.
Hoy en día,
la Secretaría de la Función Pública (SPF), a través de la Unidad de
Responsabilidades en Pemex, investiga una banda de al menos 40 trabajadores que
robaban hidrocarburos alterando instrumentos de medición para sobrellenar las
pipas que salían a proveer gasolina o diésel a gasolinerías desde la terminal
de almacenamiento de Chihuahua. Al menos eso informó la dependencia a finales
de 2017, pero como suele ocurrir ya no se conoció el desenlace de las
pesquisas.
En marzo de
este año, la misma SPF suspendió a ocho trabajadores de Petróleos Mexicanos que
presuntamente participaron en la manipulación y alteración de las válvulas de
seccionamiento San Octavio, del Poliducto Minatitlán–México, en Acayucan,
Veracruz. De esa forma sustraían hidrocarburo. Las investigaciones continúan y
tampoco se conoce el resultado de las indagatorias.
En abril
reciente, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal
para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos,
con lo que avaló endurecer con más años de prisión las penas por este delito.
La iniciativa de reforma establece sanciones de 20 a 30 años de prisión, en
lugar de 15 a 25 años, y multas de 20 mil a 25 veces la Unidad de Medida y
Actualización, a quienes sustraigan hidrocarburos de ductos, vehículos, equipos
o instalaciones. El dictamen también aumenta los años de prisión a quien
compre, comercialice, transporte o almacene hidrocarburos sin derechos, así
como a quien altere el producto.
Falta de
optimismo y reconociendo el tamaño del problema, Pemex reconoce que las
estrategias de seguridad que ha implementado en coordinación con otras
dependencias, para combatir la ordeña de combustible, darían resultado hasta el
año 2025.
GUANAJUATO Y
PUEBLA.
La situación se ha tornado de extrema
gravedad en el robo de hidrocarburos en los estados de Guanajuato y Puebla,
donde la violencia se ha dejado sentir entre las células de huachicoleros y en
contra de representantes de la ley. Incluso con la infiltración de algunos
elementos y mandos de los cuerpos policiales, lo que ha incrementado el número
de policías asesinados en la Región del Bajío y la muerte de militares o
marinos en enfrentamientos en Puebla.
En Puebla, la situación es tan
delicada que varios alcaldes y hasta ex gobernadores han sido señalados de
tener vínculos con huachicoleros. Pemex ha cancelado el contrato o franquicia
de siete gasolinerías por la compra y venta de hidrocarburo ilícito. Y las
balaceras entre delincuentes o emboscadas a militares y marinos son frecuentes,
sobre todo en la zona de San Martín Texmelucan.
Tan solo en
2017 en Puebla se registraron 958 tomas
clandestinas y las autoridades realizaron mil 679 operativos contra los
“chupaductos”. Se recuperaron 4 millones 869 mil 640 litros de hidrocarburo
robado en distintos municipios de esa entidad y fueron detenidos 732 presuntos
delincuentes.
El hombre
que tiene de cabeza la región, incluidos los estados de Veracruz, Tlaxacala,
Tabasco y Oaxaca, responde al nombre de Roberto de los Santos de Jesús “El
Bukanas”, por quien el gobierno veracruzano incrementó -en mayo- de uno a cinco
millones de pesos la recompensa por información que lleve a su localización y
captura. Tabasco, por su parte, se previene ante un posible “efecto cucaracha”
por la supuesta persecución de los huachicoleros poblanos.
CASO SINALOA.
El poder de
las organizaciones criminales dedicadas al robo de combustibles se hace patente
en el estado de Sinaloa, donde Petróleos
Mexicano prefirió cerrar un ducto que continuar perdiendo producto propio y de
particulares que ya trabajan bajo el esquema de la Reforma Energética y eran
víctimas constantes de los huachicoleros.
A principios
de año, Pemex presentó una denuncia
penal ante la Procuraduría General de la República, en contra de quien resulte
responsable, por la sustracción de hidrocarburos en Sinaloa a través de tomas
clandestinas en el ducto. Un video colgado en redes sociales desnudó el
problema. En imágenes se observa que un vehículo de la paraestatal circula
junto a un grupo de personas que roban combustible por medio de perforaciones
al ducto y que los trabajadores de la petrolera no intervinieron ni denunciaron
el hecho.
Las tomas
ilegales en esa entidad se han duplicado. En el primer trimestre del año se
informó de 252 perforaciones a las redes de Pemex, siendo que el año pasado, en
el mismo periodo, apenas se reportaron 128. Los esfuerzos por combatir el delito en municipios como Culiacán,
Angostura, Mocorito y Guasave, fracasaron. Las ordeñas continuaron en cantidad
de tres por día; lo que motivó a las autoridades a cerrar el ducto, en el tramo
de Guamúchil a la capital sinaloense.
Finalmente, desde enero, la empresa mexicana no ha
reabierto el referido tubo que envía gasolina y diesel de Topolobampo a
Culiacán. El ducto era rentado a particulares para el trasiego de sus
productos, pero a partir de junio Pemex pidió que se retirara el tramo de la
subasta de ductos que lanzó del Sistema Pacífico. Según Grupo Reforma, el
cierre de la red ocasionó pérdidas a los gasolineros de ese estado en un 30 por
ciento de sus ventas en promedio.
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