Por Sugeyry
Gándara.
El Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses (IJCF) ha incinerado al menos 1 mil 581 cuerpos de personas no
identificadas desde el 2006 al 2018 y en la mayoría de los casos sin pruebas
genéticas. Con ello “borraron las evidencias e historias de miles de personas,
convirtiéndolas en cenizas”, informó hoy el Centro de Justicia para La Paz y el
Desarrollo (CEPAD).
Ana Karolina
Chimiak y César Pérez Verónica de Cepad, Dawit Bartelt, de la fundación
Heinrich Böll, y Ana Enamorado y Rosario Cervantes Aviña, madres de personas desaparecidas, presentaron el informe “Incineraciones
de cuerpos no identificados, crímenes sin justicia”. El documento concluye que
las autoridades de Jalisco por décadas han cometido múltiples y graves
violaciones de derechos humanos que no han sido castigadas, entre ellas, la
cremación de restos no identificados.
Los
defensores de derechos humanos comentaron
que el hallazgo de los contenedores con cadáveres el pasado 15 de septiembre de
2018 en Jalisco, solo es la punta del iceberg.
“La crisis forense no comenzó apenas el año pasado, y el tema de los
trailers es sólo una de las graves consecuencias de la sumisión de negligencias
y violaciones a los derechos humanos”, dijeron.
La incineración de cuerpos no
identificados constituye un acto que le arrebata a las familias de personas
desaparecidas probabilidades de alcanzar verdad y justicia, y las despoja de
esperanzas de recuperar a sus seres queridos, enfatizaron.
Además, es un acto ilegal de acuerdo a Ley General
de Desaparición Forzada y a la Ley General de Salud, destacó César Pérez,
director de CEPAD.
“Las instituciones públicas dejaron a
miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si
entre los cuerpos están sus seres queridos. A las personas que fueron cremadas
se les quitó el derecho a la identidad”, destaca el informe.
Karolina
Chimiak explicó que no hay información
certera o clara de la cantidad de cuerpos incinerados sin pruebas genéticas.
La
especialista detalló que las autoridades
de Jalisco se han contradicho o han respondido con discrepancias a la
información solicitada.
Ejemplificó que en una primera
solicitud de información, respondieron que de 1 mil 571 cuerpos sólo a 171 les
realizaron pruebas genéticas; en otra solicitud, señalaron que de los mil 581
cuerpos, al menos 803 contaban con perfil genético.
Tales discrepancias y faltas de
información “nos preocupa de manera muy particular”, dijo.
Las autoridades de Jalisco han
intentado entregar cenizas a familiares de personas desaparecidas sin pruebas
que pudieran confirmar su identidad, “jugando con el dolor y simulando el
cumplimiento”, agregaron los defensores.
Ana
Enamorado, madre de Oscar Antonio López Enamorado, joven de 17 años
desaparecido en enero de 2010, denunció
que a ella trataron de entregarle, en 2015, unas cenizas sin perfil genético y
sin las mínimas pruebas para asegurar que era su hijo.
Las autoridades, contó la mujer,
estaban aferradas a darle las cenizas de un joven que se “suicidó”, colgándose
de un puente en Jalisco. Los servidores públicos, en ese momento, le
argumentaban que era su hijo porque supuestamente le encontraron un teléfono
donde tenía guardado como “mamá” el número telefónico de Ana; sin embargo,
cuando ella pidió la ropa, el celular y otras pruebas, las autoridades tampoco
las tenían. Ana cuenta de se negó a aceptar. La mujer afirma que incluso un
Ministerio Público, de nombre Jesús Contreras intentó amedrentarla.
“Como yo no quería aceptar las
cenizas por las buenas, trataron de intimidarme por las malas”, narró.
César Pérez
Verónica recalcó que hasta el momento no
hay ni una sola investigación penal para determinar quién ordenó la
incineración de los cuerpos, y que se sancione esa grave violación de derechos
humanos.
“No podemos tener tanta impunidad”,
reprochó el activista
El director
de Cepad anunció que el informe será
enviado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y solicitarán que haga las
comunicaciones correspondientes para notificar al Comité de Desapariciones
Forzadas de la ONU sobre esta crisis forense.
Los activistas y las familiares de
víctimas destacaron que se debe de castigar a los funcionarios que permitieron
la cremación de cuerpos sin identificar, sin embargo, no precisaron cual sería
la responsabilidad penal en que incurrieron.
Pérez
Verónica precisó que primero debería
iniciarse una investigación por la violación a los derechos humanos y de ahí
determinar si hay si la comisión de algún delito.
“Ellos no pueden andar libres
mientras nosotras tenemos esta angustia, esta desesperación”, expresó Ana Enamorado.
Rosario
Cervantes Ávila, madre de Osvaldo Javier Hernández Cervantes, desaparecido en
julio de 2014, hizo hincapié en la
“deshumanización” de las autoridades, la indolencia y falta de voluntad
política ante la crisis de desapariciones
“Cuando nos revictimizan de una u
otra manera los vuelven a desaparecer. Cuando no hay personas profesionales, es
otra forma de desaparecer a nuestros desaparecidos, pero la peor forma es ésta
[incineración de cuerpos no identificados]. Nos niegan la posibilidad, la
esperanza de recuperar aunque sea un pedacito de ellos para poder tener paz”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.