El
exsubsecretario de la Sedatu, Enrique
González Tiburcio, fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito
de falsificación de declaración, toda vez que un juez federal determinó que
existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el
convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que derivó en el
presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue
falsificada, como había denunciado el exfuncionario.
A petición de la Fiscalía General de
la República (FGR), el juez federal Orlando Íñiguez Delgadillo también impuso
medidas cautelares, que consisten en que el exfuncionario acuda a firmar a
juzgados cada 15 días y la prohibición de salir del país sin permiso de la
autoridad judicial durante los siguientes tres meses, periodo en el que se
desahogarán más pruebas.
La
vinculación a proceso significa que el
juez consideró que las pruebas son suficientes para señalarlo como posible
responsable de haber “faltado a la verdad” al decir que su firma fue
falsificada, por lo que continuará el proceso penal en su contra y tanto la FGR
como la defensa del imputado presentarán más pruebas durante los próximos tres
meses, para la próxima audiencia fijada en abril.
El lunes, Animal Político reveló que González
Tiburcio, quien fue subsecretario de Ordenamiento Territorial durante la
administración de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Territorial, es uno de los exfuncionarios de más alto nivel implicado en un
convenio que derivó en el presunto de desvío de recursos públicos, conocido
como La Estafa Maestra.
Sin embargo,
su abogado Julio Hernández Barros
explicó que el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una
solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el
documento que de inicio fue declarado como inexistente porque no se encontraba
en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un
recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una
búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.
Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue
denunciado por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la
Sedatu el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la
misma instancia.
Un mes
después, el OIC interpuso una denuncia
ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la
falsificación de la firma contra quien resultara responsable. Fue así como
inició la investigación respecto a ese convenio, según sostiene la defensa.
Este martes González Tiburcio acudió a la tercera
audiencia del caso realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en la
Ciudad de México, Reclusorio Norte, donde su defensa ofreció pruebas para
comprobar la supuesta falsificación de su firma, mientras que los abogados de
la Fiscalía, la parte acusadora, intentaron demostrar lo contrario.
La Audiencia.
Al tratarse de una audiencia pública
como parte del procedimiento del nuevo sistema penal acusatorio, Animal Político
pudo estar presente y escuchar los argumentos de cada parte y las conclusiones
del juez.
Entre las pruebas de la Fiscalía
estuvo el dictamen de uno de sus peritos en grafoscopía quien concluyó que la
firma sí correspondía al exfuncionario. Además, el exrector de la Universidad
Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena acudió a comparecer y
confirmó la realización del convenio entre la dependencia y la institución
educativa el 4 de enero de 2016.
La defensa
del exfuncionario presentó el dictamen
de la perito externa en grafoscopía “Elba”, quien sostuvo que la firma fue
falsificada, aunque durante su exposición aseguró que la fecha del documento
que había analizado era del 4 de diciembre de 2016, por lo que la Fiscalía
señaló el error.
El juez Orlando Íñiguez consideró que
dicha exposición y dictamen no estaba bien sustentada pues ni siquiera pudo
explicar la metodología que hubiese seguido para obtener la conclusión de que
la firma era falsificada, además de que la confusión de la fecha ponía en
entredicho su análisis.
Esto, aunado a la declaración del exrector
Nochebuena fue prueba suficiente para el juez para vincular a proceso a
González Tiburcio. Incluso, en la argumentación de su decisión, el juez explicó
que el exfuncionario había “faltado a la verdad” al denunciar la supuesta
falsificación de la firma en el documento, toda vez que el perito de la
Fiscalía concluyó que la rúbrica sí fue “de su puño y letra”.
Pese a que
la denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu ocurrió en junio
2017, el juez consideró que
probablemente fue una estrategia del exsubsecretario para exculparse de alguna
investigación futura, toda vez que dicho convenio derivó en otro convenio
mediante el cual presuntamente se desviaron 185 millones de pesos de recursos
públicos de la Sedatu. Por ello determinó que existe materia para seguir
investigando al imputado.
En el
convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016, obtenido por Animal Político vía
transparencia, tenía como objetivo “la difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y
acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y
metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en
cumplimiento de sus fines institucionales”.
Para cumplir
con ello, según establece la quinta cláusula, “las partes” acordaron la
realización de convenios específicos a través de sus respectivos representantes.
Así ocurrió. El convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 fue
firmado el 2 de febrero de 2018 entre el rector Juan de Dios Nochebuena y
Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial de la Sedatu,
subalterno de González Tiburcio.
En el anexo a dicho convenio se
estableció el pago de hasta 224 millones de pesos, aunque sólo se pagaron 185
millones de pesos. Sin embargo, la universidad subcontrató a empresas para
supuestamente realizar los servicios, pero se trató de compañías irregulares,
según determinó la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría 196-DS.
Al revisar la ruta del dinero, la
Auditoría determinó “simulación de contrataciones y presentación de servicios”,
comprobantes “apócrifos”, triangulación de recursos con empresas “de papel”
involucradas con otras universidades y hasta pagos a funcionarios de 23
dependencias de gobierno.
Por ello, al considerar que hubo un presunto desvío
de 185 millones de pesos, la Auditoría, interpuso una denuncia penal ante la PGR
en contra de la Sedatu el 29 de octubre de 2018.
Por el
convenio específico, Armando Saldaña
también denunció ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu y ante la PGR
que su firma fue falsificada, a la par que su jefe. Sin embargo, su proceso ya
concluyó y el juez determinó la falsificación de su rúbrica, según explicó la
defensa de González Tiburcio.
El equipo legal del exsubsecretario
explicó que las diferencias entre las firmas se notan incluso a simple vista,
por lo que continuarán aportando pruebas en los próximos tres meses para
confirmar que su cliente no firmó dicho convenio.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.