Por Mathieu
Tourliere.
Olga Sánchez Cordero, Josefa González
Blanco Ortiz Mena y Alejandro Gertz Manero, titulares de las secretarías de
Gobernación (Segob), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la
recién creada Fiscalía General de la República (FGR), siguen sin autorizar a la
Secretaría de la Función Pública (SFP) a transparentar sus datos patrimoniales
y posibles conflictos de interés.
Gertz Manero, junto con Ricardo
Ernesto Ochoa Rodríguez –responsable de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas (CNSF)–, Jorge Alcocer Villanueva –el coordinador de asesores de
Sánchez Cordero– y Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y
Desarrollo Tecnológico, entregaron a la SFP su declaración como servidor
público la semana pasada, y rechazaron que la dependencia transparente sus
datos patrimoniales.
Lo hicieron a pesar de que el
presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en varias ocasiones en que no
permanecerán en el gobierno federal los funcionarios que se nieguen a
transparentar sus bienes y conflictos de interés. Hoy recordó además que todos
los funcionarios tienen hasta mañana para entregar sus declaraciones a la SFP,
de acuerdo con la ley; hasta el momento, las declaraciones de 20 altos
funcionarios no están disponibles en la plataforma Declaranet.
Andrew Rhodes Espinoza, comisionado
para las Áreas Naturales Protegidas, también se negó a hacer públicos sus datos
patrimoniales, pero desde el pasado mes de diciembre.
Algunos funcionarios federales
acataron la orden a medias: Ariadna Montiel Reyes y Javier May Rodríguez,
respectivos subsecretarios de Bienestar y de Inclusión Productiva y Desarrollo
Rural Territorial, no aceptaron publicar sus ingresos externos a su cargo
público ni los montos en sus cuentas bancarias.
Lo mismo
hicieron Gabriel García Hernández, quien
tiene un puesto clave en la nueva administración, pues coordina a los 32 “super-delegados”
que operan los programas sociales en las entidades federativas, y Francisco
Ricardo Sheffield Padilla, responsable de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco).
A lo largo
del mes pasado, Esteban Moctezuma
Barragán, el secretario de Educación Pública (SEP), autorizó la SFP publicar
sus datos patrimoniales, que en un primer momento se había negado en
transparentar. El funcionario reportó ingresos mensuales de 210 mil pesos, así
como un patrimonio inmobiliario de cinco casas, un departamento, un rancho y un
terreno, así como varias cuentas bancarias, aunque ocultó sus saldos.
Alfonso Romo Garza, el jefe de
Oficina de AMLO –quien llegó a integrar la lista de los multimillonarios de
Forbes en 1994–, transparentó sus bienes el pasado 16 de enero: reportó un
ingreso mensual neto de un millón 543 mil pesos, dos terrenos –uno por un valor
de 29 millones de pesos–, así como cuentas bancarias con más de 5 millones de
pesos.
Hasta la fecha, varios integrantes de
la oficina de AMLO aun no tienen en línea sus declaraciones como servidores
públicos, y tienen hasta mañana para enviarlas a la SFP: es el caso de Cesar
Yáñez Centeno –cuya boda ostentosa en Puebla fue ampliamente difundida–, pero
también de Jesús Ramírez Cuevas, el director de Comunicación Social del
presidente.
Otros subieron sus declaraciones en
días recientes, como Alejandro Esquer Verdugo –el secretario particular de
AMLO–, quien informó sobre la propiedad de dos casas, un departamento y dos
terrenos, así como de cuatro cuentas bancarias.
Lázaro Cárdenas Batel, jefe de
asesores del presidente y exgobernador de Michoacán, reportó por su parte ser
dueño de un departamento de 179 metros cuadrados por 60 millones de pesos y
tres terrenos, así como un ingreso mensual de 185 mil pesos; y Raymundo Artis
Espriú, coordinador de Estrategia Digital, no reportó bienes inmuebles a su nombre.
Cerca de dos meses después de la toma
de posesión y a un día de cumplirse el plazo para hacerlo, varios funcionarios
siguen sin enviar su información a la SFP: en la Cancillería faltan Jesús Seade
Kuri, Maximiliano Reyes Zuñiga y Martha Delgado Peralta; en Hacienda no
aparecen las declaraciones de Arturo Herrera Gutiérrez y Victoria Rodríguez
Ceja.
Tampoco se pueden consultar las
declaraciones de Asa Cristina Laurell en la Secretaría de Salud, ni las de
Alberto Montoya Martín del Campo y de Luis Abelardo González Quijano –ambos de
la Secretaría de Energía–.
En la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes faltan las declaraciones de Cedric Iván Escalante Morales; en la
del Trabajo y Previsión Social no aparece la de Alfredo Domínguez Marrufo ni la
de Horacio Duarte Olivares –ése último muy cercano a AMLO–.
En el
gabinete ampliado faltan más: Luis
Antonio Ramírez Pineda, titular del ISSSTE, Margarita Ríos Farjat, quien dirige
el SAT, Carlos Martínez Velázquez, del Infonavit, Raúl Elenes Angulo, de Conapesca,
Ana Guevara Espinoza, de la Conade, así como Eugenio Nájera Lozorzano –de
Nacional Financiera (Nafin)–, y Adalberto Palma Gómez, de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
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