Era 2014
cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el
Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que
habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas
fortalecerían sus ingresos.
A las familias del campo les dijo que
la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva
fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras,
recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.
Veracruz era pieza clave en el
proceso que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión
privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no
han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.
Lo que siguió después para cumplir la
promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del
Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos
(FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por
asignaciones y contratos.
A esa acción se sumaron una serie de
modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la
distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las
comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor
rigor y de asegurar su efecto social.
Los resultados distan de lo planteado
en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos seis años más de
9 mil millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos
petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de
Pemex, que sumaron 5 mil 956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de
dólares.
Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación
por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar
desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta
marginación en Veracruz.
Esta
investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias),
en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma
latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y
de Pemex.
Los datos recopilados confirman que
parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que
ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.
Para
documentar la ruta del dinero, se
recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se
analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de
obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26
solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos
dos fondos.
Entre 2015 y
2016, cuando Javier Duarte de Ochoa, ex
Gobernador del estado preso por corrupción, controló los recursos, más de MIL
MILLONES de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta
investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas
de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.
Con el Gobierno panista de Miguel
Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de
recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay
extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente
destinada para favorecer a comunidades petroleras.
El dinero fue controlado por la
Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que
concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron
entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a
grupos empresariales privilegiados.
Las irregularidades se repiten a nivel
federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de
mil 800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin
mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o
manipulados por los gobiernos estatal y municipal.
Además la petrolera ha utilizado esquemas como el
Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se
originan del impuestos cobrados a empresas extranjeras y nacionales, para pagar
obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves
acusaciones de corrupción.
DISCRECIÓN
EN FONDO PETROLERO.
Las comunidades indígenas de la
sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la
aplicación de estos fondos.
Hace 68
años, los pozos petroleros invadieron el
territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz
de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo
Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la
principal demanda de los habitantes: tener agua potable.
Pastora
García, subagente municipal, recuerda
que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones
de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.
Hace casi una década, unos 3 mil
habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde
entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido
permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.
García recuerda que la única temporada cuando
tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos
que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron
taponeados, el acceso al agua también se acabó.
El sistema que aliviaría a las
comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las
familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a
los 300 pesos.
García y
otros de sus compañeros fueron el año
pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre:
no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de
factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las
comunidades.
García dice que a veces quisiera regresar el
tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones,
teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las
parcelas acabaron con todo”.
En 2011, indignados por la falta de respuestas, los
pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema
de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo
otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.
Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir
a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos
años ir a firmar al penal cada domingo.
“No tengo miedo, porque exigimos algo
justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos
pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos
aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero
para el agua”, se queja.
Su historia se repite en otras
comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la Reforma
Energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños no llegan a
quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.
La comunidad de García forma parte de
la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La
zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción
de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso
de Reforma Energética adelantado por Peña Nieto.
Esto, en teoría, colocó a su
comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP
destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación
petrolera y que han creado rezago.
Pero mientras a Pastora y al comité
del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de
Veracruz ha invertido más de mil 300 millones de pesos en pavimentaciones y
rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la
vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.
Fallas en el uso del millonario
recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas
de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.
El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben
pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración
y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas
contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.
Las reglas de operación obligan a los
estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los
municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en
las normas.
Se pueden construir sistemas para
almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para
rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos;
para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la
protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres
naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.
En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de
pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han
sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y
protección ecológica y 1 de electrificación.
LOS
CONTRATOS.
Las obras de pavimentación que han
concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones
directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios
pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800
millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.
Las principales fallas en la
aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo
con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia
presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han
sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera.
Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en
otros lugares donde la industria ha provocado estragos.
El FEFMPH además no contempla mecanismos de
participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera
inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de
Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las
actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de
sexenio”.
Veracruz es el estado con mayor
superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y
hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación,
reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos
de la legislación y la normatividad.
“Además resulta llamativo que estados o municipios
donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos
que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores,
integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.
La
investigadora coincide en que el escaso
control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los
gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe
a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.
Veracruz es claro ejemplo de esto.
Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros
tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas
157 millones de pesos en inversión.
Incluso el municipio de Molocán,
donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la
empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la
ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas,
tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a
pavimentación.
OBRAS PARA
PANISTAS Y CONSTRUCTORES.
Apenas el sol da tregua en el Puerto
de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan
de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.
La obra fue inaugurada en el último
día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más
importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del
país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10
kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de
cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de
lujo.
La obra es realizada con recursos del
FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con
sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.
Aunque el Puerto de Veracruz,
gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del Gobernador, apenas tiene unos
kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río,
municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de
pesos.
El dinero de este fondo fue
controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex Alcalde
de Veracruz, ex Diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.
Con
Rementería al mando, la SIOP se
convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De
tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales
por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.
El aumento del presupuesto le
permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema
de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.
Durante su encargo, gran parte de la
obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación
restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los
recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las
obras a los empresarios más competitivos.
Este modus operandi lo detectó la ASF
en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había
proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había
disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de
comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.
Las mismas
prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de
transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras
vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.
Apenas en
octubre pasado, el Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra
funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían
adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos
por ley. Además se detectaron deficiencias en la construcción.
Un análisis de las licitaciones
realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron
811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo
petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.
De este
grupo, diez empresas constructoras
pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En
conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de
las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de
pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre
otros cinco grupos constructores.
Adicionalmente las empresas de esta
lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el
gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.
Algunos empresarios recibieron entre
cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias
empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón
Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC,
quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de
pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del
Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras,
que tuvo que ser suspendida.
En 2017 una acusación anónima prendió los focos
rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes
obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces
presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.
Esta
reportera buscó la opinión del actual presidente de la cámara de la
construcción en Veracruz, sin embargo al cierre de este trabajo no respondió la
petición de entrevista.
GOBERNADOR
DECIDIÓ OBRAS .
Entrevistado sobre los
cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No
era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”
Rementería reconoce que concentrar el cuarto
presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura.
“Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de
aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.
Alega que para realizar la asignación
de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o
alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo,
las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se
aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación,
lo cual se incumplió para Veracruz.
Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del
gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco,
simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el
dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.
Cuestionado sobre el criterio
utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y
Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas
operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio Gobernador
Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a
realizarse.
También justifica que la mayor parte
del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal
solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del
agua potable o la electrificación”.
Hay un grupo de constructores que
concentran las obras,
se le cuestionó.
“Hay grupos de empresarios que se
agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se
puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.
Rementería también justifica que una gran parte de los
contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en
Ley.
“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas
obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a
impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.
Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en
diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100
millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH,
la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.
La obra se repartió vía adjudicación
directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se
enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en
papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos
del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.
DESVÍOS,
OBRAS SIN OPERAR Y SOBRECOSTOS.
Esto es parte del desorden
administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los
mil 30 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de
entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10
por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a
saber dónde está o en qué se utilizó.
Veracruz no entregó información de la comprobación
de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las
contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios
implicados, sin embargo a la fecha no hay reporte de las sanciones.
La auditoría cuestionó que en general
el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen
correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.
La falta de control ha derivado
principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las
afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se
extrae el petróleo, el gas y el aceite.
Otro de los hallazgos fue que algunas
obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el
Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.
El patrón
fue común: proyectos abandonados, sin
terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin
factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos
en la construcción.
En la cuenta
pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34
observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades
en los contratos. Ver documento
Los desvíos duplicaron el monto de
las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar
para el presupuesto 2017 y 2018.
Por ejemplo,
en el municipio de Papantla se
detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.
La auditoría
observó un desvío de 1.9 millones de
pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida.
Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un
supuesto avance físico. Sin embargo cuando los auditores realizaron las visitas
de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.
En un
paquete de 17 obras revisadas, la
auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra,
por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los
términos contractuales.
En las
visitas a las obras, los auditores
revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco,
Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa
Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y
Emiliano Zapata.
Los auditores
también acusaron que la SIOP durante el
gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las
invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las
adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas
empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal,
por lo que hubo irregularidades en su contratación.
PEMEX, LOS
RECURSOS SIN CONTROL.
Cuando el Alcalde de Castillo de
Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción
del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo
fiesta con cohetes y comida.
Era 2014 y la obra se realizaba con
un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se
concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.
Pero la obra nunca funcionó correctamente porque
el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas
residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.
El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la
obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la
validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias
según la normatividad.
No era la primera vez que ocurría
algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos
para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.
Otro caso es el ayuntamiento de
Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción
del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.
La promesa era que el sistema de agua
podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo las
irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que
no soportó la presión y terminó por romperse.
En la cuenca petrolera del sureste la
situación es la misma. El Alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en
2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían
para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la
carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.
Pero el Alcalde lo desvió para pavimentar el
camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples “El
Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de
sus propiedades.
Pemex interpuso una denuncia en
contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió
media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso
Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.
Con el sistema de donaciones y
donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios
impactados por la explotación y extracción.
El fin es contribuir con el
mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en
zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.
En Veracruz,
la empresa ha repartido del 2013 al
2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113
millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel
y asfalto.
Desde el
consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado
en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los
proyectos que serían favorecidos con estos recursos.
Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el
gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la
empresa petrolera.
En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex
entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para
generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social,
salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e
infraestructura social, pero sin comprobar las obras.
Revisiones a
los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y
luego en 2016, revelaron que se carecen
de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los
recursos.
Aroa Fuente,
investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto
deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos.
De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos
para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni
sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que
deben entregar los beneficiarios”.
Además alerta que Pemex no realiza un seguimiento
de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y
bienes para los fines otorgados.
“El hecho de que Pemex no comprobara
el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados
impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines
establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo
social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y
donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”.
Aunque los beneficiarios están
obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se
realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.
La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando
tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está
actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena
aplicación.
En 2013 el Consejo de Administración aprobó el
Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue
reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.
Para la auditoría 2016, la
irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento
normativo para distribuir estos recursos.
Ejemplos de
corrupción hay muchos: De los 259
millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que
consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de
110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en
el uso y aplicación de los recursos.
También se detectó que los vehículos del gobierno
eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros
diarios.
La petrolera señaló que ante la falta
de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido
el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.
Por estas irregularidades y la falta
de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en
contra de los funcionarios omisos.
Para esta investigación se solicitó
vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y
donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si
había irregularidades en su gastos de parte de gobierno o municipios. La
respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se
habían ejercido.
El argumento que utilizaron fue que
cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de
la documentación, pues la normatividad había cambiado.
Pemex tampoco quiso informar si había denuncias
penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por
la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y
asfalto.
La distribución de los donativos y
donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos
en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como
Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí
refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos.
Lo que contradice el objetivo de este
apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las
comunidades localizadas en las zonas petroleras.
EL PACMA,
LAS MIGAJAS DE PEMEX.
Es la hora
de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce
vacío y la razón es simple: el menú no
le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa,
chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada
a comer.
“No vamos a comer eso, cuando en la
parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.
La cuota de recuperación para la
ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del
comedor, sin embargo la gente de las comunidades petroleras integrada por
campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.
Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su
alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó
el programa Cruzada contra el Hambre.
Pero en la comunidad nunca
preguntaron si eso era necesario.
La Auditoría
Superior de la Federación ha señalado
que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues
no se demostró abatir la carencia alimentaria en la comunidades de alta
marginación.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y
consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y
acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las
áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar
un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.
En Veracruz se han invertido 196
millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas
nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell
Schlumberger, entre otras.
Bajo este
programa, Pemex construyó en las
comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias,
dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la
instalación de cientos de comedores comunitarios.
Pero algunas obras se realizaron sin
preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los
comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil
pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.
Otro apoyo del Pacma fueron las casas
de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la
comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.
Pero además, los recursos que ejerce
Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.
El programa ha sido objeto de
señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que
la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en
el ejercicio de recursos del fondo.
La dependencia guardó en secrecía el
documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de
Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la
entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta
soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas”.
Luego de
esto, el programa fue relanzado en 2013,
previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización
Transparencia Mexicana.
Pero en
2014, una investigación del periódico
Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales
priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para
financiar campañas del PRI.
Sobre el
tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces
titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa
contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que
el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.
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