Luego de que el pasado 11 de enero,
el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a evaluar la
pertinencia de continuar el Proyecto Integral Morelos (que contempla la
creación de dos termoeléctricas y un gasoducto), habitantes de Puebla, Tlaxcala
y Morelos afectados por este megaproyecto energético demandaron no solo su
cancelación definitiva, sino también la creación de una “comisión de la verdad”
que investigue los actos de corrupción que permitieron su puesta en marcha.
Vecinos de
estas entidades, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua, denunciaron que, producto de dicha
corrupción, el gasoducto Morelos surca las faldas del volcán Popocatépetl, discurriendo
a ras de suelo a lo largo de una zona de riesgo volcánico, pasando por puntos
en los que correrán lahares y flujos piroclásticos en caso de una erupción, lo
cual fue advertido en su momento por el Centro Nacional para la Prevención de
Desastres, sin que eso detuviera las obras.
Sin embargo,
advirtieron, el peligro de fractura y
explosión no sólo se presenta ante una eventual erupción volcánica, sino que se
mantiene de forma latente en las 60 comunidades por las que atraviesa el
gasoducto ya que, como reconocen los mismos estudios elaborados por la Comisión
Federal de Electricidad, en caso de una fractura incidental, la “zona de alto
riesgo” sería de 608 metros alrededor del punto siniestrado.
Se
intensifican las amenazas contra opositores al gasoducto en comunidad yaqui de
Sonora
En 2010, cuando iniciaron estas obras, “nadie nos
consultó nuestra opinión” y al poner en marcha los trabajos, “no se tomaron en
cuenta las características de nuestras comunidades, y los riesgos que el
gasoducto genera”, explicó Araceli Hernández, habitante de la localidad San
Damián Texoloc, en Tlaxcala.
“En la comunidad de San Vicente
–ejemplificó– pusieron el gasoducto cerca de la comunidad, a pesar de que ahí
todos se dedican a la producción de tacos de canasta, y en todo el pueblo
constantemente hay encendidas hornillas, por muchas horas, y el mismo riesgo
tienen otras comunidades de la zona, en donde se dedican a la alfarería y
también tiene hornos encendidos por mucho tiempo.”
Otro
ejemplo, señaló, “es mi comunidad, San
Damián Texóloc, el ducto fue instalado en aguas salitrosas, que aumentan el
deterioro del tubo y el riesgo de fugas”.
En algunas de estas localidades,
subrayó, como San Jorge Tezoquipan, San Vicente Xiloxochita, San José Teacalco,
La Trinidad Tenexyécatl, San Cristóbal Oxtotlapango, Santa Isabel
Tetlatlahuica, “el ducto pasa a 20 metros”, es decir, dentro del rango de “alto
riesgo” en caso de explosión.
@CNDH
#ReconendaciónCNDH a @SEMARNAT_mx, @CFEmx y
@CDI_mx, por violación a DDHH de habitantes de #Morelos, #Puebla y #Tlaxcala
derivado de construcción de central termoeléctrica, acueducto y gasoducto. 👉 http://bit.ly/CNDH056
Todas estas irregularidades en el
trazo del gasoducto, que implican violaciones a las normas de seguridad,
subrayó, deben ser investigadas por una “comisión de la verdad”, que
identifique y sancione a los responsables.
En Morelos, añadió Jaime Domínguez
Pérez, el problema se prolonga tanto como el ducto: “Si ustedes conducen sobre
la carretera que va a Cuautla, verán que el gasoducto está en el acotamiento,
en la orillita del asfalto, y eso implica no sólo un riesgo para las
comunidades, sino para toda la gente que pasa por la carretera”.
Además, subrayó, ante una eventualidad volcánica,
una explosión de este ducto dejaría a diversas comunidades completamente
incomunicadas, con el ducto ardiendo de un lado y el volcán del otro.
El Proyecto
Integral Morelos, además, contempla la
creación de dos plantas termoeléctricas en la localidad de Huesca, Morelos, que
requerirán 50 millones de metros cúbicos de agua para funcionar, es decir, todo
el afluente del río Cuautla.
De ese afluente, sin embargo,
dependen 5 mil productores agrícolas, a los que esa agua ya les fue otorgada.
Flavio
Placencia, campesino de Villa de Ayala, explicó
que “nosotros llevamos muchos años luchando para que no nos roben nuestra agua,
porque si lo hacen, nos darían la muerte, no podríamos trabajar nuestras
parcelas, o tendríamos que dejar de ser productores de riego, para convertirnos
en campesinos de temporal (dependientes de las lluvias), por eso, cuando el
presidente López Obrador estuvo allá, el nieto de Emiliano Zapata le dijo
claramente que no vamos a dar ni una gota de agua para esa termoeléctrica, no
la vamos a dejar funcionar y nos vamos hasta las últimas consecuencias”.
Pero el riesgo no es solo para los
productores agrícolas, sino para toda la comunidad, se detalló, porque “el
proyecto de las termoeléctricas contempla enfriar las turbinas con gas cloro,
que es la misma sustancia que se usó en la Primera Guerra Mundial como arma
química, para matar a miles de personas”.
El manejo permanente de esta
sustancia, denunciaron, “deja a la comunidad de Huesca en riesgo”.
Jaime
Domínguez Pérez, de Morelos, explicó que
el Proyecto Integral Morelos fue un mega-proyecto impulsado en beneficio de
intereses privados, “fue una transacción de Calderón, que luego impulsó Peña
Nieto, y ahora el gobierno de la cuarta transformación quedó de que en dos
semanas va a dar una respuesta, si se cancela o sigue adelante”.
Pero la decisión, advirtió, “ya fue
tomada” por las comunidades que desde un inicio se han opuesto a su puesta en
marcha, cuyos derechos a la consulta fueron violados por las autoridades, tal
como concluyó la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos en febrero de
2018.
“Este proyecto ha sido impuesto por
acción de policías y militares, en cada pueblo ha sido impulsado por la fuerza,
ha habido represión, cárcel y tortura para los que se oponen, pero nosotros
aquí seguimos, a pesar de todo esto. Todo mundo espera que haya un cambio en
esta cuarta transformación, y esperamos que el presidente Andrés Manuel López
Obrador cumpla su compromiso de respetar la vida, respetar la integridad de las
personas. Vale más la vida, que 20 mil millones de pesos mal invertidos.”
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