Gritos de
dolor retumbaron en el panteón de Ixtapaluca, Estado de México, mientras
enterraban a la pequeña Giselle Garrido Cruz: “¿Cuántos niños más?”, gritó
desecha en llanto una familiar de la pequeña de 11 años que soñaba con ser
futbolista profesional, pero fue raptada y asesinada en el municipio de
Chimalhuacán. Ahí se cortó su ilusión.
Giselle
desapareció el 19 de enero pasado en la colonia San Lorenzo de Chimalhuacán. La
pequeña habría acudido a un café Internet, desde donde se habría comunicado con
su familia para informar que de ahí iría a buscar a su padre para regresar con
él a casa. Sin embargo, la niña nunca llegó al punto acordado. Cuando la
pequeña no apareció, los padres y allegados de inmediato desataron una intensa
búsqueda en las calles de la colonia y también por redes sociales.
Los padres y
familiares realizaron diversas movilizaciones donde clamaron ayuda a la
sociedad y a autoridades; también suplicaron porque regresaran a su pequeña con
vida. Pero su clamor no fue escuchado: el cadáver de la niña fue localizado la
tarde del domingo en un paraje del municipio de Ixtapaluca.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México informó este martes sobre la detención de un hombre,
identificado como Roberto “N”, como el presunto autor del feminicidio de la
menor. De acuerdo con los datos difundidos, el presunto responsable sería el
dueño del ciber café al que acudió la pequeña y donde se le vio por última vez.
ALARMANTE
CRECIMIENTO.
El asesinato de Giselle es otro en la
cadena de feminicidios cometidos contra menores de edad, una tendencia que se
ha mantenido a la alza los últimos años. El número de asesinatos contra mujeres
de 0 a 17 años creció al menos 32.30 por ciento en 2018 con respecto a la cifra
de 2017, y los especialistas dicen “al menos” porque no hay certeza de que en
las cifras oficiales se reporten todos los asesinatos de menores en la
República Mexicana.
DURANTE AÑO
PASADO, el más sangriento en la historia
moderna del país, se reportaron un total de 86 niñas y adolescentes asesinadas,
21 casos más que en 2017, cuando se registraron 65 casos, de acuerdo con las
cifras procesadas por la organización civil Red por los Derechos de la Infancia
en México (Redim), que también toma datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En general, los feminicidios de
mujeres de todas las edades mantienen un alza sostenida en los últimos años;
sin embargo, “el ritmo de crecimiento en feminicidios de niñas y las
adolescentes es más acelerado respecto al de las mujeres de 18 años y más”, destaca la Redim
En 2017 creció 22. 5 por ciento con respecto al
2016, cuando se reportaron 53 casos y el delito representó un aumento de 6 por
ciento comparado con la cifra de 2015. Si se compara 2018 con 2015, los
feminicidios de niñas y jovencitas creció al menos 72 por ciento en los últimos
tres años.
Además, si la víctima tiene entre 15 y 17 años
“tiene un 30 por ciento más de riesgo, de ser víctima de feminicidio”, alerta
la Redim. El Estado de México, Chihuahua y Nuevo León fueron los estados más
letales para las mujeres menores de edad durante 2018, con 14, 10 y ocho
feminicidios de niñas y adolescentes, respectivamente.
Juan Martín
Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, lamentó que a pesar del crecimiento de la
lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género –en términos
normativos, con leyes, instituciones y mayores espacios de comunicación–, “las
mujeres siguen estando solas cuando denuncian la violencia machista”. El
especialista destacó que las cifras ponen en evidencia que el Estado mexicano
sigue sin tener capacidad, claridad y disposición para frenar los feminicidios.
Los feminicidios en niñas y
adolescentes crecen, consideró el activista, ante diversos factores, todos
ellos vistos en un contexto de un país machista con una violencia estructural
desatendida, corrupción, omisión dolosa y, principalmente, un alto nivel de
impunidad.
“Tenemos un tema de violencia
estructural que nuestro país no ha atendido. Somos un país machista que ha
incrementado su violencia; tenemos a muchas personas vinculadas a hechos
criminales, […] tenemos asesinos seriales que están libres y están armados […]
Tenemos un número muy alto de hechos delictivos que quedan en la impunidad, eso
significa que puedes asesinar a alguien y no pasa nada, eso nos da cuenta que
ese es el mejor estímulo para que se repitan esos hechos. Entonces, regresando
al contexto de un país machista, donde estos hombres –vinculados a estas
experiencias de homicidio, de crimen y de ilegalidad, armados y con la certeza
de que no pasa nada–, toman la vida de las mujeres”, denunció.
OMISIÓN Y
SIMULACIÓN.
Alma, una tía de la niña Giselle
Garrido, denunció frente a cámaras de medios de comunicación nacionales que las
autoridades mexiquenses no querían emitir la Alerta Amber, ni realizaron
mayores acciones de búsqueda porque la desaparición de la menor se dio en fin
de semana.
“Como la niña desapareció el sábado
decían que hasta el lunes, hasta el lunes querían arrojar la Alerta Amber para
empezar a buscarla porque el domingo los señores descansaban y, como no eran
sus hijos los que estaban desaparecidos, por eso les valió puritita madre”, dijo la familiar de la menor a
Televisa.
La omisión dolosa de la autoridades
es uno de los factores que, de acuerdo Juan Martín Pérez, permiten el
incremento de los feminicidios. El activista explicó que la omisión dolosa se
manifiesta en ciertas conductas negligentes de las autoridades tales como
renuencia de Ministerios Públicos para abrir carpeta de investigación ante una desaparición,
activar alertas o protocolos especiales, negligencia a la hora de investigar y
buscar, entre otros aspectos.
El defensor destacó que ese patrón se ha visto no sólo
en la desaparición de Giselle, sino que se ha repetido en otros casos, como el
de la niña Camila, en Chalco, Edomex, donde no quisieron abrir de inmediato la
carpeta de investigación y es la propia comunidad, familia y activistas quienes
emprendieron la búsqueda inmediata.
“Esta omisión dolosa, esta lógica
intencional de no investigar, de voltear la mirada, de permitir que sucedan los
hechos, da cuenta de esa cultura machista muy interiorizada que permite ser
cómplice de esos ciclos de feminicidios y, al mismo tiempo, estimula que se
sigan cometiendo estos delitos por la impunidad y la corrupción”, dijo el representante de la Redim.
Pérez García
agregó que el panorama no es favorable
pues aseguró que la simulación vista desde otras administraciones
gubernamentales parece continuar con el Gobierno en turno:
“La paradoja
es enorme: aun cuando ahora tenemos
leyes en todos los estados, instituciones de las mujeres, presupuestos para
paridad de género, vemos que eso no es un tema primordial de esta
administración [encabezada por Andrés Manuel López Obrador] y tampoco lo fue
para las de los presidentes del PRI y del PAN. Las instituciones se han negado
a reconocer en las alertas de género y otras herramientas para abatir los
feminicidios, y han optado mucho por la simulación”, acusó.
El
especialista insistió en que las alertas
de género no han servido en los estados “porque no hay disposición real de
cambiar las cosas y predomina la simulación, “y eso es uno de los grandes temas
que tenemos para atacar”.
El director
de la Redim explicó que los feminicidios
en niñas y adolescentes es más grave porque eso muestra que en el país no se
vela por el interés superior de la niñez y “porque no se está entendiendo que
las niñas requieren protección especial, no sólo porque están en pleno
desarrollo sino porque son niñas y no son objeto de propiedad familiar”.
ASESINATOS
INVISIBILIZADOS.
El aumento de feminicidios en mujeres
adolescentes es un tema que no se ha visibilizadado en el país, coincidieron
Juan Martín Pérez y Luz María Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidios (OCNF).
Las cifras presentadas por la Redim
son sólo los casos que las fiscalías estatales reconocieron y clasificaron como
feminicidios de menores de edad, por lo que se estima que el número podría ser
mucho mayor, pues diversas organizaciones como el Observatorio Ciudadano
Nacional de Feminicidios ha denunciado en varias ocasiones que muchos
homicidios dolosos de mujeres, adultas o menores de edad, no se les investiga
como feminicidios.
“No se visiliza porque hay una noción
adultocéntrica”, es
decir cuando se habla de feminicidios se
piensa en mujeres adultas, explicó el titular de Redim.
Luz María
Estrada, directora del OCNF, expuso que
no se ha puesto atención clara en la clasificación de los feminicidios de niñas
por lo que no hay una ruta que muestre el problema en su verdadera dimensión.
Ejemplificó que en muchos feminicidios de niñas o adolescentes han sido
catalogados como “parricidios”, porque son los padres los perpetradores; sin
embargo, se trata también de feminicidios de menores, explicó.
“Todavía estamos ante una resistencia
del Estado por acreditar el feminicidio”, denunció la experta. Estrada enfatizó
que es preocupante que cada vez es más recurrente ver casos de niñas que
desaparecen y son halladas asesinadas. En muchos de estos casos, manifestó
tienen el común denominador que sus perpetradores son gente que las conocía,
las había visto o ya las tenía ubicadas.
La
especialista sostuvo que es necesaria
una adecuada clasificación e información certera de los casos para ver patrones
y también para determinar estrategias o políticas que puedan abatir esas
conductas violentas. “Por eso requerimos datos muy claros de cuántas niñas [son
víctima de feminicidios]”, expuso.
La
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió el año anterior una serie de
recomendaciones al Estado mexicano donde lo llama a tomar “medidas urgentes”
para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones
forzadas de niñas y mujeres en el país.
En un
informe emitido el 20 de julio pasado,
la Convención alertó que persisten “los patrones de violencia de género
generalizada contra mujeres y niñas” en todo el territorio nacional, que
incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento
de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el
feminicidio.
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