miércoles, 30 de enero de 2019

No es sólo Giselle, son muchas más: el feminicidio de menores de 0 a 17 años.



Gritos de dolor retumbaron en el panteón de Ixtapaluca, Estado de México, mientras enterraban a la pequeña Giselle Garrido Cruz: “¿Cuántos niños más?”, gritó desecha en llanto una familiar de la pequeña de 11 años que soñaba con ser futbolista profesional, pero fue raptada y asesinada en el municipio de Chimalhuacán. Ahí se cortó su ilusión.

Giselle desapareció el 19 de enero pasado en la colonia San Lorenzo de Chimalhuacán. La pequeña habría acudido a un café Internet, desde donde se habría comunicado con su familia para informar que de ahí iría a buscar a su padre para regresar con él a casa. Sin embargo, la niña nunca llegó al punto acordado. Cuando la pequeña no apareció, los padres y allegados de inmediato desataron una intensa búsqueda en las calles de la colonia y también por redes sociales.

Los padres y familiares realizaron diversas movilizaciones donde clamaron ayuda a la sociedad y a autoridades; también suplicaron porque regresaran a su pequeña con vida. Pero su clamor no fue escuchado: el cadáver de la niña fue localizado la tarde del domingo en un paraje del municipio de Ixtapaluca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este martes sobre la detención de un hombre, identificado como Roberto “N”, como el presunto autor del feminicidio de la menor. De acuerdo con los datos difundidos, el presunto responsable sería el dueño del ciber café al que acudió la pequeña y donde se le vio por última vez.

ALARMANTE CRECIMIENTO.

El asesinato de Giselle es otro en la cadena de feminicidios cometidos contra menores de edad, una tendencia que se ha mantenido a la alza los últimos años. El número de asesinatos contra mujeres de 0 a 17 años creció al menos 32.30 por ciento en 2018 con respecto a la cifra de 2017, y los especialistas dicen “al menos” porque no hay certeza de que en las cifras oficiales se reporten todos los asesinatos de menores en la República Mexicana.

DURANTE AÑO PASADO, el más sangriento en la historia moderna del país, se reportaron un total de 86 niñas y adolescentes asesinadas, 21 casos más que en 2017, cuando se registraron 65 casos, de acuerdo con las cifras procesadas por la organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que también toma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En general, los feminicidios de mujeres de todas las edades mantienen un alza sostenida en los últimos años; sin embargo, “el ritmo de crecimiento en feminicidios de niñas y las adolescentes es más acelerado respecto al de las mujeres de 18 años y más”, destaca la Redim

En 2017 creció 22. 5 por ciento con respecto al 2016, cuando se reportaron 53 casos y el delito representó un aumento de 6 por ciento comparado con la cifra de 2015. Si se compara 2018 con 2015, los feminicidios de niñas y jovencitas creció al menos 72 por ciento en los últimos tres años.

Además, si la víctima tiene entre 15 y 17 años “tiene un 30 por ciento más de riesgo, de ser víctima de feminicidio”, alerta la Redim. El Estado de México, Chihuahua y Nuevo León fueron los estados más letales para las mujeres menores de edad durante 2018, con 14, 10 y ocho feminicidios de niñas y adolescentes, respectivamente.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, lamentó que a pesar del crecimiento de la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género –en términos normativos, con leyes, instituciones y mayores espacios de comunicación–, “las mujeres siguen estando solas cuando denuncian la violencia machista”. El especialista destacó que las cifras ponen en evidencia que el Estado mexicano sigue sin tener capacidad, claridad y disposición para frenar los feminicidios.

Los feminicidios en niñas y adolescentes crecen, consideró el activista, ante diversos factores, todos ellos vistos en un contexto de un país machista con una violencia estructural desatendida, corrupción, omisión dolosa y, principalmente, un alto nivel de impunidad.

“Tenemos un tema de violencia estructural que nuestro país no ha atendido. Somos un país machista que ha incrementado su violencia; tenemos a muchas personas vinculadas a hechos criminales, […] tenemos asesinos seriales que están libres y están armados […] Tenemos un número muy alto de hechos delictivos que quedan en la impunidad, eso significa que puedes asesinar a alguien y no pasa nada, eso nos da cuenta que ese es el mejor estímulo para que se repitan esos hechos. Entonces, regresando al contexto de un país machista, donde estos hombres –vinculados a estas experiencias de homicidio, de crimen y de ilegalidad, armados y con la certeza de que no pasa nada–, toman la vida de las mujeres”, denunció.

OMISIÓN Y SIMULACIÓN.

Alma, una tía de la niña Giselle Garrido, denunció frente a cámaras de medios de comunicación nacionales que las autoridades mexiquenses no querían emitir la Alerta Amber, ni realizaron mayores acciones de búsqueda porque la desaparición de la menor se dio en fin de semana.

“Como la niña desapareció el sábado decían que hasta el lunes, hasta el lunes querían arrojar la Alerta Amber para empezar a buscarla porque el domingo los señores descansaban y, como no eran sus hijos los que estaban desaparecidos, por eso les valió puritita madre”, dijo la familiar de la menor a Televisa.

La omisión dolosa de la autoridades es uno de los factores que, de acuerdo Juan Martín Pérez, permiten el incremento de los feminicidios. El activista explicó que la omisión dolosa se manifiesta en ciertas conductas negligentes de las autoridades tales como renuencia de Ministerios Públicos para abrir carpeta de investigación ante una desaparición, activar alertas o protocolos especiales, negligencia a la hora de investigar y buscar, entre otros aspectos.

El defensor destacó que ese patrón se ha visto no sólo en la desaparición de Giselle, sino que se ha repetido en otros casos, como el de la niña Camila, en Chalco, Edomex, donde no quisieron abrir de inmediato la carpeta de investigación y es la propia comunidad, familia y activistas quienes emprendieron la búsqueda inmediata.

“Esta omisión dolosa, esta lógica intencional de no investigar, de voltear la mirada, de permitir que sucedan los hechos, da cuenta de esa cultura machista muy interiorizada que permite ser cómplice de esos ciclos de feminicidios y, al mismo tiempo, estimula que se sigan cometiendo estos delitos por la impunidad y la corrupción”, dijo el representante de la Redim.

Pérez García agregó que el panorama no es favorable pues aseguró que la simulación vista desde otras administraciones gubernamentales parece continuar con el Gobierno en turno:

“La paradoja es enorme: aun cuando ahora tenemos leyes en todos los estados, instituciones de las mujeres, presupuestos para paridad de género, vemos que eso no es un tema primordial de esta administración [encabezada por Andrés Manuel López Obrador] y tampoco lo fue para las de los presidentes del PRI y del PAN. Las instituciones se han negado a reconocer en las alertas de género y otras herramientas para abatir los feminicidios, y han optado mucho por la simulación”, acusó.

El especialista insistió en que las alertas de género no han servido en los estados “porque no hay disposición real de cambiar las cosas y predomina la simulación, “y eso es uno de los grandes temas que tenemos para atacar”.

El director de la Redim explicó que los feminicidios en niñas y adolescentes es más grave porque eso muestra que en el país no se vela por el interés superior de la niñez y “porque no se está entendiendo que las niñas requieren protección especial, no sólo porque están en pleno desarrollo sino porque son niñas y no son objeto de propiedad familiar”.

ASESINATOS INVISIBILIZADOS.

El aumento de feminicidios en mujeres adolescentes es un tema que no se ha visibilizadado en el país, coincidieron Juan Martín Pérez y Luz María Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF).

Las cifras presentadas por la Redim son sólo los casos que las fiscalías estatales reconocieron y clasificaron como feminicidios de menores de edad, por lo que se estima que el número podría ser mucho mayor, pues diversas organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios ha denunciado en varias ocasiones que muchos homicidios dolosos de mujeres, adultas o menores de edad, no se les investiga como feminicidios.

“No se visiliza porque hay una noción adultocéntrica”, es decir cuando se habla de feminicidios se piensa en mujeres adultas, explicó el titular de Redim.

Luz María Estrada, directora del OCNF, expuso que no se ha puesto atención clara en la clasificación de los feminicidios de niñas por lo que no hay una ruta que muestre el problema en su verdadera dimensión. Ejemplificó que en muchos feminicidios de niñas o adolescentes han sido catalogados como “parricidios”, porque son los padres los perpetradores; sin embargo, se trata también de feminicidios de menores, explicó.

“Todavía estamos ante una resistencia del Estado por acreditar el feminicidio”, denunció la experta. Estrada enfatizó que es preocupante que cada vez es más recurrente ver casos de niñas que desaparecen y son halladas asesinadas. En muchos de estos casos, manifestó tienen el común denominador que sus perpetradores son gente que las conocía, las había visto o ya las tenía ubicadas.

La especialista sostuvo que es necesaria una adecuada clasificación e información certera de los casos para ver patrones y también para determinar estrategias o políticas que puedan abatir esas conductas violentas. “Por eso requerimos datos muy claros de cuántas niñas [son víctima de feminicidios]”, expuso.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió el año anterior una serie de recomendaciones al Estado mexicano donde lo llama a tomar “medidas urgentes” para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de niñas y mujeres en el país.

En un informe emitido el 20 de julio pasado, la Convención alertó que persisten “los patrones de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas” en todo el territorio nacional, que incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el feminicidio.

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