El juez Décimo de Distrito del Estado
de México concedió el amparo promovido por el despacho de Investigación y
Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y pobladores de
Jilotzingo, Estado de México, en contra de las autorizaciones que permitieron
la construcción del proyecto inmobiliario “Bosque Diamante”, por lo que ordenó
la suspensión de la tala de más de 180 mil árboles.
Según una
investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), uno de los últimos movimientos políticos
del ahora senador priista Eruviel Ávila, previo a concluir su periodo como
gobernador del Estado de México en 2017, fue la autorización de una serie de
permisos fast track sobre 326 hectáreas del municipio de Jolotzingo para la
construcción de 20 mil viviendas del proyecto bautizado como “Bosque Diamante”.
Esta zona del Edomex está compuesta por áreas naturales protegidas. Actualmente
este municipio cuenta con alrededor de 17 mil 970 habitantes; mientras que el
desarrollo busca albergar 80 mil personas, lo que aumentaría la densidad
poblacional del municipio en un 480%.
La herramienta legal fue promovida en
contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, PROBOSQUE
y el Presidente Municipal de Jilotzingo, quienes autorizaron la manifestación
de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo y densidad, así como la tala de
árboles en el predio.
De acuerdo
con MCC, los accionistas mayoritarios
son los hermanos Ricardo y Francisco Javier Funtanet Mange, empresarios
inmobiliarios del Estado de México y cercanos a políticos del grupo
Atlacomulco. Tan sólo Francisco Javier
fue secretario de Desarrollo Económico en la administración del exgobernador
Arturo Montiel y diputado local durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto.
Si quieres formar parte de la petición para detener la tala de esta zona podrás firmarla aquí.
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