Un juez federal pospuso para abril la
resolución sobre la demanda de amparo que la Fiscalía General de la República
(FGR) promueve en contra de una orden que le dio el Instituto Nacional de
Acceso a la Información (INAI), de dar a conocer datos e identidades de
funcionarios y exfuncionarios de Pemex investigados en el caso Odebrecht.
La audiencia donde se abordaría la
fase final de esta demanda estaba programada originalmente para el 18 de
febrero pasado, pero el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con
sede en Ciudad de México, determinó diferir la misma para el próximo 2 de
abril.
De acuerdo
con autoridades del INAI, la decisión
obedece a que el juez federal consideró que la FGR debe tener el tiempo legal
suficiente para revisar el informe presentado por el Instituto.
En tanto se resuelve la demanda de
amparo, la Fiscalía General cuenta con una suspensión definitiva concedida por
el juez, el pasado 22 de enero, para no abrir el caso. Dicha suspensión impide
además a los comisionados del INAI que continúen exigiendo a la Fiscalía que se
transparenten datos del caso Odebrecht.
En contra de esa suspensión
definitiva el INAI promovió por su cuenta un recurso de queja, que será
analizado por un Tribunal Colegiado.
El inicio de esta disputa legal se
remonta a octubre pasado, cuando el pleno del Instituto resolvió, en el recurso
de revisión 4436/2018, que por ser un tema de interés general ante un hecho de
posible corrupción, la entonces Procuraduría General de la República (PGR)
tenía que elaborar una versión pública de la carpeta de investigación del caso
Odebrecht.
En dicho caso se investiga la
presunta complicidad de directivos y funcionarios de Petróleos Mexicanos, en
pagos de sobornos a cambio de facilitar concesiones de varios contratos a la
constructora brasileña Odebrecht y a sus filiales.
Posteriormente,
en diciembre, el pleno del INAI concluyó
– al revisar otro recurso de revisión promovido por Animal Político – que la
Fiscalía tenía que dar a conocer la identidad y nombre de personas bajo
investigación por este caso.
Pero nada de lo anterior ha ocurrido
porque la agente del Ministerio Público Federal adscrita a la PGR (hoy Fiscalía
General), Joselyn Montserrat Fonseca Oregón, responsable de la carpeta de
investigación, promovió una demanda de amparo para no dar a conocer datos sobre
las investigaciones.
Inicialmente
la demanda fue desechada, pero la fiscal
promovió un recurso de queja y un tribunal ordenó su reactivación. En diciembre
y enero, ya en el actual sexenio, la Fiscalía ha continuado litigando en contra
de las instrucciones del INAI, y en enero obtuvieron del juez la suspensión
definitiva.
No es todo. La Fiscalía también promovió un juicio de
nulidad en contra de una sanción económica que el INAI impuso, el 14 de
noviembre del año pasado, a la agente del MP Fonseca Oregón, por no cumplir con
las resoluciones tomadas por el pleno y dar a conocer la información del caso.
El pasado 5 de febrero, la Novena
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
concedió a la funcionaria una suspensión definitiva, en contra de dicha sanción
económica.
LOZOYA
TAMBIÉN BUSCA AMPARO.
El
exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio
Lozoya Austin, también promueve desde octubre pasado una demanda de amparo en
contra de la resolución de INAI, de dar a conocer datos sobre los funcionarios
investigados del caso. Se trata del juicio de amparo 1336/2018, radicado en el
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.
Emilio
Lozoya es uno de los exfuncionarios
investigados por este caso. En un comunicado emitido el 14 de febrero pasado,
la Fiscalía reiteró que el 17 de agosto de 2017 recabó su declaración
ministerial en calidad de imputado.
De acuerdo
con datos del Conejo de la Judicatura, Lozoya
advierte en su demanda que a pesar de que la resolución del INAI de abrir datos
del expediente podría afectarlo a él como tercer interesado, no fue convocado
ni tomado en cuenta por el procedimiento, lo que considera una violación de sus
derechos. Además advierte que sus datos personales podrían estar en riesgo.
En esta demanda el juez concedió a
Lozoya una suspensión para efectos de que no se dé a conocer información
relativa ni a él a su familia, ni datos sensibles de las carpetas de
investigación
FED/SEIDFICG/CDMX/0000117/2017 y FED/FEPADE/UNA/CDMX/1139/2017.
En tanto, la audiencia constitucional para definir
si se le concede o no el amparo que busca se ha diferido en cuatro ocasiones
ya. La última fecha estaba programada para el día de hoy, pero la misma ha
vuelto a posponerse, sin que se haya fijado una nueva fecha aún para la misma.
Cabe señalar que el INAI también ha
promovido en este caso recursos de queja, en contra de la suspensión que obtuvo
Lozoya, y aún están por resolverse.
Batalla por
la transparencia.
De acuerdo con datos del INAI, del
2017 a la fecha el pleno ha resuelto al menos seis recursos de revisión en los
que ha ordenado que se den a conocer datos relacionados con la investigación
del caso Odebrecht.
Cuatro de esas resoluciones han sido
dirigidas a la PGR (hoy FGR): la RRA 7889/17 del 23 de enero de 2018; la RRA
4438/18 del 2 de octubre de 2018; la RRA 6994/18 del 13 de diciembre de 2018; y
la RRA 6942/18 del 17 de diciembre de 2018. Se le ha ordenado desde dar a
conocer la cantidad de funcionarios investigados y su identidad, hasta proporcionar
copias de sus declaraciones y elaborar una versión pública del expediente.
El criterio que ha prevalecido en el
pleno es que si bien las averiguaciones y carpetas de investigación son
información reservada por regla general, al tratarse de un caso de corrupción
que afecta a la sociedad en su conjunto, al involucrar recursos públicos, como
presuntamente es este asunto, se debe privilegiar el interés general por
conocer del caso encima del interés particular de los involucrados.
Pese a
dichas resoluciones la Fiscalía ha
mantenido la mayor parte de los datos de la investigación bajo reserva, y les
impuso una clasificación de confidencialidad por al menos 5 años. Este medio
publicó el pasado 7 de febrero que la Fiscalía, al igual que lo hacía la PGR,
expone múltiples motivos para no dar a conocer los datos, entre ellos que
podría caerse en una violación del debido proceso, que se pondría en riesgo el
éxito de la indagatoria, y que se afectaría el nombre de personas cuya
responsabilidad aún no está comprobada, entre otros.
El 14 de febrero la Fiscalía emitió
además un comunicado en el que reiteró que por disposiciones del Código
Nacional de Procedimientos Penales no puede dar a conocer los datos de una
investigación pues son reservados.
Además de
las 4 resoluciones ya mencionadas, el INAI ha tomado otras dos relacionadas con
el caso. El 31 de mayo de 2017 resolvió el recurso RRA 1227/17, donde determinó
que Petróleos Mexicanos debería dar a conocer versiones públicas de los
contratos que concedió a Odebrecht, así como de sus convenios y anexos.
Y el 23 de marzo de 2017 también
había instruido al sindicato de Pemex para que diera a conocer, de forma
similar, la información con la que contara.
Cabe señalar
que en su momento Pemex ya dio a conocer
versiones públicas de cuatro contratos en su sitio de internet. Animal Político
publicó que en al menos en una de estas cuatro contrataciones participó un
funcionario que hoy es responsable del proyecto de la nueva refinería impulsada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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