Por Arnoldo
Cuellar.
Cuando se llegue a las próximas
elecciones intermedias, el PRI de Guanajuato estará cumpliendo treinta años
fuera del poder y tres de haber descendido a un auténtico partido de la
chiquillada. Hay quienes dicen, sin embargo, que las formas priistas no han
muerto y gozan de cabal salud en gobiernos como el panista de Guanajuato y el
de Morena a nivel federal.
Sin embargo,
más allá de ese triunfo cultural, que
también podría ser heredado del porfirismo o de la vocación mexicana por el
caudillismo, lo cierto es que el PRI de Guanajuato, y quizá el del país entero,
está en vías de extinción no por otras causas que las de su propia
responsabilidad.
Por lo pronto en la entidad, los
capitostes que podrían reclamarse como jefes políticos del priismo en
desbandada, están literalmente en fuga.
El último candidato a Gobernador, que
se hundió como peso muerto en la campaña electoral de 2018, está señalado como
uno de los grandes beneficiarios del fraude con recursos públicos destinados a
“fundaciones” presuntamente sociales pero manejadas y expoliadas con fines no
sólo políticos, sino de abierta corrupción.
Gerardo
Sánchez, de acuerdo con investigaciones
publicadas desde hace más tres años, había desviado cerca de 90 millones de
pesos a través de la Fundación Organizados para Servir, presuntamente para
realizar proyectos sociales y culturales de los cuales existía una deficiente o
nula comprobación.
Más cerca ya de construir su
candidatura a Gobernador, el entonces Senador guanajuatense que encabezaba la
Comisión de Cultura de a Cámara Alta, creo una nueva fundación, Juan José de
los Reyes Martínez “El Pípila”, para proyectos culturales, donde siguió el
mismo patrón. Hoy tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
por otros 10 millones de pesos.
En el
transcurso de esos años, Sánchez hizo
crecer su patrimonio con inmuebles en su natal Salvatierra, en Querétaro, San
Miguel de Allende y en Guanajuato capital, donde adquirió una finca catalogada
en plena Plaza de la Paz, en la planeaba hacer un hotel.
Es evidente que ni los sueldos de
Senador y de líder cenecista juntos podrían amparar un enriquecimiento así. El
mal manejo de los fondos públicos a través de asociaciones civiles espurias ha
sido uno de los blancos del nuevo Gobierno morenista y en casos como el de
Sánchez es evidente que la sospecha no sólo da en la diana, sino que se queda
corta.
Sin embargo, el ex candidato a Gobernador priista
sigue manejando los restos del naufragio de su partido y está convertido en un
obstáculo enorme para que pueda pensarse siquiera en un reinicio, así sea desde
cero.
Enfrente, de regreso ya en Guanajuato, está otro
protagonista del éxito en que se convirtió ser parte de un partido de derrotas
seguras. A la llegada de la 4T, Francisco Arroyo Vieyra debió dejar el muelle
exilio político al que se sometió como Embajador de México en Uruguay, para
regresar a Guanajuato y dedicarse a la administración del extenso patrimonio
inmobiliario que acumuló a lo largo de 24 años de legislador, alternadamente
local, federal y una curul senatorial.
La adquisición de fincas palaciegas a
lo largo y ancho de Guanajuato tampoco podría explicarse con las dietas
completas de esos cuatro sexenios, a menos que no hubiera gastado en nada más,
lo que no era el caso. Mucho menos podría explicarse la cuenta bancaria de un
millón doscientos mil dólares que le fue descubierta en Andorra, un santuario
del blanqueo de capitales, por una investigación del periódico El País.
Por cierto el entonces embajador refutó al País en un
artículo casi telegráfico en la revista El Mundo del Abogado, lo que constituye
una réplica por lo menos peculiar, al responder en una revista ultra
especializada y de bajo tiraje a un acreditado diario de presencia global.
Las cosas no quedan ahí, sin embargo.
Arroyo ha mantenido un alto perfil en la política municipal en Guanajuato,
colocando alfiles en administraciones de distinto signo, usufructuando espacios
como el sistema de agua municipal, donde colocó un titular de consejo sin el
menor perfil para el cargo; y ahora la dirección de turismo y economía del
actual Gobierno panista, además de colocar síndicos y regidores a través de
diversos partidos.
Así manejó al Gobierno del priista
Edgar Castro Cerrillo, que concluyó en un auténtico desastre; y así está
conduciendo al Gobierno del panista Alejandro Navarro, que tampoco levanta
cabeza.
Pero Arroyo no se contenta con la
influencia política, sino que también ha logrado dividendos al conseguir que
las dos administraciones municipales le arrienden algunas de las casonas que
incorporó a su patrimonio en estos años.
De 2014 a la
fecha, el ex legislador y hoy ex
Embajador ha obtenido la nada despreciable cantidad de 3.7 millones de pesos
por concepto del arrendamiento de las casas ubicadas en Alonso 18 y Alonso 20,
las cuales son empleadas para oficinas municipales. Esos contratos han sido
refrendados por el nuevo Gobierno del PAN.
Así como están ocupados estos
próceres del priismo, en temas tan materiales como administrar sus caudales y
sus inmuebles, además de defenderse de los embates de la Cuarta Transformación
con su moralina y su austeridad, se ve difícil que lo que queda del priismo
pueda encontrar en ellos inspiración para despegar con nuevos aires.
Pese a ello,
muchos priistas, incapacitados para
desprenderse de sus cadenas mentales, siguen viendo a los Sánchez y los Arroyos
como venerables personajes cuya opinión debe ser tomada en cuenta. Por eso no
hay quien les arriende las ganancias.
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