Pemex y Banobras realizaron convenios
con el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con vigencia de cinco y dos
años respectivamente, lo que les permitió entregar recursos públicos durante
varios ejercicios fiscales sin cumplir con los servicios contratados, lo que
forma parte del esquema conocido como La Estafa Maestra.
Pemex
Producción y Exploración firmó un
convenio multianual con el Instituto Tecnológico Superior de Centla en 2012 y
con vigencia hasta 2017, mediante el cual entregó 12 millones de pesos para
“establecer las bases de cooperación” para servicios como “acreditación
ambiental”, aunque la institución no tenía capacidad ni física ni técnica para
cumplir con algún servicio.
En tanto, el
Banco Nacional de Obras (Banobras) hizo
otro convenio también con el Instituto en 2016 con vigencia hasta 2018. Gracias
a eso, sólo en 2017, Banobras entregó casi un millón de pesos para “la
elaboración de diagnósticos y/o estudios y/o proyectos ejecutivos”, aunque
entre las empresas subcontratadas está una dedicada al diseño gráfico.
Así lo demostró la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) en el Tercer Informe de Cuenta Pública 2017, en la
auditoría forense 17-4-99371-12-1610-2018 realizada al Instituto Tecnológico
Superior de Centla, y en la cual revisó los convenios que la institución hizo
con dependencias federales.
Aunque el Instituto recibió millones
de pesos, sólo tiene una matrícula de poco más de mil estudiantes y ofrece ocho
ingenierías, con 65 profesores y 67 trabajadores de apoyo a la educación. Pese
a que la institución educativa afirmó tener capacidad para cumplir con los
servicios a Pemex y Banobras, no lo hizo, pues subcontrató empresas a las que
entregó más de 90% de los recursos federales que recibió a través de los convenios.
Pemex y
Banobras fueron dos de los organismos de
la administración federal que estuvieron involucrados en La Estafa Maestra
entre 2013 y 2014, con la firma de 36 y 3 convenios, respectivamente, con
diferentes universidades públicas y cuyos recursos terminaron en empresas
irregulares o fantasma.
Repiten La
Estafa Maestra.
Pemex
Producción y Exploración firmó un convenio con el Instituto Tecnológico
Superior de Centla el 9 de noviembre de 2012 con vigencia hasta el 8 de
noviembre de 2017. Esto permitió que
durante esos cinco años la empresa y la institución firmaran más convenios
específicos para diferentes servicios.
Uno de ellos se firmó el 18 de
febrero de 2014 para el “servicio de acreditación ambiental y seguimiento del
cumplimiento a términos y condicionantes del Proyecto Macuspana y actividades
petroleras en PEP”, por lo que entre 2016 y 2017, la empresa productiva entregó
12 millones 773 mil pesos a la institución, según las facturas revisadas por la
Auditoría.
El
Instituto, a su vez, transfirió 11
millones 119 mil pesos a la empresa Valencia Consultores Ambientales, S.A. de
C.V., que según su acta constitutiva es propiedad de José Luis Valencia
Jiménez, Jesús Miguel Valencia Jiménez, Martha Izquierdo Vidal y Mario Humberto
Valencia Jiménez.
La empresa que fue constituida en
2005 y tiene como objeto dar consultoría en ingeniería ambiental, hacer
estudios de impacto ambiental, entre otros, no tenía historial de contratación
con el gobierno, pues de acuerdo con información de Compranet, la empresa sólo
consiguió un contrato con el gobierno de Tabasco 2015 para un curso de
evaluación de riesgo ambiental, por el cual ganó 51 mil pesos.
Al revisar
la comprobación de los servicios, la
Auditoría detectó que “no ejecutaron y supervisaron de manera eficiente el
estricto cumplimiento del Convenio”, por lo que las irregularidades “pueden
constituir responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex
Exploración y Producción”, por lo que incluso, la Auditoría informó de esto al
Órgano Interno de Control de Pemex para que realice las investigaciones
correspondientes y finque las responsabilidades.
En 2017 Banobras, dirigido entonces por Alfredo
Vara Alonso, aseguró mediante una comunicación dirigida a Animal Político como
parte de la respuesta a la investigación La Estafa Maestra que en ese año no se
firmaron convenios con universidades.
Si bien eso
fue cierto, la auditoría revela ahora
que en ese año se siguieron erogando recursos públicos para pagar los acuerdos
previos, aun cuando no hubo evidencia de la realización de los servicios
solicitados.
“En el presente ejercicio fiscal
(2017) no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior.
Banobras es una institución comprometida con el uso eficiente y transparencia
de los recursos públicos”, respondió el equipo de comunicación social previo a la publicación de la
investigación periodística ese año.
Sin embargo,
la Auditoría detectó que el Banco
Nacional de Obras entregó 910 mil pesos al Instituto de educación para el
convenio “Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de Recursos del Banco
de Proyectos Municipales (BPM)” firmado en 2016.
El Instituto, a su vez entregó 60%
del dinero a siete municipios de Michoacán porque así lo solicitó Banobras. Al
verificar las pruebas de los servicios, la Auditoría detectó que tenían
inconsistencias, por ejemplo “en el entregable del municipio de Zacapu, en los
apartados de “comunicaciones y transportes”; “problemática identificada”;
“vialidades secundarias” y “vialidades terciarias”, se repitieron los primeros
dos párrafos, también las imágenes contempladas en los apartados que lo
conforman se duplicaron en el anexo de memoria fotográfica”.
Además, en lo referente a “espacios
públicos, cinco fuentes bibliográficas referidas no se localizaron y tres de
las fuentes no se vinculan con el concepto de espacios públicos”.
El Instituto
además, subcontrató a las empresas
Pecosen Solutions, S. A. de C. V. y Grupo Optimun Treatment, S. A. de C. V. por
334 mil pesos. Sin embargo, la primera se dedica a “servicios de diseño
gráfico, agencia de publicidad y fabricación de anuncios publicitarios”,
actividades que “no corresponden a los servicios contratados por el Instituto,
ya que estos se refieren a servicios de logística”, advierte la Auditoría.
La segunda empresa se dedica al
“comercio al por mayor de productos farmacéuticos, comercio al por mayor de
ropa”, lo cual tampoco corresponde a los supuesto servicios contratados por la
institución educativa, que se refieren al arrendamiento de equipo de cómputo y
transporte.
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