¿Una procuraduría energética?

Atzayaelh Torres.

La idea de una procuraduría energética se está gestando en el Poder Legislativo para defender a empresas pequeñas y nacionales, de abusos de grandes consorcios transnacionales tanto eléctricos como de hidrocarburos.

La idea resulta interesante si se toma en cuenta la serie de litigios que hay en cualquier proyecto que tomemos como ejemplo, mismos que derivan incluso en querellas personales, y en las cuales nadie sale a dar la cara alegando que son conflictos entre particulares, lo que retrasa las obras, genera sobrecostos y al final deriva en problemas de imagen que generan incertidumbre.

Cierto es que hoy se contemplan mecanismos de mediación bajo la ley comercial, pero que al no ser especializados, dejan al descubierto un área de oportunidad en una versión 2.0 del andamiaje legal de esta industria, hoy pilar del futuro económico del país (para bien o para mal) y P-R-I-O-R-I-D-A-D del gobierno en turno, con todo lo que eso conlleve.

Ahí cabrían, por ejemplo, los siete gasoductos pendientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que por problemas sociales, y de otras índoles, no se han podido concretar. Una dependencia de este tipo empujaría, dicen sus pensadores, la construcción de los mismos; también pozos petroleros que han sido abandonados por problemas igual de 'sociales'.

Otro ejemplo sería el caso de Codisa Corp. Energy, que he dado seguimiento en este espacio, y quienes por cierto, ya presentaron una denuncia ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la omisión de supervisión de los proyectos por parte de uno de sus permisionarios, que como exhibí en entregas anteriores, contrataron a la española Prodiel-Novamper quien dejó pendientes por aclarar en el parque solar más grande del continente, ubicado en Coahuila.

De hecho, facultades de esta 'procu' podrían estar inspiradas en la que hoy tienen los órganos reguladores del sector, pues de acuerdo con el artículo 22, fracción XVII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la CRE podría actuar "si lo considera conveniente” como mediador o árbitro en la solución de controversias respecto a actividades reguladas, sin mencionar que esa misma ley le permite llamar a comparecer y ser investigados a los regulados y sus actividades.

Así, y de acuerdo con el documento con el folio 03532 sellado por la Oficialía de Parte de la CRE el 25 de febrero, Codisa solicita al Consejo de Coordinación del Sector Energético (una figura creada en la LORCME que la integran reguladores, Hacienda y la preside Sener) que revise el proyecto que hoy opera ya para la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato emanado de la primera subasta eléctrica de largo plazo del Mercado Eléctrico Mayorista, que organiza el Centro Nacional de Control de Energía, “la Cenace”, como dijeron los futuros comisionados de la CRE en el Senado de la República.

La última acta que se publicó de dicho Consejo fue de abril de 2018, la siguiente debió ser en agosto y una más en diciembre, sin embargo, no fue así. El Consejo no opera, y dentro de sus atribuciones podría revisar ese y muchos otros casos. ¿Lo hará? Primero que sesionen.

También cabrían en esa procuraduría otros casos como los proveedores (de todos tipos y niveles) de Pemex que en lo que va de este año no han podido cobrar, ante una evidente falta de flow cash (como expresaron en Nueva York sus directivos), y que amenazan con hundir a quien no tenga la infraestructura y soporte financiero para hacer frente a este impasse.

Una procuraduría energética, dicen otros como Ombudsman Energía México, no son necesarios, pues hoy existen mecanismos de mediación de los que se puede echar mano, sin mencionar que sería un mensaje negativo para los inversionistas extranjeros, pues existirá el riesgo de que el Estado, como hemos visto, utilice su estructura para tener la razón.

En fin, el proyecto aún está muy verde, ni siquiera podríamos decir que en pañales, pero el contexto energético que vivimos exige que se le ponga la debida atención.