Dolores
Padierna.
Para nadie es sorpresa que las
revisiones llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a
la cuenta pública del ejercicio 2017, muestren irregularidades en el ejercicio
del gasto en prácticamente todas las dependencias y órdenes de gobierno.
Igualmente, no resulta sorpresivo que se hayan detectado ineficiencias en la
operación de diversos programas.
Preocupa que en los resultados de
2017 no se registren avances significativos respecto de años anteriores.
El punto de partida no es nada bueno,
pues México ha empeorado si tomamos referencias como el Índice de Percepción de
Corrupción en el Sector Público, de Transparencia Internacional. En 2006,
nuestro país obtuvo una calificación reprobatoria de 3.3 sobre 10 (y el lugar
70 de 163 países evaluados). En 2012 mostró una mejoría marginal, con una
calificación de 3.4 (lugar 105 de 174 países). Para 2018, Enrique Peña Nieto
heredó una calificación de 2.8 y México descendió al sitio 138 entre 180
naciones.
La Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (del INEGI) reveló, en 2013, que casi la mitad de la población (48.5 por ciento)
consideraba que la corrupción era uno de los principales problemas sociales.
Esa cifra, para 2017, era de 56.7 por ciento.
Según el
subíndice de instituciones que utiliza el Foro Económico Mundial para construir
el Índice de Competitividad Global,
México obtiene malas calificaciones en rubros como la eficiencia del gasto
gubernamental, pagos irregulares y sobornos, transparencia de las políticas
públicas y confiabilidad de los servicios públicos.
Es un
contrasentido que la muy destacada y
profesional labor de la ASF no se haya traducido hasta ahora en una disminución
sensible de la corrupción ni en un mejoramiento sustantivo de la calidad del
gobierno.
Otra cara de este problema es que si
bien las auditorías identifican montos probables de recuperación, sea poco lo
que se logre. En 2016, por ejemplo, se identificó un monto probable de 86 mil
994 millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 10 mil 687 millones
(12.3 por ciento).
Los informes de la ASF revelan
anomalías recurrentes en la obra pública (Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México en Texcoco, Tren Interurbano México-Toluca, obras de Pemex y la CFE). En
todos estos casos se detectaron deficiencias en la evaluación de la
factibilidad de los proyectos, la contratación de obras y su ejecución,
sobrecostos y diferencias entre lo presupuestado y lo ejercido.
Estas irregularidades han sido
reportadas por la ASF durante años, pero no se han aplicado sanciones ni se han
mejorado los procesos.
Destaca también el caso conocido como
“la estafa maestra”, detectado al menos desde 2015. Como se sabe, diversas
entidades públicas (Sedesol, Sedatu, Diconsa, entre otras) adjudicaban
directamente contratos a otras instituciones públicas sin cumplir los
requisitos de ley; tales instituciones subcontrataban a empresas privadas, en
muchos casos inexistentes o que nunca realizaron los trabajos subcontratados.
El destino final de los recursos se desconoce.
Este mecanismo se siguió utilizando
hasta 2017, sin que se conocieran investigaciones de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) o la Procuraduría General de la República (PGR).
Otra de las funciones vitales de la
ASF es evaluar el desempeño de los programas gubernamentales. En este rubro
destaca, del informe oficial, que la reforma energética no ha dado los
resultados previstos, tanto porque fue mal diseñada como por el hecho de que
existen deficiencias en su implementación.
Las debilidades de la función de
auditoría fueron reconocidas cuando se diseñó el Sistema Nacional
Anticorrupción y, entre otras medidas, se dotó a la ASF de mayores facultades
de investigación y sanción. Sin embargo, las nuevas atribuciones de la ASF no
han dado suficientes resultados concretos, por lo que es muy importante
acelerar la implementación del Sistema y que la ASF asuma cabalmente sus
responsabilidades.
El seguimiento puntual de las
recomendaciones de la ASF es vital para terminar con el ciclo de informes
seguidos de indagaciones periodísticas que se diluyen con el tiempo. Una vía es
que las instituciones responsables, así como las auditadas, deben presentar, en
esa ruta, informes periódicos a la Cámara de Diputados sobre las indagaciones
derivadas de las auditorías.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.